Estoy de acuerdo en actuar contra quien nos haya podido perjudicar, con la condición de que sea viable. Es decir, estudiar la actuación de todos los responsables del retraso de la entrega y de los defectos de la obra :arquitecto, anterior aparejador, constructora, gestora, organismos municipales y autonómicos -que tienen responsabilidad de parte del retraso-, etc.
Después de este estudio, asesorarnos de qué es demostrable ante un tribunal y determinar contra quien tendríamos más probabilidades de éxito.
Y, para terminar, lo más difícil: decidir si efectivamente nos conviene emprender acciones legales que son muy duraderas y cuestan mucho dinero.
Lógicamente, muchos bufetes nos dirán que tenemos argumentos suficientes, pero mucho me temo que los bufetes viven de clientes que pleitean ¿no?
Vaya, que si se forma una comisión que estudia la posibilidad de demandar a alguno de los enumerados anteriormente, reune pruebas objetivas sufucientes y estima que las probabilidades de éxito son altas, adelante.
Pero no apoyo una demanda basada en sensaciones y sin suficientes pruebas objetivas, porque es muy probable que se convierta en una pérdida de dinero y de tiempo.
Un saludo