En Junta ordinaria, el vecino A pone en duda que la vecina B tenga derecho a ser Presidenta, exhibiendo Nota Simple registral según la cual la propiedad corresponde al difunto padre de B.
Durante dicha Junta, el Administrador queda encargado de verificar la propiedad de B. Posteriormente, y no satisfecho con explicaciones del Administrador, el vecino A hace un requerimiento judicial a este y la actual presidenta a fin de acreditar la propiedad. Dado que la vecina B tiene un reconocimiento de aceptacion de herencia en el cual consta la propiedad, pero se incluyen otras propiedades y condiciones que no quiere hacer públicas, se hace necesario un documento notarial especifico y concreto de la propiedad objeto de la discusion. Por dicho documento, con fondos de la comunidad, se pagan 74 euros al noterio. Exhibido en el juzgado, cesa el requerimiento de verificacion de propiedad.
Posteriormente, en otra Junta Ordinaria, se plantea y se aprueba que se le impute el coste al vecino A, ya que ha sido el que ha originado el gasto. El vecino A rechaza asumir el pago por lo que la comunidad le considera deudor y sin derecho a voto a partir de ese momento.
En respuesta, el vecino A inicia un procedimiento judicial de conciliacion.
Las preguntas son: ¿puede la comunidad imputar el gasto al vecino A? ¿el documento notarial de verificacion de la propiedad de la vecina presidenta lo ha de pagar la comunidad? En el supuesto que B no fuese responsable del gasto, ¿como se resuelve el tema? ¿es necesaria una nueva junta para establecer dicha situacion y restituir derecho a voto? ¿se puede hacer como mero tramite en un documento particular entreel nuevo y actual presidente, administrador y el vecino A?