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Iragora
23/01/2020 14:09

Ley de memoria historica

¿Por qué el PP no derogó la Ley de Memoria Histórica?

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Vox pide derogar todas las leyes de Memoria Histórica y acusa al PP de legitimarlas
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Vox ha vuelto a criticar este jueves la exhumación de Franco, que considera incluso "un ataque a la familia", y ha anunciado una ofensiva parlamentaria para pedir la derogación de todas las leyes de Memoria Histórica, no sólo la nacional de 2007, sino también las autonómicas.
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En declaraciones ante el Congreso, el eurodiputado Jorge Buxadé y la secretaria general del grupo de Vox en la Cámara Baja, Macarena Olona, han reiterado su convicción de que las leyes de Memoria Histórica buscan extender una visión "sesgada" de la historia y una nueva "verdad oficial" que a su juicio se sustenta en el "odio".
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"La exhumación de Franco es un ataque a la familia y a la libertad ideológica", ha proclamado Buxadé, quien considera que supone "reabrir herida" en España.
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Como ya ha declarado avanzado Santiago Abascal, Vox sostiene que se empieza con la Ley de Memoria Historia y la exhumación de Franco y se continuará con la revocación de la Transición y con el derrocamiento de la Monarquía.
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EL PP PUDO ELIMINARLA Y NO LO HIZO
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Olona ha aprovechado para lanzar 'un dardo' al PP acusando a los 'populares' de "legitimar" la ley inicial de José Luis Rodríguez Zapatero porque, cuando Mariano Rajoy dispuso de mayoría absoluta entre 2011 y 2015, no planteó ninguna modificación en la Ley de Memoria Histórica y menos aún se planteó eliminarla.
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En el Congreso Vox ya registró una iniciativa para derogar la Ley estatal de Memoria Histórica de 2007, que volverán a promover tras las elecciones generales del 10 de noviembre, y ahora van a presentar textos similares en todos los Parlamentos autonómicos donde existen leyes de desarrollo de esa norma, como Andalucía, Baleares, Aragón, Asturias y Comunidad Valenciana.
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Sus iniciativas no plantean ninguna alternativa a las normas en vigor, pues consideran que la historia debe dejarse a los historiadores, sino que simplemente buscan derogar las leyes aprobadas en su día.

 
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Iragora
05/01/2021 00:27

MEMORIA HISTÓRICA

La pandemia mantiene en pie la última estatua de Franco en la vía pública: "Melilla sigue siendo un parque temático de la dictadura"

La vicepresidenta de la ciudad autónoma, la socialista Gloria Rojas, calcula en conversación con infoLibre que para febrero la escultura puede estar fuera de la calle

Sostiene que la decisión ya está tomada en Consejo de Gobierno pero que antes de ejecutarla debe contar con el aval de la Comisión de Educación y el Pleno de la Asamblea

El abogado memorialista Eduardo Ranz cree que no es más que una "excusa política": "Jurídicamente, no es necesario. Se toma la decisión y se lleva a cabo"

Álvaro Sánchez Castrilloascastrillo@infolibre.es @Alvarosancas

Publicada el 04/01/2021 a las 06:00FacebookTwitterWhatsappTelegramEnvíalo a un amigoImprimirComentario

 

La estatua del dictador en Melilla. EP

Da igual si llegas en ferri desde Málaga, Almería o Motril. O si al desembarcar pones rumbo al centro de la ciudad a pie o en vehículo. Siempre, al salir del puerto, te recibirá la misma persona. Con su bastón de mando en la mano derecha, sus prismáticos al cuello y la cabeza, cubierta con un sombrero, bien alta. Cuarenta y cinco años después de su muerte, Francisco Franco Bahamonde te sigue dando la bienvenida, desde su pequeño pedestal, a Melilla. Es la última estatua del dictador que, a pesar de la Ley de Memoria Histórica, todavía continúa en pie en la vía pública. Las seis legislaturas conservadoras en la ciudad autónoma han permitido que la escultura, moldeada en bronce, se convierta en la última de Filipinas. Las seis legislaturas de dominio conservador en la ciudad autónoma han contribuido a ello. Pero desde hace más de un año es el PSOE el que forma parte del Ejecutivo. Un cambio de tendencia que ha permitido abrir el melón de una retirada que, sin embargo, se ha ido alargando en el tiempo. El expediente ya está listo. El problema es que el estallido de la crisis sanitaria, explican desde el Gobierno melillense, ha terminado trastocando las previsiones iniciales.

