Bitango en el periodico EL PAIS

¿Quién es Fidel San Román y cuál es su relación con la recalificación de suelo en Ciempozuelos?

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OS PASO EL DOCUMENTO QUE VENIA EN EL PAIS SOBRE NUESTRA GESTORA:El promotor inmobiliario Fidel San Román, encarcelado y ahora en libertad provisional por su relación con el pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de licencias, compró suelo en la zona de Ciempozuelos que el Gobierno local, presidido por el alcalde socialista Pedro Torrejón, pretendía recalificar para la construcción de miles de viviendas. En esa zona había previstas más de 5.000 viviendas con un negocio que, según los expertos, supera los 600 millones de euros.

La irrupción de San Roman en el intento de pelotazo en Ciempozuelos se ha descubierto a raíz de la investigación abierta por un juez sobre la titularidad de 152 fincas situadas en la zona por donde el municipio iba a crecer, según su Plan General, y en la que se iban a recalificar cientos de hectáreas de suelo rústico a urbanizable.

San Román es un promotor inmobiliario que ha hecho sus principales negocios en Las Rozas, municipio del noroeste de Madrid gobernado por el Partido Popular, y que recibió la concesión de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas por decisión del Gobierno regional, del PP.

Hace un año y medio, cuando el Ayuntamiento de Ciempozuelos aprobó inicialmente su Plan General, donde se establecía por dónde iba a crecer la localidad y las viviendas nuevas que se iban a levantar, se constituyó una asociación de supuestos propietarios de suelo, llamada Prosci, que denunció un intento de macroestafa por parte de ocho sociedades instrumentales. Estas sociedades, según la denuncia, pretendían registrar a su nombre 152 fincas que no les pertenecían.

El acta fundacional de Prosci la firmaron el Ayuntamiento de Ciempozuelos, Esprode -la promotora inmobiliaria que supuestamente se comprometió a pagar 40 millones de euros al ex alcalde de Ciempozuelos a cambio de sus gestiones para la recalificación de suelo- y Bitango, en cuyo organigrama figuran los apoderados de la mayoría de sociedades de San Román. Además de esa sociedad, hay otras dos, Tifan y Sanedi, en las que participa San Román junto a familiares y colaboradores, que compraron suelo en la zona.

El juez que instruyó la denuncia ordenó como medida cautelar que no se pudieran comprar ni vender las 152 fincas hasta que no resolviera sobre el contencioso. Sin embargo, el juez se ha encontrado meses después con que una parte de los denunciantes le ha aportado escrituras donde acreditan haber comprado una treintena de fincas pese a que en la denuncia inicial, Esprode aseguraba que sólo tenían cuatro.

Este hecho ha llevado al juez a consultar a la fiscalía sobre la apertura de una investigación en relación a la sospechosa compraventa de fincas en la zona para comprobar si se ha vulnerado su medida cautelar sobre los terrenos en litigio. La pelea por la titularidad de esas fincas, que ha llegado a los tribunales y que enfrenta a empresas inmobiliarias, tiene como causa principal la gestión del Gobierno municipal de Ciempozuelos, que pretendía mediante la aprobación de un plan General la recalificación masiva de esos terrenos con los que se disparaba el valor de los mismos.

Ese Plan General ha sido devuelto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se tiene que aprobar para que entre en vigor, ante el escándalo urbanístico destapado en esta localidad. Ciempozuelos inició los trabajos del Plan General cuando gobernaba el PP, y se contrató para los mismos a un despacho privado de arquitectos propiedad de Enrique Porto, quien posteriormente pasaría a la Comunidad de Madrid como director general de Urbanismo, encargado, entre otras cosas, de tramitar los planeamientos de las localidades madrileñas.

Antes de que el Ayuntamiento de Ciempozuelos recalificase ese terreno, el catastro alertó a una serie de vecinos de que había ocho sociedades que pretendían escriturarse 152 fincas en la zona. La mayoría de las fincas estaban sin inscribir en el registro mercantil. Los denunciantes, la asociación Prosci, aseguró que esas ocho sociedades estaban utilizando tretas para apoderarse de esas fincas en connivencia con dos notarios de Madrid. El juez Agustín Carretero ordenó a los directivos de esas empresas que no se acercaran al municipio de Ciempozuelos y, como medida cautelar, dictó una resolución prohibiendo la compraventa e inscripción de las mismas.

Lo llamativo es que meses después de dictar esa orden, Esprode, y otras personas, haya acudido al juzgado diciendo que en la zona tiene una treintena de fincas, algo de lo que no informó inicialmente. Según documentos aportados por los denunciados al juzgado, esas fincas han sido escrituradas con posterioridad a la orden judicial de que no se comprasen ni vendiesen fincas. Éste es uno de los motivos por los que el juez ha consultado a la fiscalía sobre si deduce testimonio por presuntos delitos de estafa e incumplimiento de las restricciones que pesaban sobre las 152 fincas. Según han informado por escrito al juez los denunciados, en algunas de las escrituras aportadas ahora al juzgado hay transmisiones de fincas entre Esprode y sociedades vinculadas a Fidel San Román.


PARA QUE ASI VEAMOS CON QUIEN NOS HEMOS METIDO.