http://www.la-moncloa.es/web/asp/gob05.asp El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Ministra de Sanidad y Consumo sobre el Anteproyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios que será remitido al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Económico y Social y al Consejo Fiscal para los preceptivos informes. Tras este trámite administrativo, el texto será remitido también al Consejo de Estado y, posteriormente, será aprobado por el Gobierno, que lo enviará al Parlamento para su debate por parte de los grupos políticos.
La Ley introducirá importantes reformas legislativas en España en materia de protección de los derechos de los consumidores, ampliándolos y salvaguardando a los ciudadanos de prácticas abusivas.
Se refuerza la protección del consumidor a la hora de adquirir una vivienda. El Anteproyecto de Ley considera abusivas prácticas como la imposición de penalizaciones al comprador si éste no se acoge al crédito suscrito por el promotor o el hecho de que se le imponga el pago de tasas o impuestos, como las plusvalías, que deben ser abonadas por el vendedor.
También se considera abusiva la imposición al consumidor de los gastos de las conexiones a los suministros generales de la vivienda, tales como el enganche del suministro de agua, gas, alcantarillado, etcétera, cuando estos deben estar integrados en el precio de venta.
En cuanto a la imposición de arbitrajes distintos al del Sistema Arbitral de Consumo, se establece que la sumisión del consumidor al arbitraje no se imponga en el contrato, sino que se aplace al momento en el que el consumidor pueda evaluar correctamente el alcance de esta decisión, en el caso de que se vea obligado a adoptarla si surge una controversia. Con esta medida, que había sido ampliamente demandada por las Comunidades Autónomas y las asociaciones de consumidores, se pretende hacer frente a la generalización en el mercado de cláusulas de sumisión a arbitrajes extraordinariamente onerosas, cuya imparcialidad no está garantizada y que son suscritas sin conocimiento real por parte del consumidor.