La confesión de Bárcenas, párrafo a párrafo
- La declaración del extesorero del PP muestra la línea que une los sobresueldos en negro, la caja B, las presiones a los jueces, las mordidas de la obra pública, la cloaca policial, el secuestro de la familia Bárcenas y la manipulación del mayor atentado terrorista de la historia de España
Ignacio Escolar
3 de febrero de 2021 22:37h
"LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ, con DNI (XXXX) y con domicilio en (XXXX) de Madrid, MANIFIESTA:
1.- COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA
Mi voluntad de colaborar con la Justicia en los distintos procedimientos a los que haya lugar, tanto en la presente pieza ‘INFORME UDEF.BLA No 22.510/13’, como aquellas otras que estén pendientes de enjuiciamiento o en plena instrucción".
Bárcenas tira de la manta y lo hace en un mal momento para el Partido Popular. Y no solo porque estemos en campaña electoral.
El próximo lunes empieza el juicio de la pieza "No 22.510/13"; más conocido como el juicio de la caja B. Allí se decidirá sobre algo muy concreto y muy pequeño, en relación a todo lo que ha ocurrido en estos años en el PP: si el partido pagó en negro las obras de reforma de su sede.
En ese juicio, en el banquillo de los acusados, no estará Rato. Ni Cascos. Ni Acebes. Ni Arenas. Ni Cospedal. Ni ningún otro entre los muchos dirigentes del PP que todos los indicios apuntan que cobraron sobresueldos en negro de esa caja B. Solo se juzga al extesorero –Luis Bárcenas– al gerente –su segundo, Cristóbal Páez– y al arquitecto que cobró el dinero negro del PP. Aznar y Rajoy tendrán que declarar, pero solo como testigos.
También hay un responsable civil: el Partido Popular. Que se juega una nueva condena por corrupción, aunque sus principales dirigentes no hayan sido siquiera imputados por todo lo que pasó.
"En el presente escrito sólo hago referencia a los hechos referidos a la pieza: ‘INFORME UDEF.BLA No 22.51O/13’, sin perjuicio de los que, posteriormente, pueda presentar en las piezas que corresponda al fin de colaborar con la Justicia".
Esas otras piezas de las que habla Bárcenas pueden tener aún más gravedad para el PP que el juicio de la caja B. Hablamos de la Púnica, de la segunda parte de la Gürtel, de la Operación Kitchen y especialmente de la investigación abierta en la Audiencia Nacional que intenta acreditar algo que Luis Bárcenas apunta en su confesión: que una parte de esos "donativos" de constructores al PP eran a cambio de obras públicas que adjudicó el Gobierno de Aznar.
"Quiero poner de manifiesto que esta colaboración ya partió con mi primera declaración de 15 de julio de 2013, que pudo ser más amplia, más no lo fue siguiendo la recomendación del que entonces era mi abogado".
En aquel momento, su abogado era Javier Gomez de Liaño. Ya era el segundo que lo defendía. Los primeros –Miguel Bajo y Alfonso Trallero– lo abandonaron cuando entró en prisión y empezó a amenazar, por primera vez, con tirar de la manta. Después supimos que, en esos años, el PP pagó más de un cuarto de millón de euros a Miguel Bajo.
"A esto tengo que añadir, que mi segunda declaración en la pieza de los papeles, no se compadece con esta línea de colaboración, toda vez, que, con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar –a través de intermediarios– de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia del dictado de la sentencia de la pieza de Época l.
De hecho, ya hice constar en mi declaración del 15 de julio que había recibido presiones con el fin de guardar silencio y no incriminar, ni manchar el buen nombre del que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiese entrar en prisión".
"Si hablas, tu mujer irá a prisión: si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso". La amenaza le llegó a Luis Bárcenas la primera vez que fue encarcelado, en la primavera de 2013, en un locutorio para visitas de la cárcel de Soto del Real. Fue después de que Bárcenas amagara por primera vez con destapar la verdad sobre la financiación ilegal del PP. El recado le llegó a Bárcenas, según su versión, a través de dos abogados muy cercanos al Partido Popular.
El PP no cumplió su compromiso con Luis Bárcenas. Cayó Gallardón como ministro de Justicia, pero la Gürtel no se anuló. Luis Bárcenas está cumpliendo una condena de 29 años de cárcel –y aún le quedan más sentencias por llegar–. Y su mujer ha entrado, hace escasos meses, en prisión.
