Contra corrupción, transparencia
PEDRO CASTRO 30/08/2010
Siempre he mantenido que el urbanismo es una de las palabras más hermosas del diccionario, porque es el instrumento que nos permite a los alcaldes ejecutar las grandes políticas para la ciudad.
Permite planificar el crecimiento ordenado y sostenible, utilizar el territorio de forma inteligente y humana para que las personas puedan desarrollar su vida de la manera más próxima a cómo la han soñado.
Es lo que permite crear espacios para la convivencia, para el ocio, para el arte y la cultura, para el trabajo y para el encuentro. Es lo que nos permite hacer escuelas, hospitales, centros sociales y lugares acogedores para ancianos o para niños. En definitiva, lo que hace que las ciudades sean acogedoras y habitables.
No puede haber por lo tanto una relación directa como a veces se quiere dar a entender entre urbanismo y corrupción. Lo niego rotundamente. Del mismo modo que no la puede haber entre otros ámbitos o actividades de la vida.
En España hay 8.115 municipios. En muchos de ellos se están desarrollando cotidianamente actividades urbanísticas, todas ellas encaminadas a los fines fijados y en beneficio de la colectividad.
Se están construyendo viviendas de promoción pública, parques, centros tecnológicos, espacios para el trabajo y para la vida.
El hecho de que aparezcan casos aislados en los que el interés personal de algún responsable político predomine sobre el interés colectivo, no puede empañar el trabajo digno y honesto de miles de personas, entre ellos alcaldes y concejales que están trabajando diariamente por el interés de sus vecinos.
Considero que la transparencia y la cercanía de la gestión pública no son solo un instrumento de confianza y de participación de los ciudadanos, sino también el mejor antídoto contra la corrupción. Y en esto los ayuntamientos estamos dando un ejemplo claro.
También se ha ligado la actividad urbanística a los problemas de la financiación municipal. Nada más lejos de la realidad. Los ingresos derivados de esta actividad son mínimos, y en una buena parte de los municipios prácticamente inexistentes. Los problemas de financiación de los gobiernos locales son consecuencia de un sistema de financiación injusto e insuficiente. Un sistema en el que las principales fuentes de financiación son la participación en los ingresos del Estado (PIE) y los tributos propios, que no son suficientes para financiar las competencias y los servicios que nos demandan los ciudadanos. Un sistema, por otra parte, en el que las comunidades autónomas en su mayoría siguen sin comprometerse pese a que una parte de nuestros gastos tienen como fin financiar competencias suyas.
Estamos en vísperas de que el Gobierno, tal y como ha anunciado, envíe a las Cortes el Proyecto de Ley de Gobierno Local. Un nuevo marco jurídico que regulará el funcionamiento de los gobiernos locales adaptándolos a las necesidades de hoy y que además clarificará nuestras competencias.
Somos conscientes de que no atravesamos el mejor momento para acometer un nuevo modelo de financiación local pero aún en estas circunstancias sigue siendo nuestro objetivo prioritario. Porque ese es nuestro mayor problema. Y el urbanismo, un instrumento esencial para mejorar la vida en nuestros pueblos y ciudades.
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SIN PALABRAS, MENUDO SIN VER GÜEN ZA,
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