Casado culpa al Gobierno del retraso en la vacunación después de reivindicar que es competencia de las comunidades
- El líder conservador subrayó hace apenas una semana la responsabilidad de los Gobiernos autonómicos en la administración de las vacunas para destacar que el Ejecutivo no juega, desde su punto de vista, ningún papel relevante
- Casado exige ahora a Sánchez que coordine un proceso negociado y pactado durante meses por Sanidad con las comunidades siguiendo los criterios establecidos por la Unión Europea
Fernando Varela
Publicada el 06/01/2021 a las 06:00
Los españoles vuelven a mirar al PP con “ilusión y esperanza” porque sus ideas no son “palabrería” sino “más acción útil”. Hace sólo dos semanas que el líder del PP, Pablo Casado, pronunció estas palabras para reivindicar un balance de gestión “creíble, con moderación y transversalidad” en las comunidades en las que gobierna su partido.
El líder de la oposición, sin embargo, ha empezado el año como lo terminó: dando la vuelta a sus mensajes para poder seguir confrontando con el Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado 28 de diciembre exigía al presidente que evitase “vender éxitos que le son ajenos”, en referencia a la llegada y distribución de las primeras dosis de la vacuna de la covid-19, y reivindicaba el papel de las Comunidades Autónomas en la gestión de la vacunación. Pero este martes, a la vista del pobre ritmo con el que se están inyectando los viales, reclamó al Ejecutivo que se hiciese cargo el procedimiento.
“Lejos de intentar vender éxitos que son ajenos, hay que responder a que la logística llegue a tiempo, de forma equitativa a todas las comunidades autónomas, y que los sanitarios que tienen que administrar estas vacunas en los centros de salud administrados por las CCAA tengan todos los medios para hacerlo de forma rápida”, declaró hace apenas una semana. Fue en un acto preelectoral en Cataluña en el que también reivindicó para su partido el éxito de tener ya una vacuna a disposición de los españoles, un logro que atribuye a la “eficaz” gestión de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en aras de la “coordinación europea”, así como al trabajo de los investigadores y la colaboración público-privada y no al del Gobierno, al que echó en cara que las primeras dosis llegaron identificadas con el emblema del Ejecutivo.
Son “las Comunidades Autónomas” las que “administran” la vacuna, sentenció en un tuit en el que afirmaba que el único papel que juega el Gobierno en este asunto es el de la distribución.
Ahora, después de que se haya conocido el pobrísimo ritmo de vacunación implementado por la mayoría de las Comunidades Autónomas, entre ellas las del Partido Popular, Casado ha dado la vuelta al argumento para señalar de nuevo al Ejecutivo.
Primero habló Ana Pastor, responsable del área sanitaria de su partido: “¿Quién va a dar explicaciones convincentes” —escribió en un apunte en Twitter— “de por qué se ha vacunado un porcentaje tan bajo en nuestro país? Las tiene que dar el ministro de Sanidad en el Parlamento con urgencia. Seguimos en pandemia y él es el responsable”, sentenció.
En esa misma línea, e ignorando sus propias palabras en las que reconocía la responsabilidad de las comunidades en la vacunación porque son las que gestionan los centros de salud, Casado exigió este martes al Gobierno que coordine la campaña de vacunación contra el covid-19 y le acusó de esconderse detrás de los Gobiernos autonómicos.
Apenas 24 horas antes y sin saber aún que varias comunidades, entre ellas las del PP, apenas estaban administrando las vacunas que ya tenían, Casado exigía en un acto en Madrid “equidad y eficacia” en el reparto de las vacunas.
“Si se tiene que contratar más personal sanitario, que se haga”, añadió el líder del PP obviando que esa es una responsabilidad de las Comunidades Autónomas, conocedoras desde hace meses de que la vacunación comenzaría con el cambio de año. De hecho no ha sido hasta este martes cuando la Comunidad de Madrid, gobernada por su partido, ha admitido que no tiene personal suficiente para afrontar el plan de vacunación y ha anunciado la privatización del servicio a través de Cruz Roja.
El plan de vacunación
En contra de lo que el líder del PP sostiene, el plan de vacunación español —que después cada comunidad ha adaptado a su territorio— está en vigor desde el 26 de diciembre, cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros a partir de los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial de Salud en septiembre. El documento establece un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar con base en criterios científicos, éticos, legales y económicos. Y establece la logística para la distribución y administración de las vacunas, fija las líneas prioritarias para el seguimiento y evaluación de la vacunación mediante un registro específico para el covid-19 y recoge una estrategia de comunicación dirigida al personal sanitario y al resto de población.
De hecho, la dirección nacional del PP, y en particular la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, centraron sus críticas el pasado diciembre no en el plan sino en el escaso número de vacunas que, en su opinión, iban a recibir por parte del Gobierno los territorios gobernados por los conservadores, sugiriendo así una distribución basada en criterios políticos.
El reparto, sin embargo, se basa en criterios conocidos y pactados tanto en Europa como en el Comité Interterritorial de Salud y tiene en cuenta no sólo el peso poblacional de cada comunidad sino el peso de su población vulnerable.
La distribución será escasa, pero las comunidades siguen sin ser capaces de gestionar la campaña de vacunación pese a que se trata del medio más eficaz para combatir la pandemia. De acuerdo con los datos facilitados por los gobiernos autonómicos este mismo martes, las comunidades del PP se mueven en porcentajes de administración de vacunas que van del 32% de Galicia al 5,4% de Madrid. Andalucia está en un 28,7%, Castilla y León en un 32% y Murcia en el 19,3%.
En conjunto, más de 600.000 de las dosis entregadas por el Gobierno a las comunidades autónomas siguen sin ser administradas a las personas que las necesitan, en su mayoría mayores que viven en residencias y personal sanitario. Hasta la fecha sólo se han inyectado 139.339 viales.