http://www.latribunadetoledo.es/noticia.cfm/Provincia/20110908/tribunal/cuentas/acredita/192/irregularidades/urbanisticas/sese%C3%B1a/AFDB2571-EA73-8FD3-52506991E969C350
El Tribunal de Cuentas acredita 192 irregularidades urbanísticas en Seseña
Recrimina a la Junta no haberlas evitado y desvela que el 41% de los PAU desarrollados entre 1996 y 2007 ejecutaron antes de su aprobación obras de urbanización y/o edificación
David PerezFernando Franco
El informe del Tribunal de Cuentas que ha fiscalizado la gestión urbanística realizada por el Ayuntamiento de Seseña en la década comprendida entre 1996 y 2007 detecta al menos 192 irregularidades y deficiencias como «consecuencia directa de la carencia de procedimientos normalizados, de la falta de medios adecuados y de la inobservancia de la normativa urbanística estatal y autonómicos». Aunque la inmensa mayoría de las anomalías son achacables a los responsables políticos municipales, el exhaustivo documento que ayer fue presentado en el Congreso por Ramón Álvarez de Miranda, consejero de cuentas del citado tribunal, concluye también que la Junta de Comunidades, gobernada en aquellos años por el Partido Socialista, «podría haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general si hubiera practicado adecuadamente, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control, inspección y sanción».
Precisamente esta recriminación que pone en evidencia el papel de ‘convidado de piedra’ de la Junta antes los desmanes urbanísticos del Seseña enfrentó a populares y socialistas, que, eso sí, no dudaron en calificar el informe del Tribunal de Cuentas de «riguroso» y «exhaustivo».
«Es verdad que los responsables municipales forzaron la legalidad, pero la comunidad autónoma no hizo nada. Es cierto que un Ayuntamiento como Seseña tiene muchas carencias derivadas de su estructura pero la Junta no, ya que cuenta con varias direcciones generales, que debieron velar para que la disciplina urbanística se cumpliera. No hay irregularidades sino presuntos delitos que deben depurarse y la Junta no puede mirar para otro lado y alegar desconocimiento y falta de medios», subrayó el senador del PP por Guadalajara, Juan Antonio de las Heras, que ejerció como portavoz de su grupo en este asunto en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas celebrada ayer en el Congreso. Por este motivo, De las Heras lamentó «la falta de autocrítica realizada por los socialistas» cuyo portavoz, el diputado Manuel Mas, centró su intervención en intentar apuntalar la idea de que Seseña se «juntó la miseria de la administración local con la voracidad de los promotores inmobiliarios en la era dorada del ladrillo». «Esto no debió producirse y no debe volver a producirse. Y para ello hay que atajar la miseria de la administración local corrigiéndola o eliminándola», sentenció Mas, que tras las acusaciones del PP elevando la gravedad de las irregularidades terminó recordando que fue un ministro del PP, Eduardo Zaplana, el que otorgó a Francisco Hernando, ‘El Pocero’, la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo.
Múltiples irregularidades en El Quiñón. Precisamente el informe del Tribunal de Cuentas dedica un apartado específico a la tramitación del PAU del Quiñón. Así, por ejemplo, afea a la administración local que pese al volumen de esta reclasificación de suelo que afectó a más de 1,8 millones de metros cuadrados, ésta no optara por iniciar una revisión del Planeamiento General.
El órgano fiscalizador recuerda que el PAU, que preveía la construcción de 13.508 viviendas, se adjudicó a la empresa de Francisco Hernando, tras haberse anulado una primera vez, «sin la debida fundamentación al no valorarse la adecuación y viabilidad de la propuesta y sin que la Comisión Provincial de Urbanismo hubiera aprobado definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras». En cuanto a la ejecución, el Tribunal de Cuentas constata que las obras de urbanización no estaban suficientemente garantizadas al menos en 10,3 millones de euros, el 29% del total de su coste. Además, el informe añade que el Ayuntamiento no controló la ejecución de la urbanización interior del sector y le recrimina que pese a que desconocía si las obras se habían ejecutado de conformidad concediera licencias de ocupación para 2.536 viviendas.
Asimismo, el prolijo documento analiza las relaciones económicas del Ayuntamiento con ONDE 2000 y Promociones del Saz 2000. En este apartado, los técnicos del Tribunal de Cuentas cuantifican en 811.000 euros el importe no exigido a dichas compañías y en 913.000 euros el pago injustificado de obras. El informe destaca también el «establecimiento de cláusulas ilegales en al menos el 10% de los convenios suscritos que provocaron un posible perjuicio económico al Consistorio; la no exigencia de la cesión de aprovechamientos y zonas verdes; la falta de justificación del cobro de los aprovechamientos monetarizados, así como la no justificación del cobro de las enajenaciones de terrenos y tributos liquidados».
Irregularidades generalizadas. Pero las irregularidades urbanísticas no se limitan sólo a ‘El Quiñón’. A este respecto la fiscalización señala que en el 41% de los Planes de Actuación Urbanizadora analizados, «el promotor ejecutó actuaciones de urbanización o edificatorias con carácter previo a su aprobación y adjudicación, llegando incluso a su recepción sin proyecto de urbanización aprobado».
Por si fuera poco, la mitad de los PAU tramitados se aprobaron y se adjudicaron sin contar con el informe previo de la Consejería competente, que no llegó a emitirse o se emitió con posterioridad al plazo establecido para ello. El informe también especifica los casos en los que el Ayuntamiento no atendió las determinaciones de los informes vinculantes de la Comisión Provincial de Urbanismo y otros en los que se autorizaron actuaciones no conformes a la legalidad, sin que el Ayuntamiento ni la Junta de Comunidades llevaran a cabo actuación dirigida a restablecer la legalidad. Por último, el Tribunal de Cuentas saca a la luz que el 32% de los PAU aprobados no figuran inscritos en el registro habilitado por la Junta y que el 45% de los proyectos de reparcelación presentan deficiencias por no cumplir con la justa distribución de los beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística o por autorizar una ejecución no conforme a sus previsiones.
El informe, que volverá antes de que se disuelvan las Cortes a la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que emita una resolución, termina con una serie de recomendaciones entre las que destaca que el Ayuntamiento de Seseña «debería proceder a la redacción y tramitación de un Plan de Ordenación Municipal que contemple las previsiones reales de crecimiento del municipio». Asimismo el órgano fiscalizador aconseja acometer las obras planificadas en el Plan Especial de Infraestructuras y en el Plan Integral de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales así como revisar todos los acuerdos en los que no se ha respetado el ordenamiento jurídico, así como exigir el cumplimiento de las cesiones previstas en los acuerdos de monetarización