Pozuelo de Alarcón, Social, Madrid
La derecha tumba la proposición de ley de residencias asegurando que va en contra de "las residencias privadas”
Jueves 11 de febrero de 2021, 17:11h
La Asamblea de Madrid ha rechazado tomar en consideración la ley de residencias presentada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-IU Madrid en Pie, cuyos objetivos principales partín de garantizar la medicalización de los centros, reforzar el control sobre los que son de gestión privada y aumentar la ratio de trabajadores por residente, tal y como se ha podido comprobar durante el debate por las posiciones de los grupos parlamentarios de derecha.
Se trata de una Proposición de Ley (PL) registrada por la formación morada en el mes de septiembre de 2020, cuando el número de víctimas mortales consecuencia del Covid-19 en las residencias de ancianos y personas dependientes en la Comunidad de Madrid era más de 7.000 personas, que no ha sido considerada como oportuna por los diputados de los grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox.
Según han esgrimido los diputados de estas tres formaciones, la propuesta de ley pretende acabar con el sistema privado de residencias, algo sobre lo que la diputada de Unidas Podemos Paloma García Villa, quien ha defendido frente al Pleno la propuesta, ha matizado argumentando que la ley apunta a un cambio de modelo que incide en la atención sanitaria y en el refuerzo del carácter público de la red de residencias.
La proposición del partido morado plantea que los centros cuenten con servicio médico y de enfermería durante las 24 horas del día y, adicionalmente, cuenten con la posibilidad de "medicalizarse", es decir, "modificar el uso por el tiempo necesario para su utilización como espacios para uso sanitario". En este sentido, la parlamentaria ha recorado que en julio de 2020 la Cámara regional aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley (PNL), que no es vinculante, que exigía al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "medicalizar las residencias de mayores" de la región "con personal y medios suficientes".
Por otra parte, la proposición de Unidas Podemos aboga por la creación de nuevas plazas residenciales mediante la construcción de nuevos centros públicos, de no más de 120 usuarios, y que se ubiquen prioritariamente en municipios y distritos que tengan una dotación insuficiente en este sentido. Asimismo, define una serie de requisitos técnicos para estas infraestructuras, en materia de habitabilidad y accesibilidad.
Del mismo modo, la propuesta de ley plantea la creación en cada centro de un órgano compuesto de residentes, familiares y trabajadores, y que tenga capacidad para fiscalizar la gestión y, en el caso de que sea privada e incumpla las condiciones de la concesión, proponer a la Agencia Madrileña de Atención Social su revocación.
Al respecto, por una parte, el diputado del Grupo Parlamentario Vox José Ignacio Arias Moreno, ha indicado que su partido rechaza esta ley por ser "absolutamente intervencionista", y ha argumentado que las residencias tienen que ser recursos intermedios entre hospitales y residencias, pero si se medicalizan se llegarán a convertir en "hospitales de larga estancia". Además, ha señalado que para Vox es importante que la "coordinación" en estos centros se desarrolle perfectamente, porque los errores en la misma o su defecto han generado mucha mortalidad durante la pandemia.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Ana García ha criticado que Unidas Podemos ya presentase una ley "idéntica" en la pasada legislatura, y que la actual solo incluya "alguna modificación" respecto a la crisis sanitaria del coronavirus. De la misma forma que Vox, la formación naraja rechaza la ley porque, a su modo de ver, trata de acabar con las residencias privadas, a las que les exigen requisitos "imposibles de cumplir" para así conseguir que dejen de prestar servicios; además ha señalado que contiene cuestiones erróneas que demuestran "el desconocimiento" de los centros.
Finalmente, la diputada popular María Dolores Navarro, ha tildado la propuesta de "chapuza" y de "copia desactualizada" de la ley presentada por Unidas Podemos en 2018, lo que ha censurado ya que ha pasado "una pandemia" por en medio con "personas fallecidas". Según ha dicho, el texto ha sido presentado por estrategia política, ya que ni menciona en el preámbulo, "el mismo que hace tres años", la crisis sanitaria por el Covid-19, ni tampoco las enmiendas que presentó el Partido Popular en su momento.