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Tras el final de la fiesta del ladrillo, ahora toca pagar. Esta frase podría resumir la situación de muchos Ayuntamientos madrileños, que el pasado viernes se vieron obligados a presentar un plan de viabilidad que les exigirá numerosos recortes, tanto de gasto como de personal. El caso paradigmático en la región es Parla, un municipio de 122.000 habitantes con una deuda reconocida de 228 millones de euros con los proveedores, de 46 con los bancos y de 20 con la Comunidad; 294 millones de nada. Semejante agujero convierte al Ayuntamiento, gobernado por el socialista José María Fraile, en el cuarto más endeudado del país con los proveedores, solo por detrás de Madrid, (1.017 millones), Jerez (400) y Jaén (300). Cada parleño saldría a 1.800 euros por cabeza. La tasa de paro es del 26%.
La crudeza de los números llevó al Consistorio a presentar unilateralmente un plan de rescate —con el apoyo “crítico” de Izquierda Unida— con notables diferencias al del Gobierno de Mariano Rajoy, pensado a 10 años. Parla aprobó por su cuenta y riesgo doblar hasta los 20 años el plazo para afrontar su deuda con los proveedores. También incluyó por voluntad propia la deuda financiera, algo que el plan de viabilidad de La Moncloa no contempla. La primera teniente de alcalde del municipio, María José López Bandera, argumentó la decisión en el pleno extraordinario del viernes afirmando que un plan a 10 años supondría el colapso de Parla, pues tendrían que haber reducido un 60% los contratos de personal laboral temporal. También pondría en riesgo los servicios públicos y obligaría al equipo del Gobierno a triplicar los impuestos que pagan los ciudadanos. En semejante desierto presupuestario, el Ayuntamiento trata de buscar ingresos hasta debajo de las piedras. O más bien, bajo los libros, ya que los vecinos podrían llegar a pagar hasta tres euros por consultar las bibliotecas.
¿Cómo se ha llegado a este punto de no retorno? Según Fraile, por asumir en una década un crecimiento que en otras ciudades se ha alargado durante décadas. “Y el Ayuntamiento ha pagado el coste solo”, explica el regidor, que fue el responsable de Hacienda con el secretario general del PSM, Tomás Gómez, como alcalde. Tanto Gómez como Fraile se aprovecharon del boom urbanístico para modernizar el municipio. Los presupuestos presentaban unos ingresos que permitían al Consistorio prescindir de la ayuda de la Comunidad, siempre en manos de sus antagonistas políticos, primero Alberto Ruiz-Gallardón y posteriormente Esperanza Aguirre. La población de Parla, la mayoría procedente de otros lugares de España, presentaba muchas carencias sociales. Y por eso, según el Ayuntamiento, se apostó por la solidaridad, tirando de recursos públicos. “La cohesión social se consigue con el gasto público”, sentencia Fraile, que rechaza que su Ayuntamiento haya sido el adalid de la privatización: “Los servicios son públicos aunque los presten empresas privadas”, se defiende.
Fue en el periodo de máximo esplendor del poder político de Gómez, que había sido el alcalde más votado de España con el 75% de los votos, cuando el Ayuntamiento de Parla acometió obras y actividades que entonces despertaban la admiración de otros municipios, pero que hoy son consideradas un despilfarro. Como comprar palmeras en Egipto, y tras secarse reponerlas con ejemplares de Elche (Alicante). O crear una brigada de policía local montada, a semejanza de la canadiense, con seis caballos que acabaron por venderse a la Guardia Civil. Sin olvidarse de la piscina de agua salada con arena de playa que gracias a un generador de olas integrado permite cerrar los ojos y transportarse a cualquier lugar de la costa. “No hay defensa posible para la gestión de los socialistas en todos estos años”, piensa Miguel Ángel López, portavoz del PP (11 concejales, como el PSOE). “La única salida que vemos en UPyD a este despropósito es la intervención del Ayuntamiento”, afirma su representante, Juan Carlos Machuca.
La principal iniciativa de los socialistas parleños fue la construcción del tranvía, una obra muy demandada por los nuevos barrios, especialmente por Parla Este. Las cifras conocidas recientemente ponen en duda el modo de financiarlo, que inicialmente tenía un coste de 90 millones, pero pronto se elevó a 130. Al final, el Ayuntamiento deberá pagar 253 millones de euros. El aumento lo justifica Fraile por el coste de los servicios financieros, es decir, por pagar la obra con un crédito. Algo que en 2004 no era un problema para Parla que se encontraba en pleno auge de la construcción. Solo del denominado PAU-5 el Ayuntamiento tenía previsto ingresar 700 millones, que no han llegado por la crisis.
Con los presupuestos municipales hinchados por la previsión del dinero proveniente del ladrillo, Parla afrontó en solitario la construcción de una infraestructura, el tranvía, que permitió que Gómez fuera conocido en toda España. Una popularidad que contribuyó a que el PSM, en un momento de crisis, apostara por Tomás Gómez, un joven político, que se ha afianzado como máximo líder del partido. “Parla tiene una deuda como tantos otros Ayuntamientos; el PP ha puesto su foco allí porque es donde he pasado buena parte de mi vida política”, dijo el viernes el secretario general socialista. Pero el tranvía ha terminado por suponer un quebradero de cabeza para el Consistorio, que ha reconocido que de los 221 millones de la deuda con los proveedores 51 son del tranvía. “La falta de control y coordinación en los gastos podrían suponer el 50% de la deuda total”, opina Antonio Sánchez, de IU (cuatro concejales).
El batacazo de la construcción hizo que de lo esperado solo se recaudara una mínima parte. Una cifra que fue disminuyendo de forma exponencial conforme pasaban los años y el crash se agudizaba. Por eso, el Ayuntamiento de Parla se ha visto obligado a prescindir de empleados. Sesenta fueron echados sin indemnización. Ahora las sentencias dicen que los despidos fueron improcedentes. Los magistrados indican que el modelo que tendría que haber elegido el Consistorio era el del expediente de regulación de empleo (ERE). Un triste fin de fiesta.