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25 de Noviembre de 2004
El Ayuntamiento interpondrá un recurso contra el decreto de la Comunidad de subida del módulo de la vivienda
El Alcalde de Parla, Tomás Gómez, anunció hoy que el Gobierno municipal interpondrá un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el decreto del Gobierno regional del pasado 15 de noviembre que impone una subida de un 25% en el módulo de la vivienda, “una medida desafortunada, que perjudica gravemente los intereses de los madrileños especialmente de aquellos que intentan acceder por primera vez a una vivienda”.
Esta medida se suma a otras con carácter más inmediato, tales como la solicitud de una reunión urgente con la presidenta regional y la puesta en marcha de un gabinete jurídico que asesore a todos aquellas personas que habiendo adquirido viviendas en el futuro desarrollo de Parla Este se puedan ver afectadas por esta decisión regional.
Según manifestó Gómez, “en Madrid, que es la comunidad autónoma donde el precio de la vivienda es más caro, no se puede entender una medida de estas características, que va a suponer una subida tanto para viviendas de protección como libres. Por tanto Madrid sin lugar a dudas será la comunidad donde la vivienda seguirá siendo más cara” y añadió que “Esperanza Aguirre ha hecho lo que hace el PP en todas las comunidades donde Gobierna que es fijar el precio del módulo a partir del tipo máximo y no del mínimo”.
El responsable municipal destacó que esta medida afectará notablemente al Consorcio Parla Este, donde tiene mayoría el Gobierno regional, en el que se van a desarrollar 11.300 viviendas, de las cuales 8.300 son de VPO.
“El decreto es absolutamente injusto para nuestros ciudadanos, para aquellas familias que han adquirido VPO en este nuevo barrio”, afirmó Gómez quien explicó que “estamos teniendo desde el Ayuntamiento contactos con todos los futuros vecinos y hay una parte que no va a estar afectada –en torno a 2000- porque gozan de calificación provisional de VPO previa al decreto, pero desde luego estamos teniendo contacto con 7.200 familias que, si bien habían solicitado la calificación de VPO, por negligencia del Gobierno regional no les había sido concedida a la fecha del decreto. Y esto les supondría un incremento en el pago de su hipoteca mensual de cerca del 30%”.
“Decimos que es una decisión injusta”, prosiguió el Alcalde, “porque los vecinos de este consorcio, como los de otras actuaciones en otros municipios de la comunidad, adquirieron su vivienda con anterioridad a este decreto, en unos terrenos que fueron vendidos por el Gobierno regional al precio del módulo antiguo, lo que supone que ese incremento del 25% revierte exclusivamente en las promotoras que desarrollen las VPO”.
Por todo ello, el Ayuntamiento ha decidido interponer un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el decreto regional, “un decreto en el que encontramos lagunas jurídicas y que estoy seguro que ganaremos”, subrayó Gómez.
El regidor parleño añadió que, por otra parte y mientras se produzca la resolución judicial, “hemos tomado otras medidas de mayor urgencia, por tranquilidad de ciudadanos y para que nadie tenga que abandonar la plaza solicitada en una cooperativa por carecer de recursos”.
En este sentido, se ha solicitado una reunión presidenta regional con carácter urgente, “para transmitirle la opinión del Ayuntamiento que es la de los 30.000 vecinos que va a tener Parla Este y que, no me cabe duda, es la de todos los vecinos del municipio”.
“Voy a exigir a la presidenta una disposición transitoria en ese decreto. Entendemos que falta esa disposición que tiene que contemplar que para todas aquellas viviendas de protección adquiridas sobre terrenos calificados como terrenos para VPO y adquiridos con fecha anterior al 15 de noviembre tienen que respetarse las condiciones económicas anteriores al nuevo módulo”, continuó el Alcalde.
Además, junto con los contactos que se seguirán manteniendo con todos los ciudadanos afectados, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los mismos un gabinete jurídico para asesorarles.
En definitiva, “hemos ofrecido todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestros recursos jurídicos y toda nuestra presión institucional a favor de esos futuros ciudadanos, a favor de la justicia y de la promoción de vivienda pública”, dijo Gómez quien manifestó: “Espero en que la presidenta nos reciba y escuche nuestras razones, que son jurídicamente de peso, y que en definitiva son beneficiosas para inmensa mayoría de ciudadanos”
“No vamos a permitir que un decreto suponga que haya familias que se queden sin vivienda”, concluyó Tomás Gómez. “No me puedo creer que la presidenta no vaya a tener la sensibilidad que merece un asunto de esta envergadura y que no reconozca el error gravísimo que ha cometido”.