lunes, 25 de junio de 2012
Querella Criminal contra el CR de Capital del Sur SCM
Como continuación a nuestro compromiso de manteneros informados de todos los sucesos que pueden ser considerados de relevancia en la marcha de las cooperativas os comunicamos que el pasado 11 de Junio de 2012 fue admitida a tramite una querella criminal contra los miembros del consejo rector de Getafe Capital del Sur SCM, señores Ricardo Vazquez Martinez, Óscar Molero Vaquero, Ignacio Lopez García, Carlos de la Torre Olegario y Juan Sanchez Rojas, así como el asesor contable de la cooperativa y actualmente liquidador de la misma D. Alberto Rogero Ortega, por los presuntos delitos de Falsificacion de Cuentas, Administracion Desleal y Falsificacion de Documento Mercantil. De dicha querella se está entendiendo el Juzgado de Instrucción nº 5 de Getafe y los querellados han sido citados a declarar en calidad de IMPUTADOS el próximo 9 de Octubre de 2012.
Dicha querella fue interpuesta por varios miembros y simpatizantes del GiC y tiene su principal fundamento en la posible alteración contable realizada por los imputados con respecto a incluir dentro del patrimonio de la cooperativa una partida de unos dos millones de euros por el valor de la parcela de OBRUM cuando sabían desde mayo del 2009 que el Consorcio Urbanístico había DENEGADO la autorización para traspasar esa finca a favor de la cooperativa
En el desarrollo de los hechos cronológicos en que se basa esta QUERELLA CRIMINAL se viene a argumentar que la dejadez de los Consejo Rector ha producido una perdida patrimonial a la cooperativa cercana a los dos millones de euros y que, posteriormente, han pretendido ocultárselo a los cooperativistas mediante la presunta alteración contable de las cuentas de la cooperativa. ¿Por qué? Porque todo el trabajo duro hecho para conseguir que la parcela asiganda a Obrum la cual habíamos pagado casi en su totalidad a dicha constructorano ha servido para nada, pues en el momento de presentar la querella todavia estaba escriturada a nombre del Consorcio. Es decir que han tenido desde febrero de 2009 hasta mayo de 2012 para que el Consorcio le autorizase el traspaso de dicha parcela de Obrum a Capital del Sur. Y no sólo se trata de que no lo han conseguido, si no que además este dato está siendo ocultado a los cooperativistas de forma intencionada.
Así pues, los miembros del Consejo Rector de Capital del Sur y su asesor contable habrían ocultado que el Consorcio les denegó la transmisión de la parcela allá por mayo de 2009. Y sin embargo, en las diferentes memorias de cuentas de años sucesivos siguen contabilizándola como si fuera un activo de la cooperativa. Es decir, que consideran que la parcela de Obrum es de Capital del Sur, cuando realmente no es así, porque ni en el Consorcio se lo ha autorizado ni en el registro de la propiedad afirma que la parcela sea la cooperativa. Disponemos de documentos que incluso prueban que todos estos hechos les fueron ocultados a los auditores de las cuentas, quienes al ser informados por nosotros sobre tal asunto han manifestado que de haberlo sabido hubiesen dado una opinión desfavorable a las cuentas presentadas.
¿Que pretendían con esto? ¿Porqué se han falseado presuntamente las cuentas?. ¿Y que consiguen falseándolas? Según nuestra opinión, de esta forma se conseguían varias cosas: en primer lugar esconder la dejadez o negligencia que supone el haber dejado perder esos dos millones de euros sin haber tomado las medidas que, como responsables, debían haber hecho. En segundo lugar ,que los socios aprobasen la liquidación pensando que había mucho dinero para repartir. Y en tercer lugar, que al ser ellos mismos los que liquidan la cooperativa, nadie dentro de los organos de las mismas les puedan fiscalizar y pedir responsabilidad alguna por esa pérdida. Es decir, nada de esto se hubiese descubierto de no haber sido por la presentación de esta querella que tiene como principal finalidad la de esclarecer este oscuro episodio de la historia de nuestra cooperativa y que pone de manifiesto que no sólo podemos haber sido víctimas de las presuntas actuaciones delictivas de David Moreno Pingaron sino que hay más personas que aprovechando su cargo en las cooperativas nos han ocasionados con su proceder serios perjuicios también irreparables. A fin de cuentas, de lo que se trataba es que una vez que esté todo ya liquidado y nosotros con algo dinero fresco resultante de la liquidación o de la baja, nos olvidáramos del tema y a vivir la vida, que por lo menos algo hemos sacado.
Pues no, eso no va a ocurrir.
Desde el GiC, hemos trabajado y trabajamos por que todo aquel que haya contribuido a esquilmarnos dinero pague por lo que ha hecho. Así lo hicimos con PSG y David Moreno Pingarrón y así lo hacemos ahora contra aquellos miembros del Consejo Rector de Capital del Sur implicados en estos sucesos, su asesor contable y cualquier otra persona que pueda aparecer directamente implicada en estos hechos, y que así se averigüe en el transcurso de las investigaciones que se van a producir por parte del juzgado. En este caso se da el agravante de que los imputados son socios que han perdido su dinero al igual que nosotros.
Os informamos además que una querella criminal con los mismos planteamientos se ha interpuesto también contra algunos miembros del Consejo Rector de Getafe Cuna de la Aviación Española y su asesor contable (hoy liquidador), la cual fue inadmitida inicialmente y que dicha inadmisión se encuentra en estos momentos recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid.
Sabiendo que se ha convocado a los cooperativistas a la próxima asamblea general el 30 de junio de 2012, quizás sea el momento de que se les pregunte a los liquidadores sobre estos hechos, aunque ya sabemos cual va a ser la respuesta: que lo han hecho todo conforme a la legalidad (de que nos sonará esto...) y que esto es una meada fuera de tiesto del GiC, con sus consiguientes descalificaciones personales.
Por nuestra parte volvemos a insistir en la conveniencia de que los liquidadores sean profesionales externos ajenos a las cooperativas, tal y como predicábamos en el caso de que se declarase el concurso, garantizando un procedimiento limpio y transparente. Nos parece que las personas que se encuentran imputadas por estos hechos no están legitimadas para ser liquidadores de las cooperativas y que, o bien, debieran dimitir, o bien los propios cooperativistas debían cesarlos fulminantemente en esa asamblea solicitando el nombramiento de tres liquidadores judiciales, profesionales externos y dos interventores cooperativistas que conociesen de todo el proceso y pudiesen emitir informes para el resto de sus compañeros cooperativistas sobre la manera y modo en que el proceso de liquidación de está realizando. Que dichos liquidadores tuviesen además como misión la de investigar todos los sucesos que envuelven el tema de OBRUM y de depurar responsabilidades en el caso de que se acreditase un comportamiento delictivo, o, cuando menos, negligente de todos los que hayan podido participar.
Así mismo, los liquidadores han decidido de forma unilateral el no auditar las cuentas siendo éste hecho de una ilegalidad manifiesta pues los estatutos establecen que aunque se apruebe la liquidación el resto de los acuerdos de la cooperativa deben seguir en marcha y no ha sido aprobado en ningún momento que las cuentas de la cooperativa dejen de ser auditadas por lo que consideramos que este gravísimo hecho también se hace para evitar que sean los propios auditores los que puedan sacar a la luz en su informe estas irregularidades y dejen de esta manera al descubierto los sucesos que se han denunciado.
Fuente: http://gicgetafe.blogspot.de/2012/06/querella-criminal-contra-el-cr-de.html