La estatua se colocó, curiosamente, tras la muerte del dictador. La obra en cuestión, que se encuentra a los pies de la Muralla de Florentina, fue encargada por el Ayuntamiento de Melilla al escultor y comandante Enrique Novo Álvarez. No se instaló de inmediato. De hecho, estuvo guardada unos meses hasta que el alcalde de la ciudad, presionado por los concejales franquistas, terminó dando el paso. Lo hizo a escondidas, sin una inauguración oficial, en 1978. Desde entonces, forma parte del enorme catálogo de vestigios de la dictadura que resisten en la ciudad autónoma. Y ha sido el foco de enormes polémicas en los últimos años. En 2015, por ejemplo, una veintena de guardias civiles del Grupo Rural de Seguridad (GRS), enviados por el Ministerio del Interior a la ciudad autónoma para dar apoyo al control fronterizo, se fotografiaron sonrientes y de uniforme con la bandera de España junto a la estatua del dictador. Aquella imagen provocó agrias críticas políticas. El diputado Jon Iñarritu, de EH Bildu, preguntó al Ejecutivo central por escrito qué le parecía la instantánea y qué medidas tenía pensado tomar. Nunca obtuvo respuesta.

Por aquel entonces, el Gobierno de Melilla estaba en manos del conservador Juan José Imbroda, que siempre se ha resistido a retirar la escultura de la vía pública. Pero ahora eso ha cambiado. Desde las últimas autonómicas, el Ejecutivo está en manos de Ciudadanos, Coalición por Melilla y el PSOE, que siempre se ha mostrado partidario a quitar la escultura. Sin embargo, a día de hoy Franco sigue vigilante, a los pies de la muralla. “¿Cómo es posible que haya pasado un año y no se haya dado todavía el paso, que lleva solo cinco minutos?”, se pregunta Óscar Gaztelumendi, candidato de Unidas Podemos en los últimos comicios en la ciudad autónoma. En conversación con este diario, el dirigente morado explica que en Melilla hay mucha división alrededor de esta cuestión. Por un lado, los vecinos que consideran una “vergüenza” que en sus calles se siga “homenajeando” la figura del dictador. Por otro, los que recuerdan con “mucha nostalgia” uno de los episodios más negros de la historia reciente de España. “Es increíble escuchar a gente joven decir todavía que ojalá regresase la dictadura”, relata Gaztelumendi.

Pero la salida del caudillo de la entrada del puerto se producirá en pocas semanas. O eso es, al menos, lo que aseguran desde el Ejecutivo que dirige el naranja Eduardo de Castro. “Nada más llegar al Gobierno, decidimos que íbamos a quitar toda esta simbología. Empezamos cambiando los nombres de algunas calles y, antes del inicio de la pandemia, iniciamos el expediente para retirar la estatua de Franco”, cuenta a infoLibre al otro lado del teléfono la socialista Gloria Rojas, vicepresidenta de la ciudad autónoma. El Consejo de Gobierno dio luz verde a dar el paso. La decisión política ya estaba tomada. El problema, dice, es que poco después estalló la crisis del coronavirus y decidieron paralizar la retirada. Consideraban que, dada la situación sanitaria en la que se encontraba medio mundo, había otras prioridades que atender. Pasado el verano, y ya con el coronavirus más controlado, se decidió volver a mover de nuevo el expediente. Pero, asegura Rojas, se encontraron con lo que desde el Ejecutivo de la ciudad autónoma consideran un escollo: un acta del Ayuntamiento de Melilla de hace casi medio siglo.

 

¿Es necesario pasar por el Pleno?

El documento, por el que se acordaba la construcción en la ciudad de un monumento para perpetuar el “recuerdo” del dictador ante “generaciones venideras”, está fechado el 3 de diciembre de 1975, dos semanas después de la muerte de Franco y su posterior entierro en el Valle de los Caídos. Y cuenta con la firma de todo el Pleno –Luis Cobreros (el alcalde entonces), Miguel Gutiérrez, Juan Ríos, Mercedes Salmerón, José Sánchez y Andrés Morales–. “Pensábamos que solo tenía que pasar por Consejo de Gobierno y Comisión de Educación, pero viendo estas actas, y por dotar a la decisión de mayor seguridad jurídica, hemos decidido que la retirada la avale también el Pleno de la Asamblea”, explica Rojas. Por el momento, el asunto solo tiene luz verde por parte del Consejo de Gobierno. Queda todavía que voten todos los miembros de Educación y la Cámara regional en su conjunto. El Ejecutivo melillense tiene previsto que se retome el tema una vez pasadas las fiestas navideñas. Si se cumple con los plazos previstos, la vicepresidenta calcula que la escultura podrá estar retirada el próximo mes de febrero.