Luis fue fuerte, como le pidió Rajoy en aquel famoso SMS, pero el PP no cumplió. Aunque nadie puede negar que sus dirigentes no se esforzaron en el empeño. En varias ocasiones el PP intentó anular las pruebas y después la condena de la Gürtel. Sacaron de la carrera judicial al primer juez que investigó el caso –Baltasar Garzón–. Y durante años, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –de mayoría conservadora, dominado por los vocales nombrados por el PP de Rajoy– mantuvo a un juez en precario, Pablo Ruz, al frente de la investigación de este importante caso de corrupción.
A Ruz le renovaban la plaza desde el CGPJ cada seis meses, hasta que decidió ordenar un registro en la sede del PP. Tras ese atrevimiento, Ruz tuvo que abandonar la Audiencia Nacional y regresar a otro juzgado más modesto, en Móstoles. Un mensaje muy clarito, para toda la carrera judicial: ya sabes lo que hay que hacer para ascender.
Luis fue fuerte, mientras Rajoy cumplió su parte del trato. Ese "hacemos lo que podemos" que el entonces presidente le prometió por SMS. Fue un empeño metódico y muy eficaz.
Entre otros ejemplos, el CGPJ también maniobró para apartar al juez más incómodo para el PP –José Ricardo de Prada– de la decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas entraba en prisión tras la primera condena, aún no firme, de la Audiencia Nacional.
El voto de calidad de Carlos Lesmes –presidente del Supremo y ex alto cargo con Aznar– desempató en el CGPJ para que De Prada no pudiese estar en el tribunal que iba a decidir si la mujer de Bárcenas entraba en prisión en 2018. Gracias en parte a esa decisión, la mujer de Bárcenas se libró por unos años. Y el PP, por un tiempo, también respiró.
"El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión, me hizo creer, inocentemente, en la promesa –por parte del Partido Popular– que unos meses después a esta primera declaración de 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que ya se habían iniciado.
De ahí que firmara –podíamos llamar– ‘la paz’ con dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular".
En septiembre de 2016, Luis Bárcenas retiró la acusación contra el PP por la destrucción de sus discos duros. En aquel momento Bárcenas argumentó que lo hacía también por España: para facilitar la investidura de Rajoy, que finalmente logró con la abstención del PSOE tras dos elecciones.
Gracias en parte a esa decisión de Bárcenas –y a la posición de la Fiscalía que atacó la credibilidad del extesorero por sus cambios de versión–, el PP se libró de otra condena. El partido y tres de sus empleados estaban acusados de destruir pruebas. El juez Ruz le había pedido al PP que entregara en el juzgado los ordenadores de Bárcenas y el PP los mandó… después de que los informáticos del partido se encargaran de que no quedara rastro de su contenido. También ellos fueron absueltos en el juicio.
"Si me hubiera podido quedar ánimo de guardar silencio por lo que alguien podría llegar a entender como una lealtad mal entendida, lo cierto es que me ha resultado desalentador el conocimiento de los hechos que están siendo instruidos en el Juzgado Central 5 de la A. N., en concreto en la operación Kitchen, que revelan el montaje de seguimientos y vigilancias ilegales –no acordadas judicialmente– e incluso, con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales.
Estas actuaciones han llegado hasta el punto de lograr la sustracción de documentación sensible al Partido Popular, de la que es buen ejemplo el robo en el estudio de mi mujer donde desaparecieron pendrives y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza y a otras que están siendo investigadas en otras piezas.
A esto hay que añadir, nada menos, que el secuestro y las amenazas de muerte sufridas por mi familia, en nuestro propio domicilio familiar, por el llamado falso cura, que pueden dar una buena idea de la presión y sufrimiento que venimos padeciendo durante todos estos últimos años".
Bárcenas se refiere aquí a la llamada Operación Kitchen: esos seguimientos ilegales que organizó la cloaca del Ministerio del Interior, con Villarejo al frente de la operación, para encontrar y destruir las pruebas que Bárcenas y su familia guardaban contra el Partido Popular. Entre otras lindezas, ese confidente policial disfrazado de cura que secuestró a punta de pistola a la familia de Luis Bárcenas en su propia casa al grito de "dónde está el puto pendrive".
Las evidencias que ha encontrado la investigación judicial sobre este asunto son bastante abrumadoras. Entre otras, la confesión de uno de los protagonistas de ese operativo, el ex número dos de Interior, que mira su futuro en el espejo de Luis Bárcenas, hoy en prisión. La moraleja es obvia: los pactos de silencio con el PP no suelen acabar bien.
