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La subida de la VPO pone en la calle a adjudicatarios de la CAM
EL AUMENTO DE LOS PRECIOS DE ESTE TIPO DE CASAS OBLIGA A DESISTIR DE LA COMPRA A CIUDADANOS DE ALGUNOS MUNICIPIOS DE MADRID, YA QUE NO PUEDEN AFRONTAR LOS PAGOS
DIEGO CASADO
Con la subida de la VPO, R. López, de Parla, deberá pagar 109.500 euros, en lugar de los 87.700 iniciales./ KIKE PARA
El aumento de los costes para los módulos de VPO comienza a afectar a los compradores de vivienda protegida, algunos de los cuales se declaran «incapaces» para poder asumir los precios de sus nuevas casas, ubicadas en promociones que han obtenido su calificación provisional en las últimas dos semanas, y sobre las que ya se aplican los precios de los nuevos módulos.
La Comunidad de Madrid publicó el 15 de noviembre en el BOCAM un aumentó del 24,8% en el coeficiente máximo aplicable a las VPO de menos de 110 metros cuadrados, de 1,25 a 1,56. De esta manera, el Gobierno regional establecía un coeficiente único para todas las viviendas (sobre las mayores de 110 metros ya se aplicaba este tipo) y fijaba unos precios que, según la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, son «más realistas» para el mercado inmobiliario de la región y, a la vez, «asequibles» para los compradores.
A efectos prácticos, este aumento significa en muchos casos un incremento en los costes finales que los madrileños tienen que asumir a la hora de adquirir una vivienda protegida. Especialmente grave resulta el caso de los compradores que ya habían reservado la compra de una de ellas, pero que no habían obtenido su calificación provisional antes del 15 del mes pasado. Estos ahora se encuentran con que los costes que tenían previstos asumir se han disparado tras la subida de los módulos.
Atrapado
Uno de estos afectados es R. López, un joven que, en marzo de 2003, se comprometió a la compra de una vivienda de protección oficial en la zona de Parla Este. Con el incremento en el coste de los módulos aprobado por la CAM, el precio máximo de su vivienda -de 86 metros útiles- ha aumentado ya de 87.700 a 109.500 euros.
Con este precio final, el joven ha calculado que, en el momento de la firma del contrato de compraventa con la promotora, tendrá que pagar unos 13.000 euros, 6.000 más que con los anteriores precios. Además, se verá obligado a abonar 18 pagos de 390 euros cada uno, en lugar de los de 270 euros que había previsto.
En su caso, el desembolso que tendrá que hacer será mayor que el 25% de incremento en los módulos, puesto que López ha de solicitar -como la mayoría de compradores- una financiación bancaria para afrontar el pago de las letras. El joven tenía pensado pedir una hipoteca para un periodo de unos 20 años, durante los cuales pagaría un máximo de entre 420 y 480 euros mensuales. Ahora se ve obligado a hacer cálculos de nuevo y, como reconoce, «es muy posible que no me salgan las cuentas, por lo que tendré que desistir en la compra de la casa».
Además, el joven declara sentirse «atrapado» puesto que, si finalmente renuncia a la compra de la casa, perdería la señal de 4.000 euros que ya había adelantado en concepto de reserva, en marzo del pasado año, a la promotora que construye su casa.
El problema de R. López no es un caso aislado ya que, según el Ayuntamiento de Parla, muchos de los 7.200 vecinos de la localidad están en su misma situación. Por ello, el grupo del Gobierno municipal ha interpuesto esta misma semana un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra una subida de módulos que su alcalde, el socialista Tomás Gómez, califica de «injusta». Según el máximo mandatario, los terrenos para la construcción de estas viviendas fueron vendidos teniendo en cuenta el coste del antiguo módulo, por lo que ese incremento ha de repercutir «exclusivamente», dice, «en las promotoras que desarrollen las VPO», y no en los compradores.
Parla
Además, el Ayuntamiento de Parla ha puesto en marcha un gabinete jurídico para asesorar a todas las personas que, como R. López, se hayan visto afectadas por la subida en el precio final de sus viviendas.
Desde la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio se considera que el Ayuntamiento de Parla «es libre de recurrir lo que quiera», aunque defiende la subida en el precio de los módulos en las VPO.