?El alcalde de Parla gasta 200.000 euros en pagos ilegales a los funcionarios 26 Abril 10 - P. Poveda/M. Palacio Compártelo: Los empleados del Ayuntamiento cobran más y tienen más días libres a pesar de que se vulnera la ley.
MADRID- Ser funcionario del Ayuntamiento de Parla es un chollo, y si no que se lo pregunten a Tomás Gómez. Justo antes de dejar la Alcaldía de la localidad, en octubre de 2008, el actual secretario general del PSOE de Madrid hizo un regalo en forma de convenio a los funcionarios del Consistorio que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para su sucesor en el cargo, José María Fraile (PSOE).
Y es que, a través del convenio, que fue firmado el 5 de septiembre de 2008, se concedió a los trabajadores públicos del Ayuntamiento más privilegios de los que permite la ley, como advirtió poco después la propia Delegación del Gobierno. Unas prebendas que, lejos de anularse, como exigió la entonces delegada Soledad Mestre, se siguen concediendo, tal y como queda reflejado en los presupuestos para este año, aprobados el pasado mes de marzo.
Ni la alta tasa de desempleo de Parla (la mayor de toda la Comunidad, un 37 por ciento), ni el endeudamiento del Ayuntamiento (50 millones, según indica Idealista.com), ni el requerimiento de Delegación del Gobierno, ni la denuncia del PP de la localidad en el Pleno en el que se aprobó el Presupuesto de 2010, han hecho anular los privilegios que cuestan a los parleños más de 200.000 euros cada año.
Protección y promoción social
Desde 2008, año en el que se aprobó el convenio (con vigencia hasta 2011), en Parla existe una partida presupuestaria justificada como «Actuaciones de protección y promoción social» con un apartado en el que se especifican «otras prestaciones a favor de empleados». Es aquí donde el Ayuntamiento del municipio sigue introduciendo un Fondo de Absentismo Laboral, dotado con 85.000 euros para premiar a los funcionarios que no faltan a su puesto de trabajo, 121.000 para gratificar las jubilaciones forzosas, además de otra partida de 200 euros y el reloj que se da a cada funcionario cuando cumple 25 años de antigüedad. Además de estos privilegios monetarios, los empleados públicos cuentan con otras concesiones, como una semana más de lo que marca la ley de permiso por paternidad; dos días por mudanza, en vez de uno; ocho días de «asuntos propios», en lugar de seis; un permiso de tres a cinco días por fallecimiento de familiares hasta segundo grado, cuando sólo está permitido para familiares de primer grado; o un día libre para asistir a bautizos, comuniones o congresos sindicales.
Sólo un mes después de que Tomás Gómez rubricara este chollo-convenio, la Delegación del Gobierno advirtió de la ilegalidad de varios de los artículos del «Acuerdo para el personal funcionario y el Convenio para el personal laboral». Así, con fecha de 27 de octubre de 2008, la representante de Zapatero en Madrid, Soledad Mestre, remitió al ejecutivo parleño un «requerimiento de anulación» para que el Ayuntamiento invalidara «determinados extremos de dicho acuerdo que vulneran el ordenamiento jurídico estatal por exceder de las competencias que en materia de personal vienen atribuidas a este ayuntamiento».
Y es que Mestre consideró que el reglamento contenía pagos extraordinarios que ya se remuneran a los funcionarios a través de los correspondientes trienios y complementos de productividad.
Sin embargo, el recién estrenado alcalde, José María Fraile, dejó a un lado la advertencia hasta que el 15 de enero de 2009 el concejal de Personal, Mariano Sánchez, presentó una moción en la que recuerda el requerimiento de la Delegación del Gobierno y advierte de la necesidad de eliminar del convenio laboral los privilegios denunciados por Mestre.
La moción fue aprobada, pero fue una modificación formal, ya que, en la práctica, según ha denunciado el PP local, las ventajas de los funcionarios se han seguido aplicando, así como los beneficios económicos ilegales reflejados en las cuentas anuales del Consistorio. Por todo lo anterior, el presidente del PP de Parla, Miguel Ángel López, en declaraciones a este periódico, exigió al actual alcalde y entonces concejal de Hacienda, José María Fraile, y a su responsable de Personal, Mariano Sánchez, «que devuelvan todo el dinero que se han gastado de los impuestos de los vecinos para pagar unos privilegios ilegales, como reconoció el PSOE en Junta de Gobierno, pero que este alcalde y su concejal del ramo siguen pagando a escondidas tras pasar literalmente de lo que les ordenaron sus propios compañeros de la
Delegación del Gobierno».
Otros casos en los tribunales
Asimismo, el líder de los populares parleños no descartó llevar este caso ante los tribunales de Justicia si el Gobierno local «se empeña en malgastar los impuestos de todos los vecinos para seguir pagando unos privilegios que son ilegales». En tal caso, no sería la primera vez que la Justicia condenara a un alcalde por una situación similar. El Tribunal de Cuentas condenó recientemente al ex primer edil de Boadilla del Monte (imputado en el «caso Gürtel»), Arturo González Panero, a devolver hasta 500.000 euros por conceder pagas ilegales a los funcionarios del Ayuntamiento.
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