Cuando mes dispongo a enviar este comentario son las 17:20 horas del día 4 de noviembre de 2013 y el ‘dinosaurio’ sigue estando ahí. Percibo en el ambiente un deseo de pasar página, como si nada hubiese pasado, como si la sentencia no tuviese importancia y no tuviera que tener sus consecuencias.
Ya escribí en otra ocasión que yo no voté al actual consejo rector porque en su candidatura iban socios que no sólo no querían ya la casa, sino que, para más inri, habían dirigido un escrito al alcalde con el propósito de perjudicar gravemente a los que, a pesar de los pesares, seguíamos queriéndola. Por tanto, obrando en consecuencia, no me pareció ético otorgarles mi voto. Pues, bien, si saco de nuevo esto a colación es para exponer mi opinión de que, precisamente, es ahí donde radica la ilegalidad del nuevo consejo (aun habiendo sido elegido por mayoría), es decir, el haber presentado su candidatura con el objetivo encubierto de conseguir sus fines, que no son otros que impedir el interés legítimo y fundamental que ampara a los socios de una sociedad cooperativa de viviendas, que es el de conseguirla. Esa es la ilegalidad, el carácter antisocial de los componentes del consejo (en el sentido de oponerse a los principios que definen y fundamentan la existencia de estas sociedades) y, como consecuencia, la «antisocialidad» de la demanda presentada. Carácter que ya ha sido señalado por un juez y que, no cabe duda, lo será por otros en las posibles demandas que se presenten.
No quiero que nadie me malinterprete. Comprendo los intereses de los que, por múltiples circunstancias de la vida y a los muchos años transcurridos, ya no quieren sus viviendas. Claro que es lógico que traten de recuperar su inversión, pero no me parece ético que algunos lo hagan intentando cargarse vilmente el derecho fundamental que tienen los demás de conseguirla. Es legítima su aspiración de recuperarla, pero no son legales las maniobras que emplean para tal fin. Tenían que haber elegido otro camino e intentar defender sus intereses desde fuera del órgano de representación y no desde dentro, pues, está claro, han impregnado a este con un marcado carácter antisocial, que, de seguir así, nos llevará a todos a perder la inversión realizada, cosa que, por otra parte, algunos están deseando que ocurra.
Su empeño de “sostenella y no enmedalla”, no presentando su dimisión, no traerá nada más que perjuicios para todos, salvo para los asesores que seguirán haciendo caja.
Hablando de asesores, y dado que, según parece, yo también estoy contribuyendo con mi parte alícuota de los fondos de la cooperativa al pago del abogado contratado, quisiera formular la siguiente pregunta: ¿Informó este letrado a los miembros del consejo rector, antes de interponer la demanda, de la jurisprudencia existente relativa al caso y citada por el juez en su sentencia? Una de dos: o no lo hizo, lo cual dice muy poco a su favor, o sí lo hizo, pero los miembros del consejo rector decidieron seguir adelante con los faroles, demostrando una vez más su incompetencia y descarada parcialidad.
Saludos.