"Llevo privado de libertad casi cuatro años y medio, y esta situación hace que uno piense en los errores que he podido cometer en la vida, el mal que he podido inferir a la sociedad fruto de una España en la que todo valía. Soy consciente de estos errores, y del dolor infringido [sic> a mi mujer y mi hijo. Un sufrimiento de los que no son merecedores.
Todas estas circunstancias me han llevado a presentar este escrito y ofrecer mi colaboración con la justicia".
A efectos judiciales, esa colaboración llega un poco tarde. Puede ser un atenuante para las causas que aún tiene pendientes, pero no le va a librar de pasar una larga condena en prisión. Ni a él ni tampoco a su mujer.
"He de decir, que desde el año 1982 –que se describe en mi escrito de defensa con referencia a los diferentes periodos– existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos, y que en lo que afecta a los hechos que se enjuicia en esta pieza, parten del periodo de 2004 a junio de 2008, siendo ya: Presidente, D. Mariano Rajoy; Secretario General, el Sr. Aceves [sic>; y tesorero, D. Álvaro de Lapuerta".
Han leído bien: 1982, hace casi cuatro décadas. La caja B del PP existe desde que el partido se llamaba AP; de toda la vida. Hoy Luis Bárcenas lo confiesa por escrito. Pero es un dato que los lectores de elDiario.es ya sabían. Conviene repasar esta investigación que publicamos en 2015, hace ya seis años, cuando accedimos a los papeles de Naseiro: la primera caja B.
"En el ejercicio 2007, existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela –contabilidad B– por cuantía de unos 500.000 €, y en el ejercicio 2008, de algo más de 1.000.000 €, de los que se destinaron, en torno a 900.000 €, con cargo a aquellos fondos –B– a la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova número 13.
Estos fondos –caja B– se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, que básicamente, y para evitar innecesarias repeticiones, son las que constan en el auto de apertura de juicio oral, a la página 34 a 37".
Son las siguientes empresas: Sando, Azvi, OHL, Sacyr-Vallehermoso, Constructora Hispánica, Aldesa Construcciones, FCC, Construcciones Rubau, Degremont Ibérica, Cyopsa-Sisocia, Romero Polo, Copasa, Licuas, Bruesa, Urazca, Sorigue-Acsa y Sedesa.
"Estos donativos se realizaban con entregas realizadas en metálico que se hacían directamente a Álvaro de Lapuerta, estando yo presente en algunas de ellas.
El motivo por el cual Álvaro percibía directamente estos donativos era porque se trataba de persona de la máxima confianza del Partido y la persona designada de poner en conocimiento –si fuera el caso– al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública".
Álvaro Lapuerta también quiso tirar de la manta. Fue solo unos días antes de que tuviera un sospechoso accidente, a la puerta de su domicilio, en circunstancias que su propia familia calificó como "extrañas", y que llegó después de que el extesorero del PP recibiera amenazas si no se callaba "Tu tienes 95 años y te vas a morir pronto, pero piensa en tus hijos", le dijeron por teléfono a Lapuerta. Es una larga historia que ya conté en su momento y que hoy conviene repasar.
"Es cierto, que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo, por finalista, como contraprestación por porcentaje a la adjudicación de obra o servicio público adjudicado (...) Pero también es cierto, que tal y como se recoge en el auto de apertura de juicio oral, las principales donaciones procedían de entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
Este dato que hoy apunta Bárcenas es muy revelador. Porque si las adjudicaciones respondían a "importantes obras públicas" hablamos de cohecho, un delito mucho más grave que la simple financiación ilegal.
Entre todos los constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas recibieron más de 6.600 millones de euros en contratos públicos durante esos años. Y muchas de esas adjudicaciones coinciden en el tiempo con esos "donativos" a la caja B.
Otra confesión, la de Francisco Correa, explica el asunto con total claridad.
En el año 1996, según Correa, Luis Bárcenas le contactó para ejercer de "intermediario o interlocutor ante los empresarios de obra civil". "Cuando se producía una adjudicación los empresarios me entregaban, siempre en efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a Luis Bárcenas, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2% o 3% dependiendo del importe".
Ese "2% o 3%" de la "obra civil" es muchísimo más dinero que el que aparece en la caja B del PP. Cabe preguntarse dónde está. Pero es una cuenta fácil de explicar. Si a Correa, que movía los maletines, le encontraron en Suiza 18 millones. Y a Luis Bárcenas, que representaba al partido, le encontraron 48 millones. ¿Cuántos millones pudo guardar en Suiza quien decidía los contratos y sin cuya ayuda no habría comisión alguna que cobrar?
