Si no se ha informado a los vecinos, ni convocado una junta para dar luz verde a esta decisión, lo que han hecho puede chocar de frente con la Ley de Propiedad Horizontal. Y no es cualquier cosa, porque esa ley, en muchos casos, manda que los propietarios se pronuncien sobre temas que afectan a la comunidad, sobre todo si estamos hablando de pleitos judiciales. Ahora bien, lo más sensato sería comprobar los estatutos de la comunidad, porque a veces estos permiten que el presidente y el administrador actúen por su cuenta. Pero, lo justo y transparente sería reunir a los vecinos y decidir entre todos. Sobre todo, si lo que está en juego puede tener repercusiones económicas o de otro tipo para la comunidad.
A veces las decisiones del presidente y el administrador no siempre es ilegal; depende de lo que digan esos estatutos y de lo que se haya pactado en juntas anteriores. Hay comunidades donde los estatutos son más flexibles y les permiten moverse con rapidez, sin necesidad de consultarlo todo. Así que, antes de decir que la cosa huele mal, primero habría que mirar con lupa esos documentos y los acuerdos previos.
Si no hay una autorización clara o la decisión no se ha cocido antes en junta, entonces, sí, estaríamos ante una irregularidad.