En La Razón
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lleva años denunciando situaciones en las que las promotoras tratan de sacar mayor «rendimiento» a los desarrollos urbanísticos utilizando instrumentos de dudosa legalidad. Pero desde esta organización se reconoce que es la primera vez que se encuentran con un caso como éste, según aseguró Iliana Izverniceanu, portavoz de la OCU: «En el caso de que se confirme podemos estar no sólo ante un hecho que debe tener su correspondiente sanción administrativa, sino que además puede tratarse de un delito de coacción. Se está chantajeando a los afectados para que hagan una compra que obviamente no quieren hacer para que logren firmar el contrato de sus casas».
Ante esta situación desde la OCU se pide a las administraciones, tanto regionales como de ámbito nacional, que actúen de forma contundente.
Calculan que en los nuevos desarrollos urbanísticos en la mitad de los pisos de protección que se están construyendo los futuros vecinos se encuentran con estos problemas.