Yolanda Díaz: "El Gobierno coincide con Bruselas en que, por fin, hay que corregir las disfunciones del mercado laboral que nos hacen profundamente desiguales"
"Estamos de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea", ha dicho la ministra de Trabajo antes de reunirse con el Ejecutivo comunitario en Bruselas: "España tiene un problema de precariedad, de temporalidad, de segmentación del mercado de trabajo, de dualidad"
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El comisario de Finanzas europeo, Paolo Gentiloni; el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y el embajador de España ante la UE, Pablo García-Berdoy, el 17 de diciembre en la Comisión Europea.
Andrés Gil
Corresponsal en Bruselas —17 de diciembre de 2020 11:59h
3@andresgil
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado este jueves a Bruselas para reunirse con la Comisión Europea.
Es su primera visita presencial, y llega en medio de las conversaciones entre eL Ejecutivo comunitario y el español para apuntalar los planes de reforma y reconstrucción que se traducirán en 140.000 millones de euros para España en los próximos años –72.000 en transferencias y 68.000 en créditos–.
De ese dinero, el Gobierno español ha incluido hasta 27.000 millones en los presupuestos de 2021.
La reunión de Díaz con el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, y el de Empleo, Nicolas Schmit, también llega en un momento en el que se han evidenciado diferentes opiniones entre los ministros de UP y los del PSOE sobre la revalorización del SMI para 2021 –con Pedro Sánchez y Nadia Calviño, por ejemplo–; sobre la ampliación de los años para el cálculo de las pensiones –con José Luis Escrivá, por ejemplo– o las reformas del mercado laboral –también con Calviño–.
En este sentido, Díaz ha afirmado antes de entrar en la Comisión Europea que las conversaciones abordarían "la manera de corregir los elementos de disfunción que operan desde hace más de 36 años en el mercado de trabajo: el paro, la temporalidad y la precariedad son absolutamente distorsionadores en el mercado de trabajo".
En relación con la reforma del mercado laboral, que tiene que enviar el Gobierno a Bruselas en las próximas semanas.
Trabajo entiende que el marco legal se derogará íntegramente de "facto" pero que, dada la complejidad para crear un cuerpo normativo alternativo, el procedimiento se abordará en dos fases.
La primera y más urgente, la que afecta a los aspectos más lesivos, incluye derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad (que ya ha sido aprobado), la anulación de las limitaciones del ámbito temporal del convenio colectivo y la suspensión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales.
Sin embargo, según publicó
El País,
"el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, aboga por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales —en plata: menos poder de negociación para los sindicatos—. Diluye así el pacto de coalición y ha causado un choque entre Economía y Trabajo, además de malestar en los sindicatos".
Este lunes, el ministro Escrivá anunció también que el Gobierno penalizará el abuso de la temporalidad de aquellas empresas que rescinden los contratos a sus trabajadores antes del fin de semana o de las vacaciones para no pagar sus retribuciones y las cotizaciones sociales a la Seguridad Social en estos periodos.
Escrivá destacó que los datos de la afiliación a la Seguridad Social diarios evidencian un alto grado de rotación de los contratos de trabajo de viernes a lunes, de empresas que dan de baja a sus empleados "para no pagar las cotizaciones de sábado a domingo o durante las vacaciones".
La temporalidad excesiva es uno de los problemas enquistados del mercado laboral español desde hace años, pero en los últimos ejercicios se ha acentuado la más precaria, es decir, aquella que se basa en contratos temporales muy cortos. Los inferiores a siete días de duración se duplicaron respecto al inicio de la crisis y aquellos de entre 7 y 15 días de duración son los siguientes que más crecieron.
"Estamos de acuerdo con las recomendaciones de Bruselas en relación con el mercado laboral", ha insistido Díaz: "Nos señalan que España tiene un problema de precariedad, de temporalidad, de segmentación del mercado de trabajo, de dualidad. No podemos estar más de acuerdo en el Gobierno de España. Por eso, por fin, después de 36 años, nuestro país va a comprometerse en reformular y tomar medidas para corregir estos efectos. Llevamos desde el año 84 con múltiples planteamientos que han permitido que tengamos niveles de temporalidad insoportables. Esto es lo que dice la Comisión Europea y el Gobierno de España no pude estar más de acuerdo".
Hace tres días, el ministro de Inclusión anunció que el Gobierno creará una penalización por rescindir contratos en fines de semana y vacaciones para no pagar cotizaciones y defendió que es "intolerable" este abuso de los contratos temporales, para el que la Seguridad Social está estudiando una "tasa" que sancione a las empresas.
La ministra de Trabajo ha dado algún dato: "Somos el único país en Europa que tiene estos niveles de temporalidad en el año 2019. Tenemos un total de 6 millones de contratos, de los cuales la mitad de ellos están por debajo de 7 días de duración. Cada semana formalizamos más de 6 millones de horas extraordinarias, de las cuales el 42% no se retribuye. El Gobierno de España coincide con la Comisión, en que por fin, después de 36 años, hay que corregir esos elementos que nos hacen profundamente desiguales".
"La dirección es muy clara", ha proseguido, "no sólo la Comisión, el Fondo Monetario Internacional le está diciendo con claridad a España que tiene que avanzar hacia modelos laborales que se fundamenten en la estabilidad en la contratación laboral. ¿Qué quiere decir? Tenemos una panoplia de modalidades contractuales que ya les anticipo ha de ser simplificada sin lugar a dudas, y ha de asemejarse a los países de nuestro entorno. Lo que tenemos que hacer es emprender cambios legislativos que vayan en la línea adversa a lo que desde el año 84 ha pasado en nuestro país".
En cuanto al salario mínimo, asunto que también está en disputa y cuya subida para 2021 la ministra defendió el miércoles como "de justicia", ha afirmado: "Estamos trabajando en el diálogo social. Y hoy mismo vengo a apoyar con el comisario Schmit que despleguemos con eficacia la directiva que regule los salarios mínimos en el conjunto de la Unión".