"Parte de estos donativos no se recogían en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas con la finalidad de poder destinarla a otros fines, –que seguidamente se dirán– con el fin de poder sustraerlas al control del que aquel Tribunal era competente".
Traducido: parte de ese dinero se gastó en la campaña electoral de forma ilegal. Porque el PP –conviene recordarlo– ha hecho trampas en todas las elecciones con dinero negro desde que se fundó hasta que le pillaron.
"Al fin de esta ocultación no se registraron dichas donaciones en la contabilidad oficial conforme prevenía la legislación, tomando el nombre, el DNI y demás datos identificativos, así como el importe de la donación.
En muchas ocasiones, este dinero era ingresado en efectivo, fraccionando las cantidades en tantos abonos como fuesen necesarios para no superar la cuantía de 60.000 €, y en otras ocasiones, era indiferente que se superara, incluso, el citado límite".
En aquellos años, 60.000 euros era el límite a partir del cual los bancos tenían la obligación de comunicar a las autoridades el ingreso, por si se trataba de un blanqueo. A juzgar por el testimonio de Luis Bárcenas, no parece que cumplieran esta norma con demasiado rigor.
"Estas entregas eran realizadas en la sede de Génova 13, en concreto, en el despacho de Álvaro de Lapuerta y en ocasiones en los restaurantes donde se quedaba con el donante, principalmente empresarios –como ya he dicho anteriormente– que contaban con importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos.
Los donantes no pedían que se extendiera ningún recibo, y en todo caso Álvaro apuntaba estas entregas en tarjetas de visita para su constancia".
No había recibo porque nadie esperaba desgravar esa donación, y porque el dinero probablemente tampoco salía de la contabilidad oficial de esos generosos constructores.
"De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto que a principios del 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que le mostré los papeles de esta contabilidad B espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo".
Esa reunión con M. Rajoy fue determinante. Porque de ella Luis Bárcenas salió sin los originales de la contabilidad en B, pero conservó su sueldo, su chófer y su secretaria. Pocos meses después, el PP forzó su dimisión, tras haber sido imputado por la Gürtel. Pero no fue hasta 2013 –cuatro años más tarde, cuando se fue de la lengua por primera vez– cuando Luis Bárcenas dejó de cobrar del PP.
"De hecho, cuando comenzó a salir este escándalo, con el fin de protegerme ante posibles acontecimientos futuros, y ante mi desconfianza por el comportamiento que estaba teniendo en ese momento Dolores de Cospedal. Se da la circunstancia que uno de los comisarios Gómez Gordo a resultas de la instrucción en la operación Kitchen, mantuvo contacto con José Manuel Villarejo en relación a los papeles y pendrives que presuntamente se habían robado en el estudio de mi mujer y que junto a la documentación intervenida corroboran estas afirmaciones".
El comisario Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal. Y junto a Villarejo, según la investigación judicial, lograron robar una parte de la información sensible que Luis Bárcenas guardaba sobre el PP infiltrando a un chófer en su familia. Cabe preguntarse si algún día, en algún sitio, esa información aparecerá.
"En lo que se refiere a los donativos, parte de los mismos, en tomo a la 1.200.000 terminaron ingresándose en el Banco Victoria y en el Banco Popular, mientras que otras cantidades, que se iban percibiendo, quedaban depositadas en la caja fuerte que se encontraba situada en mi despacho de la calle de Génova".
Una parte del dinero se guardaba en una caja fuerte en la sede del PP. Pero 1,2 millones de euros en efectivo se ingresaron en las cuentas que tenía abiertas el PP en el Banco de Vitoria y del Banco Popular. Curiosamente, a nadie de estas sucursales le escandalizó que estos políticos llegaran cada tanto con un montón de dinero en billetes no consecutivos.
"Las cantidades que se ingresaban en esta caja fuerte eran acordadas y gestionadas por Álvaro Lapuerta, interviniendo en esta gestión en el sentido de control de los ingresos y salidas, en relación a la previsión de los gastos a los que hubiera que atender para el Partido Popular, qué en concreto, fueron: 2.1 Salidas con destino al pago de retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones para personas vinculadas con el Partido Popular".
Los famosos sobres con grandes cantidades de billetes en dinero negro que cada tanto repartía Lapuerta entre los principales dirigentes del PP a modo de sobresueldo.
