Os envio esta noticia que he leido en el periodico EL MUNDO, que ha salido apenas hace 6 dias... por si muchos de vosotros os interesa leerla:
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La OCU recuerda que la ley impide a los centros con financiación pública cobrar por la enseñanza obligatoria, por lo que su gratuidad debería estar garantizada para todos los alumnos. También para los que, haciendo uso de su libertad de elección, eligen un colegio concertado.
"El hecho de que en el 91% de los colegios concertados visitados por la OCU hubiera que pagar alguna cuota demuestra que la gratuidad está lejos de ser una realidad. Ante esta situación la OCU exige total transparencia en la información de los precios en los colegios concertados. La obligación de comunicar a la Administración las tarifas que aplican es insuficiente".
En esta línea, los pagos en los colegios públicos "son testimoniales y referidos normalmente al pago pequeños importes por material", conforme explica el estudio publicado en la revista OCU Compra Maestra del mes de septiembre.
"Ante esta situación la OCU exige total transparencia .
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La LOE establece que los centros que se sostienen con fondos públicos no pueden obligar a las familias a abonar este tipo de cuotas. El artículo 88 versa sobre las "garantías de gratuidad" y señala que, para evitar la discriminación por motivos "socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos". La norma deja fuera de la prohibición "las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario".
Las patronales en las que se agrupan los concertados insisten en que la ley no impide el cobro de cantidades siempre que sean voluntarias. Además, dicen, no se puede impedir que las familias colaboren económicamente con los centros a través de las asociaciones de padres de alumnos. Y reclaman que la Administración aumente el dinero que destina por cada alumno para que no tengan que recurrir al sistema de cuotas.
Es el caso de la patronal CECE, que agrupa a algunos de los concertados de la comunidad. Esta asociación ha propuesto recientemente llevar la idea de la factura en la sombra al sistema educativo para que las familias conozcan lo que se paga por la enseñanza de sus hijos. Según Rafael Caamaño, dirigente en Andalucía de CECE, lo que se busca, entre otros asuntos, es poner de relieve la desigualdad que existe entre lo que la Administración invierte por alumno en los centros públicos y en los concertados, ambos sostenidos con fondos públicos. "La subvención que reciben los concertados debería cubrir el coste real", defiende Caamaño: "Ahora cubre solo entre el 65% y 70% del coste". La Consejería de Educación "no se ha planteado" aplicar la fórmula de factura en la sombra, algo que sí se hará en el sistema sanitario.
Por su parte, el sindicato UGT pidió ayer a la Consejería de Educación que vigile a los concertados que cobran a las familias estas cuotas no relacionadas con las actividades extraescolares o con los servicios de aula matinal o comedor. En declaraciones a Europa Press, el secretario de enseñanza privada de UGT en Andalucía, Francisco Beltrán, sostuvo que la Junta de Andalucía no persigue estas prácticas y por eso existen.