Rojas considera que el paso del asunto por el conjunto de la Cámara es indispensable para que no haya luego “ningún problema”. “Si una decisión se toma en el Pleno, lo normal es que la contraria se adopte también en Pleno”, zanja. Algo que, sin embargo, para Gaztelumendi no es más que una excusa política que dilata el procedimiento. En este sentido, el portavoz de Unidas Podemos, que no tiene representación en la ciudad autónoma, sostiene que no hay mayor seguridad jurídica que la que aporta la Ley de Memoria Histórica. En la misma línea se pronuncia el abogado memorialista Eduardo Ranz. “Si se quiere modificar el nombre de una calle o estudiar en una comisión la existencia de simbología franquista, sí que debe acordarse en el Pleno. Pero para retirar elementos contrarios al orden constitucional, no hace falta jurídicamente convocarlo. Se toma una decisión y se lleva a cabo”, dice el letrado, que esta semana registró una petición para que se quite la polémica estatua en nombre de la Asociación Memorialista Ranz Orosas, liderada por Macarena Orosa, concejala socialista en el Ayuntamiento de Coslada (Madrid) y presidenta de la Comisión de Memoria Histórica del mismo consistorio.

 

Homenaje al comandante

La escultura en la picota, para cuya construcción la administración melillense convocó una licitación de tres millones de pesetas, fue concebida en un primer momento para honrar la memoria del “Generalísimo Franco”. Pero durante la realización, y por motivos que se desconocen, se decidió cambiar el homenaje por el de “comandante Francisco Franco, héroe de las campañas de África y liberador de Melilla”. A esta modificación es a la que se ha agarrado el propio Imbroda siempre que se le ha preguntado por esta cuestión. “Yo no quitaría la estatua del puerto porque simboliza un homenaje a las fuerzas militares que en 1921 evitaron que Marruecos tomara Melilla. Ese monumento no tiene nada que ver con la exaltación de la dictadura”, sostenía el ahora senador en octubre de 2019. El mismo argumento que puso sobre la mesa la Plataforma Patriótica Millán Astray, una asociación de veteranos legionarios y simpatizantes, cuando se enteró de las intenciones del Ejecutivo de la ciudad autónoma. “Se refiere a un monumento histórico que es previo a nuestra Guerra Civil”, apuntaban en un comunicado.

La Ley de Memoria Histórica establece en su artículo 15 que deberán ser retirados todos aquellos vestigios conmemorativos de “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Sin embargo, Ranz rechaza que el hecho de que la obra esté dedicada al caudillo en su etapa como comandante –etapa previa al golpe de Estado– pueda complicar su retirada en aplicación de la norma. En su opinión, ese es un “debate superado” en tanto que el Gobierno melillense la incluyó en junio de 2017 en el catálogo de vestigios franquistas que se vio obligado a elaborar a raíz de una demanda interpuesta por el abogado en la vía contencioso-administrativa. “De todos modos, es imposible concebir la figura de Franco sin entender que fue el dictador que fue. Es imposible”, señala el letrado. Coincide Gaztelumendi: “Es como si se defiende una estatua de Hitler de su etapa como pintor”. Como Ranz, tampoco la vicepresidenta de la ciudad autónoma cree que esto pueda terminar suponiendo una barrera: “Por mucho que esté como comandante, lo que fue es un dictador. Y nuestra decisión política es quitarla”.

 

Melilla, el agujero de los vestigios

En el informe anteriormente mencionado, se recomendaba trasladar la escultura al Panteón de Héroes de las Guerras Coloniales. Pero aun con Franco fuera del puerto, a Melilla todavía le queda mucho trabajo por hacer para dejar de ser, como recuerda el abogado memorialista, “el territorio con mayor simbología de exaltación franquista por habitante”. En junio de 2017, el catálogo recogía algo más de medio centenar de calles o plazas dedicadas a personajes, melillenses o no, vinculados al golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil. Algunas de ellas fueron retiradas –la dedicada a José Antonio Primero de Rivera, al falangista Onésimo Redondo o al general Moscardó–. Pero otras siguen presentes. Todavía existe la calle Teniente Bragado, uno de los principales elementos del golpe de Estado en la ciudad autónoma, o el Pasadizo del Teniente Coronel Emperador, otra de las figuras destacadas en aquel julio de 1936. También la vía Teniente Sánchez Suárez, quien participase en la génesis de la sublevación y fuera jefe de Falange en Melilla.