"Las personas que recibieron estos complementos salariales fueron en concreto: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Aceves [sic>, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo."
Dos de ellos aún siguen en política. Javier Arenas es senador. Y Pío García Escudero también, y además preside el PP de Madrid.
"Estas entregas eran realizadas, personalmente, por don Álvaro –y en ocasiones por mí–, con mi conocimiento, por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte situada en mi despacho, con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente".
Entre los nombres que hoy recuerda el extesorero del PP hay algunas omisiones importantes. La de Jaime Mayor Oreja, que cobró algo más de 70.000 euros de la caja B, según los papeles de Bárcenas.
Tampoco aparece José María Aznar.
Sí están registrados en esos papeles pagos importantes a un un tal "J.M." que no se sabe quién es. Hasta ahora, Luis Bárcenas no lo ha querido aclarar.
"Existe una grabación en poder de persona –que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal– que yo he escuchado, en la que Álvaro de Lapuerta en una conversación grabada por esta persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".
Seguro que será interesante de escuchar.
"2.2) Ingresos no declarados por obras ejecutadas en la sede del Partido Popular.
En el ejercicio de 2006 el Partido Popular destinó unos 600.000 € de los fondos percibidos por los donativos no contabilizados al pago de las obras de remodelación. Obras que fueron desde el año 2005 hasta el año 2010, de manera que en el ejercicio 2008 se destinaron a este fin una cantidad aproximada a los 900.000 €".
Es esa reforma de la sede del PP en la calle Génova que se pagó con el dinero negro. Y que el lunes se empieza a juzgar.
"Estas obras fueron ejecutadas por la empresa Unifica.
La ejecución de las obras se negoció con Unifica, en cuanto a las condiciones y forma de pago, en reuniones en las que participaron, por un lado, Álvaro y yo, y por Unifica, González Urquijo.
Unifica es la empresa constructora que reformó la sede. Y Gonzalo Urquijo, el arquitecto que se ocupara de ella, y que también va a ser juzgado.
"En estas negociaciones se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja B, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de en torno a un 10%.
Para llevar a cabo el pago de estas cantidades, y de acuerdo con lo convenido, se elaboraron durante el desarrollo de la obra, diversos documentos como: certificados de obra, facturas y proyectos, en los que se omitieron e hicieron constar datos que no correspondían a la realidad, al fin de pagar con el metálico procedente de la caja B parte de la ejecución de estas obras.
Estos pagos, en consecuencia, no se contabilizaron, ni se declararon a Hacienda por parte del Partido Popular".
Entre otras obras y mobiliario, los donativos ilegales en negro sufragaron hasta el plasma desde el que Mariano Rajoy compareció ante la prensa para negar que en su partido tuviera una caja B.
"En lo que afecta a la suscripción de acciones de Libertad Digital S. A. por Álvaro de Lapuerta, por importe aproximado de 140.000 € que tuvo lugar a finales de 2004, dicha suscripción se realizó por parte de Álvaro con los fondos procedentes de la caja B, que me pidió se los facilitara, y así hice, de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho.
El motivo por el cual se suscribieron estas acciones fue a consecuencia del aumento de capital social que se realizó por Libertad Digital S. A., y por razón, de que este medio de comunicación resultaba afín a las ideas del Partido Popular, y especialmente, a las tesis de autoría de ETA en los atentados del 11 M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de estas acciones".
No es la primera vez que Luis Bárcenas confiesa que la caja B también sirvió para financiar al periódico digital de Federico Jiménez Losantos. Una historia que, en 2009, ya conté.
Sí es la primera ocasión en la que Luis Bárcenas aclara la principal razón de ese generoso apoyo a Losantos por parte del PP. Su medio fue clave en la teoría de la conspiración del 11-M, esa abyecta manipulación periodística con la que la derecha intentó culpar al PSOE de ese atentado terrorista, y negar sus mentiras en los días previos a la jornada electoral.
Todo valía con tal de mantener el poder y aprovecharse de él. Porque esa línea que une los sobresueldos en negro, la caja B, las presiones a los jueces, las mordidas de la obra pública, la cloaca policial para lograr la impunidad, el espionaje a Bárcenas, el secuestro de su familia y la manipulación del mayor atentado terrorista de la historia de España tiene una explicación común: una falta de escrúpulos casi imposible de superar, una ambición pantagruélica, una absoluta sensación de impunidad.
"Esa España en la que valía todo", como hoy confiesa el extesorero del PP.
Lo de menos es Bárcenas. Lo grave es todo lo demás.