Cepos para frenar el fraude en VPOs

¿Cómo luchan las administraciones contra las ventas ilegales de VPO?

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Los planes contra el fraude en VPO

Gobierno central y comunidades crean organismos para frenar las ventas ilegales



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Raquel Díaz Guijarro / MADRID (02-02-2006)


Adquirir una vivienda de protección oficial (VPO) y al cabo de unos años venderla en el mercado libre con unas jugosas plusvalías, que en una buena parte quedan libres de impuestos, es una práctica bastante extendida. Pero es incorrecta, ilegal y fraudulenta. Conscientes de que son cuantiosos los recursos públicos que se necesitan para dar vivienda a las rentas más bajas (sólo el Ministerio de Vivienda destinará más de 6.800 millones de euros en los próximos cuatro años a esta política), todas las administraciones se han puesto de acuerdo en luchar de manera conjunta para poner coto a este fraude. Han diseñado una serie de cepos, unos nuevos y otros no tanto, para cazar a quienes bordean la ley y a quienes pasan por encima de ella.

Registro obligatorio. El Departamento que dirige María Antonia Trujillo ultima la orden ministerial por la que entrará en funcionamiento el Registro Estatal de Viviendas Protegidas, uno de los principales instrumentos con los que se prevé reducir el número de compraventas ilegales.

Este organismo será el encargado de grabar en sus archivos todas las actuaciones en materia de vivienda que tengan como consecuencia una ayuda pública. Deberá recopilar los datos de todos los beneficiarios de ayudas o subvenciones para comprar o alquilar una vivienda, tanto ciudadanos particulares como empresas promotoras o cooperativas, así como los incentivos que se concedan a la rehabilitación y a las operaciones de adquisición de suelo. Según explican fuentes conocedoras del proyecto, a la información que recopile el registro no tendrá acceso cualquier ciudadano, por lo que se garantiza la confidencialidad de los datos aportados. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora si el dueño de una VPO quiere venderla?


Precios tasados. La nueva normativa establece dos supuestos, dependiendo del tiempo transcurrido desde la primera adquisición. Si la casa tiene menos de 10 años, el titular de la VPO deberá comunicar a la comunidad donde resida su intención de venderla y pedir un permiso para poder hacerlo. Las autoridades regionales lo autorizarán siempre que se cumpla uno de los criterios que prevé la legislación (traslado por motivos laborales, haber sido víctima de violencia de género o terrorismo o variación en la composición de la familia). Una vez reciba la autorización podrá vender la casa a un precio tasado, al valor que marcó cuando se compró le podrá añadir año a año una revalorización equivalente al aumento del IPC. Además, a cambio de lo que estaba establecido hasta ahora, quienes decidan vender antes de 10 años no tendrán que devolver las ayudas recibidas. Transcurridos 10 años, la venta no necesitará permiso alguno ni justificación ante la comunidad. Se le aplicará la misma tabla de actualización de precios con un tope del doble del precio al que se compró el inmueble.

Coeficientes reductores. Como ese límite del doble de lo que costó la casa situaría el precio de la VPO al mismo nivel que los pisos de renta libre, son varias las autonomías que ya han establecido coeficientes reductores, como es el caso de Extremadura, donde la diferencia entre el precio medio de la VPO es apenas un 15% inferior al del mercado libre. Madrid, por su parte, donde las diferencias sí superan el 100%, aún no ha decidido si agotará el margen que le da el Plan de Vivienda.

Listas de demandantes. Una de las grandes novedades que va a introducir la normativa antifraude es que los vendedores de viviendas protegidas no podrán elegir a sus compradores: tendrán que acudir a los registros autonómicos o listas únicas de demandantes que deben abrir las comunidades, y buscar entre sus integrantes quién quiere una casa como la que se vende en ese momento.

Más control en la promoción. Cobrar por un piso protegido el precio máximo que determina la comunidad autónoma, pero tratar de convencer al futuro propietario de que si quiere muebles en la cocina deberá pagarlos como si de una plaza de garaje se tratara es fraudulento e ilegal, y no por ello menos frecuente. El plan contempla que una forma de frenar estas actividades por parte de cooperativas y promotoras es que también estas empresas deban ir a las listas de demandantes a ofertar sus viviendas.

Hipotecas imparables


El capital prestado para hipotecas aumentó en noviembre un 28% respecto al mismo mes de 2004, hasta sumar 21.386 millones de euros, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El importe medio por hipoteca alcanzó los 144.352 euros, el 15% más.


Cómo detectar estafas en las promociones


El otro gran engaño que sufren determinados colectivos de compradores humildes es la estafa. ´Estar pagando por una casa durante 10 años y que ésta continúe sin existir y ninguna entidad responda por ello, es una estafa´, explican fuentes del sector.

La creciente demanda de vivienda en la sociedad española desde finales de los noventa y el auge de sus precios deprimieron el mercado de la promoción de VPO, que ahora parece estar repuntando ; en esas circunstancias los expertos admiten que son más numerosos los intentos de fraude.

Controlarlos para que no se produzcan es cada vez más difícil, aunque desde las distintas administraciones y desde el sector promotor (el más perjudicado por estos escándalos, después de los particulares estafados) se insiste en que los compradores de casas estén cada vez más informados de todo lo que deben saber a la hora de adquirir un inmueble. Una vez tomada la decisión de comprar, y tanto si se acude a una promotora convencional, como si se opta por asociarse en cooperativa o en comunidad de propietarios, debe exigirse que la sociedad vendedora esté inscrita en el Registro Mercantil. Otro aspecto fundamental es cerciorarse de que el suelo sobre el que se va a edificar está inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de dicha entidad vendedora y que no tiene más cargas ni gravámenes de lo que haya informado la mencionada sociedad.

Y por supuesto se debe pedir al vendedor copia del proyecto visado y de la licencia de obras del ayuntamiento. Los expertos aconsejan desconfiar de promociones sin precios ni plazos cerrados y reclamar que todas las cantidades aportadas estén garantizadas.