La Policía Nacional ha desmantelado en España una mafia criminal con base en Parla y Fuenlabrada responsable de una macroestafa internacional con más de mil víctimas ancianas de todo el mundo, a las que enviaron cartas comunicando supuestos cobros pendientes a cambio de pagos por adelantado con los que se beneficiaron los defraudadores.
La operación denominada Brooklyn se ha saldado con la detención de 61 personas en 24 registros en España (en las provincias de Madrid, Barcelona, Málaga y Santander) y otras 19 en Portugal y Reino Unido, donde la organización tenía ramificaciones, además de en Estados Unidos y México, informa la Dirección General de la Policía.
Se trata de un operativo conjunto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, en el que también han colaborado el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el Department of Homeland Security norteamericano, la Policía Judiciaria portuguesa y la National Crime Agency (NCA) británica.
El núcleo de la organización internacional se encontraba entre las localidades madrileñas de Parla y Fuenlabrada. Los detenidos pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El método de 'cartas nigerianas'
Esta organización utilizaba las 'cartas nigerianas' como modalidad de fraude, un método en el que la víctima está convencida de hacer pagos por adelantado a una persona o un grupo que no conoce.
En este caso, los investigados enviaban cartas que imprimían de forma masiva en una copistería de Fuenlabrada a mayores, principalmente residentes en Estados Unidos, en las que les comunicaban supuestos cobros pendientes como premios de lotería o herencias familiares no reclamadas.
Dichas cartas se imprimían de dos maneras, bien con el nombre y apellidos de las víctimas, o bien de manera generalizada, y después adquirirían las etiquetas individualizadas con los datos personales y dirección para colocarlas en los sobres.
Posteriormente se trasladaban a Portugal con enormes maletas (en turismos particulares o en autobuses públicos) para enviarlas de manera masiva, puesto que el coste del servicio era inferior al ofrecido por las empresas españolas.
Las víctimas, todas personas de edad y jubiladas, contactaban con el teléfono que figuraba en las cartas y la organización les realizaba un pequeño cuestionario para conocer su poder adquisitivo y convencerlas de que habían sido agraciadas.
Después, les informaban de que para poder reclamar el cobro debían abonar una cantidad inicial en concepto de tasas de impuestos burocráticos, llegando los afectados a desembolsar entre 1.000 y 30.000 euros.
Para ocultar estos beneficios ilícitos, la organización llevaba a cabo un sistema en el que las víctimas remitían dichos pagos mediante transferencia bancaria a otra víctima a la que la organización hacía creer que le entregaban el dinero para que pudiera completar su pago sin dificultades.
Con lo que esta segunda víctima podía reunir de extra, le pedían que remitiese el dinero en metálico a una tercera víctima, que era quien finalmente se lo hacía llegar a un miembro de la organización en España.
El dinero iba oculto en revistas o catálogos que fueron interceptados por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
Una vez tenían en su poder el dinero, lo enviaban a su país de origen a través de personas del entramado dedicadas a viajar, conocidas como "mulas", escondiéndolo en el equipaje o en tarjetas monedero.La investigación culminó en España con 24 registros en los municipios madrileños de Parla y Fuenlabrada, en la localidad malagueña de Benalmádena y en Santander, donde la Policía detuvo a 61 personas.
En total, se incautaron 30.000 euros, más de 500.000 dólares, 200 teléfonos móviles, ordenadores y vehículos.
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