Sin menú del día, a media luz y con 11 millones de deuda
Cita:
Villalbilla se aprieta el cinturón por la crisis y la herencia envenenada. Las facturas destapan la escandalosa gestión del anterior Gobierno.
La palabra transfuguismo no existía en Villalbilla hasta que las elecciones municipales de 2007 propiciaron un acuerdo de Gobierno entre el PP y los dos ediles que encabezaron la lista del PSOE. Tras esa legislatura y con el impacto de la crisis, de los cajones del Consistorio no sólo salen gastos exagerados en teléfonos móviles, sino facturas sin contabilizar que revelan una gestión sin control y que se traduce en 11 millones de deuda.
El alumbrado público funciona a medias. Desde hace unos meses sólo se enciende una de cada dos farolas con el objetivo de reducir la factura de energía eléctrica. Del apagón no se libran ni los focos de la iglesia, que también se queda a oscuras cuando llega la noche, y ningún concejal dispone de gastos de representación ni para el menú del día. Es la situación que se vive en Villalbilla (9.819 habitantes), un municipio de 34,6 kilómetros cuadrados que ocupa el décimo sexto lugar en la Comunidad de Madrid en renta per cápita y que padece la crisis económica y financiera de manera especial.
Sin embargo, a los efectos de la crisis se une la herencia envenenada que dejó el equipo de Gobierno entre 2007 y 2011. Fue tras un acuerdo entre el PP y el PSOE que propició que Iván Borrego (PP) fuera alcalde. Los dos ediles socialistas fueron expulsados del partido y declarados tránsfugas por la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. Pero agotaron la legislatura. El acuerdo de gobierno, orquestado presumiblemente por la entonces presidenta del PP en Villalbilla, Nora García, se tradujo en sueldos de escándalo (72.000 euros para el alcalde y 50.000 para la teniente de alcalde, una edil tránsfuga) y una gestión pública sin control que se cifra en los 11 millones de deuda a proveedores, entidades financieras e intereses de demora.
“Fue un cortijo con siete señoritos y ningún señor”, como lo define el actual alcalde, Antonio Barahona (PIM), que además ha asumido la concejalía de Hacienda para que “no entre ni salga ningún euro sin control”.
Durante la pasada legislatura no fue así, como demuestra el derroche en telefonía móvil de los concejales del equipo de Gobierno, que sólo entre junio de 2010 y de 2011 ascendió a 20.781 euros o los 2,5 millones de euros que hay en facturas sin contabilizar, que según Barahona “es lo más llamativo de estos años de desgobierno”. Los 11 millones de deuda han obligado al actual alcalde y a sus concejales a hacer un Plan de Saneamiento entre 2012 y 2017 para afrontar la situación. Este plan, aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, obliga a aprobar los presupuestos con superávit, lo que conlleva importantes medidas de austeridad. Uno de los primeros objetivos era cerrar los presupuestos de 2008, 2009 y 2010, con lo que se ha evitado que se perdieran las transferencias del Estado, así como aprobar el presupuesto de 2012, que contempla unos gastos de 9,1 millones de euros, frente a los 9,7 millones de ingresos.
No obstante, Barahona lanza un mensaje de optimismo porque “a pesar de la situación generamos ingresos suficientes para atender los servicios público”, pero para ello el plan de ajuste es muy duro. Al apagón de la mitad de las farolas se unen la eliminación del Solitario, un autobús circular del municipio que “nadie usaba”; la reducción del presupuesto de festejos, la desaparición de los gastos de representación que en 2009 supusieron 24.000 euros; la revisión de contratos, como el de teléfonos, que pasa de 124.000 euros en 2010 a 35.000; o la reducción del sueldo del alcalde y los ediles. Además de reducir gastos tratarán de aumentar los ingresos. Por ejemplo, los vecinos pagarán 9 euros más por la tasa de basura ó 13 euros más, en coches de gama media, por el numerito.
Los 94 trabajadores municipales también saben que se suspenderá el Fondo Social que supone 35.000 euros al año, que no se harán horas extraordinarias y que se quitan las gratificaciones, lo que supondrá una reducción anual de 400.000 euros en gastos del temido capítulo I, el de Personal.
"Una estafa en toda regla"
Cita:
Los vecinos de Villalbilla claman contra el anterior Gobierno // Reclaman que Borrego y sus ediles devuelvan el dinero gastado en los móviles.
“La opinión de todo el pueblo es que ha sido una estafa en toda regla, y aquí da igual que sea el PP, el PSOE o el que sea”. Lo asegura Corpus Real, un vecino de Villabilla, en uno de los bares del municipio donde el recurrente tema de conversación son los gastos en llamadas de teléfono móvil, los 413 mensajes que el anterior alcalde, Iván Borrego, envió para participar en el sorteo de un Porsche y el espíritu viajero del propio alcalde o de la concejala de Hacienda, Nora García. Ambos llamaron desde los móviles que pagó el Consistorio desde lugares como Jordania, Jamaica, República Dominicana, Bostwana, Turquía, Finlandia o los Estados Unidos.
“Vergüenza” o “golfada” son algunas de las palabras que algunos de los vecinos de Villalbilla repiten cuando se les pregunta por los viajes por los cuatro continentes, de los desmesurados gastos de móvil de los ediles del equipo de Gobierno liderado por Iván Borrego o la deuda municipal.
En Villalbilla gobierna de nuevo la Plataforma Independiente Municipal (PIM) pero en las elecciones generales el voto es mayoritariamente del PP. Así sucedió el 20-N, que volvió a rondar el 60%, igual que en las generales de 2008. Sin embargo, el voto local es distinto y la indignación con el exalcalde, Iván Borrego, y Nora García es manifiesto. “Tengo amigos del PP avergonzados de la actitud de estos elementos”, sostiene Corpus Real, mientras sus compañeros de tertulia en un céntrico bar asienten.
La mayoría de los consultados coincide en que tienen devolver todo el dinero que se han gastado, pero el descrédito de la clase política se refleja en el comentario en forma de pregunta que se plantea un jubilado: “¿Has visto algún político que devuelva lo que se llevó?”. También coinciden en que la responsabilidad debe ir más allá de la política y que la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto.
Claro, que también hay otros vecinos que ven en el Tío la Vara, el personaje del cómico José Mota, la solución para obligar a los concejales que abusaron del teléfono móvil a devolver lo que se gastaron. Tras levantar y enseñar su bastón no duda en afirmar que “la mejor ley es ésta, si todo el pueblo les siguiera con un palo, así se arreglarían las cosas”.