Anticorrupción pide investigar si dos prostitutas fueron coaccionadas para que reconociesen a políticos y menores en orgías organizadas por Cursach
La Fiscalía quiere que se ponga el foco sobre las presuntas coacciones que el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán en aras a lograr declaraciones incriminatorias y asegurarse el éxito de sus pesquisas habrían ejercido sobre dos trabajadoras sexuales.
— Anticorrupción acusa al juez y al fiscal que investigaron al empresario Cursach de efectuar detenciones ilegales y aleccionar a testigos.
Esther Ballesteros
15 de enero de 2021 22:22h
"Salí tan nerviosa del Juzgado que no podía conducir mi vehículo y tuve que llamar para que me recogieran". En septiembre de 2019, una exprostituta relataba en dependencias policiales las presuntas amenazas a las que, dos años antes, se había visto sometida en presencia del juez y el fiscal que investigaron al empresario de la noche Bartolomé Cursach: "Prácticamente no me dejaban hablar. Mis respuestas eran interrumpidas y las preguntas eran confusas e implicaban respuestas". Según manifestó la testigo protegida, los antiguos investigadores del caso Cursach querían que reconociese las fiestas que, según aquellos, había costeado el magnate mallorquín con la presencia de políticos, policías, prostitutas y menores con el objetivo de ganarse el favor de las altas instancias.
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción, mediante un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, quiere que se ponga el foco sobre las presuntas coacciones que el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán habrían ejercido no solo sobre esta mujer sino también sobre otra trabajadora sexual y dos testigos más en aras a lograr declaraciones incriminatorias y asegurarse el éxito de sus pesquisas, en la actualidad duramente cuestionadas por hasta ocho informes policiales y una multitud de mensajes de Whatsapp.
Los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, personados en la causa que investiga las prácticas supuestamente ilegales cometidas durante la instrucción del caso Cursach, han decidido ampliar su recurso contra el auto con el que, el pasado 1 de diciembre,el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, tumbó los delitos más graves que pesaban sobre Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales con los que trabajaban codo con codo. Entre ellos, los relativos a las presuntas presiones que habrían ejercido sobre varios testigos protegidos para que estos, con sus manifestaciones, reforzaran sus investigaciones.
Mientras el Ministerio Público da un paso más allá con vistas a que Penalva y Subirán puedan ser juzgados por tales hechos, el magistrado Gómez mantiene el pulso contra Anticorrupción y las distintas acusaciones particulares de la causa y, en un auto dictado este mismo viernes,se reafirma en los alegatos que expuso en diciembre para dejar a las puertas del banquillo a juez y exfiscal tan solo por haber presuntamente filtrado información a la prensa cuando el caso Cursach se encontraba bajo secreto de sumario.
En la resolución,Gómez mantiene la inexistencia de indicios de que Penalva y Subirán utilizasen pruebas falsas para sacar adelante sus investigaciones y allanar futuras condenas e insiste en que ambos tenían "plena convicción" de que los distintos testigos que desfilaron ante ellos "decían la verdad", por lo que descarta de plano que estos fuesen dirigidos y aleccionados.
Tras el pronunciamiento de Gómez, será el TSJIB el que, en próximas semanas, se pronuncie acerca del rumbo que debe seguir la causa y dilucide –en contra de la postura de su propio presidente–si los dos juristas y los cuatro policías deben ir a juicio no solo por las presuntas filtraciones sino también por, supuestamente, guiar las comparecencias de los testigos protegidos, retrasar de forma intencionada la práctica de varias declaraciones testificales o prolongar el encarcelamiento de varios investigados con el objetivo de presionarles.El órgano judicial también determinará, en ese caso, si los propios testigos deberán acompañarles en ese periplo procesal.
En contra de lo manifestado por el presidente electo de la máxima instancia judicial de Baleares, los fiscales Herranz y Bermejo insisten en sus tesis y apuntan a que las comparecencias de los testigos protegidos"fueron convenientemente guiadas" por los antiguos investigadores del caso Cursach. Según aducen, existen indicios "de fuerza probatoria suficiente"que acreditarían que "las coacciones a los testigos" eran "una práctica habitual"por parte del juez Penalva y el exfiscal Subirán.
De hecho, recogen en su ampliación de recurso diversas conversaciones de Whatsapp mantenidas por ambos juristas y los cuatro policías en el chat que todos ellos mantenían abierto en paralelo a las investigaciones contra el empresario Cursach y los agentes de la Policía Local de Palma que, supuestamente, le otorgaban protección.
"Empezó mal, pero la estamos enderezando (...) No sabía nada de putas en el piso y ahora ya hay putas", comenta en un momento dado el inspector de Blanqueo que formaba parte del grupo. En una conversación fechada el 21 de agosto de 2017, el policía se estaba refiriendo, en concreto, a la declaración que en ese instante estaba prestando una de las exprostitutas con cuya comparecencia los investigadores querían apuntalar la existencia de orgías costeadas por Cursach en el piso en el que ella vivía.
La propia meretriz, dos años después, recordó que la declaración fue "muy dirigida y tensa" y cómo durante la misma le repetían "hasta la saciedad que tenía que decir la verdad sobre calle Catalunya", en la que estaba ubicada la vivienda. Según manifestó entonces, le advertían de forma continua de que si no reconocía los hechos llamarían a su madre para decirle que su hija era prostituta. La declarante aseguró que la transcripción de su declaración, que no leyó ni firmó, había sido manipulada y arrojaba "interpretaciones contrarias a la realidad".
La otra de las trabajadoras sexuales a la que presuntamente presionaron los antiguos investigadores aseguró, también en sede policial, que nunca había afirmado ante Penalva y Subirán que en las fiestas a las que había acudido hubiese menores de edad, prostitutas, policías y políticos. De hecho, recordó que en una de las ocasiones vio a "un grupo de hombres trajeados y con aspecto de gente importante, si bien no sé si eran políticos o empresarios o qué eran en realidad, ya que no hablé con ellos". La testigo relató que sus interrogadores le indicaban que debía acordarse, que había fotos y que tenía que colaborar.
Amenazas de detención a una de las prostitutas
En su escrito, los fiscales de Anticorrupción aluden a los indicios de manipulación a la que habrían sido sometidas ambas prostitutas, con amenazas de detención incluidas en el caso de una de ellas por parte del fiscal Subirán. Es más, apuntan a otro extracto de conversación de Whatsapp en el que uno de los policías investigados señala que la encargada de uno de los burdeles en los que ejercieron las testigos "es importantísima, aunque solo sea para reconocer a Rodríguez y a Gijón en un puso de prostitución", en referencia al expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y al exdiputado de la misma formación Álvaro Gijón. Tras ello, el agente insta a Penalva y a Subirán: "Si no lo dice, hablad con Dani que la meta caña", en alusión a otro de los testigos protegidos clave del caso Cursach.
En otro intercambio de mensajes, el juez Penalva insta a los policías integrantes del chat a cerciorarse de que los testigos, "antes de declarar, se estudien bien sus declaraciones anteriores (a cuyo efecto se les remite por correo electrónico)" y se les exhiba el álbum de policías locales a quienes habían reconocido en comparecencias anteriores "para que no nos líen, y también de Navarro [exconcejal de Seguridad Ciudadana de Palma> y Gijón".
Los fiscales recuerdan, en este sentido, las conclusiones alcanzadas durante los últimos meses por la Policía Nacional al analizar el contenido del chat de Whatsapp: "La conclusión a que estos llegan de que esa forma de proceder para practicar unos reconocimientos pervierte la propia razón de ser de la diligencia procesal es perfectamente compartible por cualquier operador jurídico", sentencian.