El Constitucional rechaza proteger okupas y limitar alquileres de vivienda por decreto
El PP presentó este recurso al considerar que el decreto ley aprobado por el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada y no respeta un derecho fundamental que se aplica en toda España
JOAQUÍN HERNÁNDEZ
PUBLICADO 28/01/2021 16:21ACTUALIZADO28/01/2021 16:42
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado en diciembre en 2019 por la Generalitat, que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda y que abría la puerta a la limitación de los precios del alquiler aprobada luego también por decreto en pandemia.
El tribunal de garantías ha declarado por unanimidad la inconstitucionalidad del decreto de vivienda de Cataluña, que fue recurrido por más de 50 diputados del PP en el Congreso, en una sentencia que tiene efecto inmediato, avanzó la Agencia Efe.
El principal argumento tiene que ver con una cuestión formal por la insuficiencia del cauce legal empleado, esto es por haberse aprobado por decreto y no por ley.
Según las fuentes de la agencia estatal, el tribunal contempló la posibilidad de aplazar esta sentencia para evitar problemas en plena campaña electoral catalana pero finalmente acordó ejecutarla y anular el decreto catalán.
Paraíso 'ocupa'
El PP presentó este recurso al considerar que el decreto ley aprobado por el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada y no respeta un derecho fundamental que se aplica en toda España.
Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid señalaron a este medio que el eventual fallo del Alto Tribunal augura un obstáculo al freno del control de precios catalán hecho por decreto durante la pandemia así como también, respecto al último decreto del Gobierno que ha suspendido los lanzamientos de habitantes sin título de las viviendas (siempre que sean colectivos que puedan acreditar su vulnerabilidad económica), incluso cuando utilizaran la fuerza para entrar en ellas mientras no estuvieran habitadas.
"Es posible que su pronunciamiento pudiera servir para anular también los decretos leyes del Gobierno sobre desahucios", han señalado a este medio fuentes de la Comunidad de Madrid.
"No permitiremos que Cataluña se convierta en una especie de paraíso 'ocupa' inédito en el resto de Europa, y a la vez en un infierno tanto para los propietarios como para aquellas familias que no ocupan ningún piso, que no tiran ninguna puerta sino que esperan pacientemente en las listas de espera de vivienda social", aseguró en junio pasado el líder del PPC, Alejandro Fernández.
Meses antes, el Consejo de Garantías Estatutarias consideró inconstitucional esta normativa, en un dictamen emitido a requerimiento de Ciudadanos (Cs), después de que el Parlament diera luz verde al decreto de ley impulsado por el Ejecutivo catalán.
El Consejo de Garantías, un órgano consultivo cuyos dictámenes no son vinculantes, basó su conclusión en que la "ocupación ilegal" de una vivienda no supone a la práctica "un título de acceso a la posesión" y que la obligación de ofrecer un alquiler social comportaría imponer un "contrato forzoso".