El asunto es que si esos tramos, que obviamente no son del mismo tipo de "metro" que el resto (de hecho, al día de hoy, nadie tiene del todo claro que tipo de transporte va a ser ese "metro ligero", ¿o sí?), se otorgan a una empresa privada, dejan de pertenecer a la gestión pública y pueden gestionarse como le venga en gana al dueño. En ningún momento se le ha garantizado a los usuarios que vaya a haber algún convenio, obligación o vinculación con el resto de la red de Metro. Los sindicatos, por lo pronto, ya están denunciando la maniobra de nuestra "querida" presidenta por el simple hecho de financiar con dinero público una obra como ésta y luego venderla directamente antes de que se ponga en funcionamiento y el encarecimiento que todo ello va a suponer. Si nos quedamos con los brazos cruzados, confiando ingenuamente en que todo va a ser legal y se van a respetar los derechos del ciudadano, luego nos encontraremos en la situación que estamos denunciando y no podrá hacerse nada, por lo que sería recomendable organizarse, protestar y exigir directamente que se aclare, de una forma vinculante, cómo va a ser el funcionamiento de esos tramos privados. Ah, y no todo el mundo utiliza abono transporte, así que no hay que perder de vista al usuario de metrobús o al que simplemente va a coger el metro una vez en su vida. El asunto es que todos pagamos los mismos impuestos y deberíamos tener los mismos derechos (y obligaciones) y, por lo pronto, la única forma que tenemos de ir al centro en transporte público es cogiendo un autobús (un billete) y luego el metro en Plaza Castilla o Mar de Cristal (otro billete) y a la vuelta lo mismo. Como no hagamos algo, eso será así siempre.