La causa a Podemos pende de un hilo
- Un juzgado de Madrid investiga desde hace seis meses la presunta financiación ilegal de la formación de Iglesias
Emilia Gutiérrez
Carlota Guindal
Madrid
05/01/2021 06:00
La macroinvestigación a las finanzas de Podemos que arrancó en julio del pasado año ha ido menguando hasta quedar reducida prácticamente a un contrato con una empresa en la campaña electoral de abril del 2019. El juez inició la causa con mucha fuerza con el propósito de destapar una supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias a través de una maraña de tejemanejes con formaciones políticas extranjeras. El globo de la investigación que subió muy rápido se ha ido deshinchando poco a poco.
En diciembre del 2019, la formación despidió a uno de sus abogados, José Manuel Calvente. A partir de ahí, empezaron a publicarse informaciones sobre las presuntas irregularidades del partido. Esas noticias sirvieron para preparar una denuncia del letrado, que había defendido a Iglesias y al partido de aquellas denuncias e investigaciones, que, a su juicio, estaban “cocinadas” por las cloacas del Estado.
Calvente acudió a la Guardia Civil de Barcelona para denunciar una larga lista de presuntas irregularidades y falsedades cometidas por el partido. El atestado acabó en manos del titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid. El 16 de julio, Juan José Escalonilla decidió arrancar una investigación. Lo primero que hizo fue tomar declaración al denunciante.
El letrado acusó al partido de facturar “servicios ficticios” a empresas, fijar sobresueldos en complementos no justificados o mover dinero de “forma opaca”. Habló de cinco contratos para la campaña electoral del 2019 “que podrían ser simulados”. A su juicio, el plan era realizar pagos en otros países, que ese dinero sirviera de microcréditos a Podemos o para pagar a personas que en su día dieron dinero para la formación del partido. Parte de estas tesis, según el propio Calvente, las obtiene de lo que en su día le contó el exgerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón, a quien a su vez se lo habían comentado otras personas, que no identificó. La otra persona que detectó algo extraño en el partido fue la exresponsable de cumplimiento normativo Mónica Carmona.
Batería de diligencias
Lo primero que hizo el juez tras aceptar la denuncia fue acordar 26 requerimientos
Esta declaración sirvió para que un día después el juez acordara hasta 20 diligencias. Requirió toda la documentación sobre la contratación de Neurona Consulting en trabajos de campaña, los contratos con ABD Europa o el funcionamiento de la caja de solidaridad del partido. También reclamó datos sobre #404 Comunicación Popular, la documentación de la “cuenta electoral” de Podemos, todos los movimientos bancarios del partido y de las consultoras y la contratación para la reforma de la sede del partido. Para llegar hasta el fondo de cada una de las cuestiones citó como investigados a una decena de personas entre representantes de Neurona y del propio partido, entre ellos el secretario de organización del partido Juanma del Olmo.
Al día siguiente, 31 de julio, amplió aún más la investigación con otras seis diligencias, reclamando más facturas y nuevas citaciones. En total, Podemos calcula que ha entregado al juez cerca de 1.400 documentos para acreditar que todo lo manifestado por Calvente es una invención promovida por su ánimo de venganza. Una semana después, y tras el análisis de la documentación y oído a Calvente, la Fiscalía intervino. Acusó al abogado de denunciar unos hechos en base a “rumores, sospechas y suspicacias en base a la “clara enemistad” y “animadversión” del denunciante.
La Fiscalía no ve indicios contra el partido
La Fiscalía ha sostenido en varias ocasiones que la única vía de investigación a Podemos es por presuntos delitos electorales o por falsedad por la contratación de Neurona. Por ninguno de ellos el partido puede ser imputado, sino las personas concretas que lo hubiesen cometido, en caso de lograr certificarlo. Sin embargo, apoya que Podemos siga en calidad de investigado en la causa mientras se acaben de practicar las diligencias por si apareciera algún indicio del delito de financiación ilegal por el que le persigue el juez y así poder defenderse con mayor garantías. Podemos, al contrario, recuerda que los “efectos reputacionales negativos e injustificados” que esto le genera. El pasado 20 de octubre, el juez archivó otra pata de la causa, la que tiene que ver con la caja de solidaridad del partido, la presunta caja B, y por la que José Manuel Calvente había señalado a otro destacado dirigente, Rafael Mayoral.
Una semana después, el juez tomó declaración como testigo a la otra abogada que detectó tales deficiencias, quien no pudo determinar ante el juez la existencia de una financiación ilegal. Un mes después, ya en noviembre, el juez interrogó a altos cargos del partido que negaron las irregularidades y defendieron el contrato suscrito con Neurona para el 28-A: los trabajos se hicieron correctamente y los pagos a terceros de esta empresa no eran de su competencia. El juez ahora tiene encima de la mesa toda la documentación remitida por Podemos sobre la reforma de la sede de la formación, como la liquidación de impuestos de la obra , además de todas las nóminas de los trabajadores o su normativa interna. “Tras más de cinco meses de instrucción, la conclusión es clara: se ha fabricado un caso mediático de la nada, y se está estirando una instrucción cuando ya ha quedado acreditado que no hay irregularidad alguna. Como ya ha sucedido con otra docena de denuncias contra Podemos en el pasado, consideramos que procede el archivo de la causa”, advierten fuentes de la defensa del partido morado.
La fiscal dio con la clave: en la denuncia no se ofrece un “mínimo de prueba suficiente para iniciar una investigación tan amplia”. A su juicio, el juez, al dar por buenas las palabras de Calvente y lanzar tal amplia batería de diligencias con el objetivo de levantar las alfombras del partido, lo que está haciendo es una investigación “prospectiva”, una causa general contraria a lo que se espera “en una instrucción judicial en una sociedad democrática”.
Para la fiscal, hay una única cosa que podría revestir indicios de delito, pero no porque lo diga Calvente sino porque ya lo alertó el Tribunal de Cuentas, que es la contratación a Neurona. Según parece esos trabajos pudieron no ser específicamente para la campaña electoral, además que tras esta consultora hay hechos sospechosos, como que se registró en España poco antes de obtener el contrato y que después, con el dinero obtenido, 363.000 euros, una gran parte acabó transferida a otra mercantil.
La causa se reduce
El instructor ha cerrado ya dos acusaciones vertidas por un exabogado del partido
El mismo día que la fiscal entregaba su escrito, el juez dio el primer paso atrás y archivó todo lo que tenía que ver con ABD, al constatar que no eran trabajos ficticios, al contrario de lo denunciado. Y sobre Neurona, pasa a ser una “presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados” en la ley electoral. Y por ello, entendió que se debía investigar a Podemos por un delito de financiación ilegal.
Esta afirmación le permitió al juez abrir una nueva vía contra el partido. Y de ahí comenzó a tirar del hilo sobre los pagos a Neurona. Reclamó a la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional (UDEF) que investigara si Neurona había recibido más transferencias de las fijadas en el contrato. El atestado policial lo desmintió. Ahora, el magistrado quiere saber si los vídeos promocionales elaborados por la consultora fueron reales. Podemos ya ha mandado los trabajos para que certifiquen que se hicieron y se utilizaron en campaña.