 

Monumento a los Héroes de España. | Óscar Gaztelumendi

“Pero además de calles, hay otros muchos elementos que evocan a la dictadura”, recalca Gaztelumendi. Y, en este sentido, destaca el Monumento a los Héroes de España. Fue erigido, según cuenta el portavoz de Unidas Podemos, en la década de los cuarenta tres el derribo del quisco conocido como La Peña, “donde se reunían los intelectuales o artistas para sus tertulias”. Un trabajo de bronce, piedra y mármol del que se encargó el escultor Vicente Maeso. Hace unos años, en los trabajos de reforma de la plaza en la que se encuentra ubicada, se retiraron del monumento algunos elementos, como la frase “Una, grande, libre” que lo encabezaba o la placa que se encontraba a sus pies. Pero, a día de hoy, el enorme Águila de San Juan que lo cubre sigue destacando en el conjunto. “Melilla sigue siendo, a día de hoy, un parque temático del franquismo”, sentencia Gaztelumendi.

 
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Iragora
12/11/2020 11:11

Vox, sobre el general Fanjul: "No se puede eliminar de la historia de España lo que no nos guste en cada momento"

El partido de Santiago Abascal critica que se cambie el nombre a la estación de Cercanías: "Mejor que Ábalos haga PCR en Barajas"

MARCOS PARADINAS Miércoles, 11 de noviembre de 2020.

Partido Popular y Ciudadanos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, han optado por la estrategia del silencio sobre el centro de salud general Fanjul, que mantiene desde hace años el nombre del general golpista que inició el alzamiento fascista contra el gobierno democrático de la II República. Esta situación, que incumple la Ley de Memoria Histórica de 2007 y que fue denuncida por la Junta de Distrito de La Latina en 2017 cuando era gobernada por Más Madrid, vuelve al centro de la polémica ahora que el Ministerio de Transportes, tal y como ha adelantado ElPlural.com, ha decidido "quitar del mapa de Cercanías" la estación de Fanjul en Aluche. Una parada de tren que está situada en la Avenida de Las Águilas, el nuevo nombre de la antes conocida como Avenida del General Fanjul, hasta que la alcaldesa Manuela Carmena decidió quitar del callejero los vestigios de la dictadura.

 

Frente al silencio de PP y Ciudadanos, y la celebración de los partidos de la izquierda por el cambio en la estación de Cercanías, destaca la oposición frontal de Vox. Desde el partido que sostiene a Almeida y Villacís en la Alcaldía de Madrid, en declaraciones a ElPlural.com señalan que no son "partidarios de la retirada de nombres". "No se puede eliminar la historia de España eliminando lo que no nos gusta en cada momento histórico", señalan fuentes del grupo parlamentario de Javier Ortega-Smith. Más tajantes son desde la Asamblea de Madrid, en el grupo parlamentario que dirige Rocío Monasterio, que apoyan la posición de sus compañeros de la capital y añaden, sobre la decisión del Ministerio de Transporte, que "mejor que Ábalos se dedique a hacer PCR en Barajas". Unos minutos después de estas declaraciones, el ministro Illa informaba al Consejo Interterritorial de Salud que se iba a exigir una PCR negativa a los viajeros llegados con alta incidencia de coronavirus.

 

Cabe señalar que Vox, aunque no está en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni en el gobierno municipal, es el partido del que depende la estabilidad de ambos ejecutivos. De hecho, las disputas sobre Memoria Histórica han vivido un episodio polémico en las últimas dos semanas. A finales de septiembre, Vox propuso la retirada de las calles dedicadas a Francisco Largo Caballero, presidente socialista de la II República entre 1936 y 1937, y al ministro Indalecio Prieto. La petición salió adelante gracias a una moción de PP y Ciudadanos en la que proponían que dicha retirada se hiciera, no en virtud de una resolución del Parlamento Europeo de 2019, sino aplicando la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero de 2007.

 

Sin embargo, el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica al que apelaron PP y Ciudadanos propone la retirada de elementos que promuevan la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, proponía que "personajes siniestros de nuestra historia no deben formar parte de los nombres de las calles y las plazas" y hdefendió que "no es revisionismo, es acabar con la mentira histórica".

