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La ministra María Antonia Trujillo ha incluido buena parte de las exigencias de las comunidades autónomas en el futuro Plan de Vivienda 2005-2008, que mañana prevé aprobar el Gobierno. Según el último borrador del proyecto, el ministerio ha renunciado a la promesa electoral socialista de extender a toda la vida útil de la vivienda la calificación de protegida (VPO) y estos pisos podrán venderse finalmente en el mercado libre pasado un periodo mínimo de 30 años (ahora son 10). También prevé subir un 3% el precio de estas casas para impulsar la oferta. Además, se dará una mayor flexibilidad a las comunidades para poner en marcha los registros públicos de VPO, la medida estrella de Trujillo para combartir el fraude.
Trujillo buscaba el apoyo de las comunidades para sacar adelante el plan y, para obtenerlo, ha hecho concesiones de calado. Así consta en la última versión del borrador del real decreto del Plan de Vivienda, al que ha tenido acceso este periódico y que hoy se revisará en Madrid en una cumbre de consejeros autonómicos, que controlan buena parte de las competencias en esta materia. Con el plan, que se aprobará mañana en un Consejo de Ministros en Mérida, el Gobierno se compromete a facilitar cada año el acceso a una vivienda asequible a 180.000 familias que, por sus ingresos, no pueden acudir al mercado libre.
Vivienda entregó el primer borrador a comunidades, ayuntamientos y promotores inmobiliarios, entre otros, en mayo pasado. Éstos dispusieron de un par de semanas para realizar alegaciones, y hasta las comunidades socialistas mostraron fuertes reticencias. Una vez estudiados e incorporados los cambios, éstas son las principales propuestas de la ministra para impulsar la VPO, que sólo supone el 10% del total de pisos construidos.
- Precio básico al alza. El precio básico de la VPO sube un 3% (un 2% en el primer borrador) para aumentar la rentabilidad de estas viviendas. Así, el metro cuadrado útil pasa de 688 a 695 euros. Se trata de la eterna demanda de los promotores, que sostienen que no se construyen pisos protegidos porque el precio oficial de venta no compensa los gastos.
- Pisos para rentas medias. Se trata de una de las medidas más novedosas y, en la versión definitiva del borrador, se mantiene. El Gobierno crea un nuevo tipo de vivienda (de precio concertado) para familias de rentas medias que no pueden permitirse el lujo de comprar casa en el mercado libre, pero cuyos ingresos exceden el tope fijado para poder comprar un piso protegido. Estas nuevas casas podrán ser compradas o alquiladas por hogares que superen el tope de ingresos fijado ahora para la VPO (36.174 euros anuales) y que no excedan los 42.752 euros de renta familiar al año. Su precio oficial de venta será un 20% superior al de la VPO tradicional, pero inferior al del mercado libre.
- Periodo de prohibición. La propuesta inicial de Trujillo, en cumplimiento del programa del PSOE, establecía que ninguna VPO podría venderse jamás en el mercado libre con el objetivo de combartir el fraude. Ahora, en el borrador actualizado, la cosa cambia. Vivienda establece un periodo mínimo de 30 años durante los cuales las VPO permanecerán clasificadas como tal. Este plazo podrá ser ampliado por las comunidades, pero no reducido. Sin embargo, quedan exentas de esa prohibición las nuevas viviendas de precio concertado, ya que serán las comunidades las que decidirán de forma unilateral cuánto tiempo tiene que pasar para poder venderlas en el mercado libre.
Dentro del mercado regulado, las VPO se podrán vender, pero siempre a un precio tasado oficialmente y regulado por las comunidades autónomas. Una vez hayan pasado 10 años, excepto por motivos justificados (movilidad laboral, modificación del número de miembros de la familia).
- Registros. Vivienda quería que todas las comunidades crearan un registro de demandantes y ofertantes de VPO, otra de las promesas electorales del PSOE y propuesta que se incluyó en firme en el primer borrado del plan. Con este mecanismo sólo los miembros del registro podrían comprar y vender VPO. Ahora Trujillo flexibiliza esta figura, ya que la incluye en el plan, pero permite a la vez la posibilidad de que las comunidades negocien con el Gobierno "otros procedimientos", sin citar cuáles serán estos mecanismos de control.
Según fuentes cercanas a las negociaciones con las comunidades, la propuesta del registro (funciona en Aragón y Cataluña prevé crear uno) fue objeto de rechazo por parte de las comunidades: las del PP amenazaron con acudir al Tribunal Constitucional y algunas socialistas se opusieron.
Los registros pretenden combatir la especulación en torno a la VPO, dirigida a las familias de rentas más bajas, pero que en la práctica se ha convertido en un mercado de segunda mano en el que muchos de sus beneficiarios han logrado suculentas plusvalías vendiendo los pisos por encima del precio legal.