 

Como consecuencia del acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, la placa que recordaba a Largo Caballero en la que fue su casa en la plaza de Chamberí fue retirada a martillazos en una mañana. Un desalojo que se hizo sin los informes preceptivos, puesto que la fachada del edificio es parte del Patrimonio Cultural de la capital como uno de los monumentos singulares del Ayuntamiento de Madrid. Además, las fotos publicadas por ElPlural.com demuestran que la placa de Largo Caballero se encuentra hecha añicos en un almacén del Ayuntamiento, pese a la promesa de que se había respetado la “integridad” del bajorrelieve y que su retirada había sido “escrupulosa”. Una promesa realizada, por cierto, por el concejal del PP Borja Fanjul, bisnieto del general Fanjul que aún goza de un centro de salud con su nombre. 

 
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Iragora
12/11/2020 11:08

Ayuso incumple la Ley de Memoria Histórica y mantiene el centro de salud General Fanjul

PP y Ciudadanos guardan silencio sobre el ambulatorio, después de que Fomento haya decidido quitar el nombre a la estación de Cercanías

MARCOS PARADINAS Miércoles, 11 de noviembre de 2020.

La decisión del Ministerio de Transportes, que dirige José Luis Ábalos, de eliminar la estación de Fanjul de Cercanías en Aluche ha provocado una reacción agridulce entre los partidos políticos de la Comunidad. Tanto PSOE, como Más Madrid y Podemos celebran la medida, al tiempo que lamentan que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no cumpla la Ley de Memoria Histórica y también elimine el nombre de General Fanjul que lleva el centro de salud del barrio y, por ende, la Zona Básica de Salud, división administrativa que ahora todos los madrileños conocen por causa de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, desde el PP y desde Ciudadanos, tanto a nivel local como autonómico -donde gobiernan juntos- dan la callada por respuesta y se niegan tanto a valorar el nombre de la estación como a comprometerse a retirar el nombre del Centro de Salud. 

 

La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, señala en el punto 1 de su artículo 15 que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". En PP y Ciudadanos son conscientes de esta ley porque fue la que le propusieron a Vox que utilizase el Ayuntamiento -en vez de una resolución del Parlamento Europeo- para eliminar del callejero las vías dedicadas a Francisco Largo Caballero, presidente socialista de la II República entre 1936 y 1937, y al ministro Indalecio Prieto. 

Desde la Comunidad de Madrid, última responsable sobre el nombre del centro de salud General Fanjul, la respuesta es el silencio. ElPlural.com ha contactado con la Consejería de Sanidad en tres ocasiones y no ha habido ninguna respuesta. El actual Ayuntamiento nada tiene que ver con el que pidió en 2017 el cambio en el ambulatorio y su última actuación en materia de Memoria Histórica fue la polémica retirada de la placa homenaje de la casa del dirigente socialista, Largo Caballero, a propuesta de Vox. De hecho, desde Vox, el partido que sustenta la coalición del Gobierno de PP y Ciudadanos, son directos respecto a la nomenclatura de Fanjul, tanto en la estación como en el centro de salud, y aseguran a ElPlural.com que “nosotros no somos partidarios de la retirada de nombres, no se puede eliminar la Historia de España eliminando lo que no nos gusta en cada momento histórico”.

 

En el gobierno municipal que dirigen en coalición PP y Ciudanos optan por guardar silencio. El equipo de José Luis Martínez Almeida rechaza valorar el cambio en la estación de Fanjul y, sobre el centro de salud, pasan la bola a sus compañeros de la Comunidad de Madrid, a quien nos remiten para conocer “el estado del expediente”. Por su parte, desde el entorno de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, aseguran que “el Ayuntamiento no tiene nada que decir” sobre el cambio de nombre en la parada de Cercanías, porque “es una competencia de Fomento, no del Ayuntamiento”. Sobre el centro de salud, el silencio es la única respuesta.

 

En el año 2017, la Junta de Distrito de La Latina aprobó dos decisiones. Por una parte, solicitar al Ministerio de Transportes (en aquel entonces, de Fomento, y dirigido por el popular Íñigo de la Serna) eliminar el nombre de Fanjul de la estación de Cercanías. “No recibimos ningún tipo de comunicación de vuelta, ni intención alguna”, señala Esther Gómez Morante, concejala de Más Madrid que presidía entonces la Junta. La otra petición fue la de cambiar el nombre del Centro de Salud General Fanjul para que se llamase Santa Margarita, que se dirigió a la Comunidad de Madrid por ser de quien depende el ambulatorio, “sin ningún tipo de respuesta”.

 

Fin del hilo
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