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¿Por qué el Ayuntamiento de Parla lleva a Aguirre a los tribunales?

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Martes, 30 de noviembre de 2004. Año XV. Número: 5.470.








MADRID








Parla lleva a Aguirre a los tribunales



Vivienda. El Ayuntamiento intenta anular el decreto que incrementa un 25% el precio de los pisos protegidos. Rafael Simancas anunció ayer su apoyo a los alcaldes que emulen la iniciativa



E. M.

Los abogados y los técnicos del Ayuntamiento de Parla ya lo tienen todo atado para intentar frustrar la subida del precio de la vivienda protegida en la región. Ayer mismo terminaron el recurso y comenzaron a tramitarlo con la intención de anular el decreto por el que la presidenta Esperanza Aguirre aprobó el pasado 8 de noviembre un incremento del 25% en el coste del módulo de los pisos sujetos a algún tipo de protección oficial. En la práctica, una declaración abierta de guerra a una medida que sólo en este municipio del sur afectará a 7.200 vecinos.

Multiplican en la Alcaldía de Tomás Gómez y resulta que una casa de unos 90 metros cuadrados, que en el denominado desarrollo de Parla Este venía a costar unos 109.000 euros, con el nuevo decreto se dispara hasta los 144.000. Esto es, unos seis millones más de las antiguas pesetas, que en el bolsillo de quienes tienen derecho a un piso protegido es tanto dinero que puede alejarlos del sueño de tener una casa en propiedad.

«En Madrid, que es la comunidad autónoma donde el precio de la vivienda es más caro, no se puede entender una medida de estas características, que va a suponer una subida tanto para viviendas de protección como libres», señalaba Gómez con la vista puesta en el Tribunal Superior de Justicia. Allí quiere ver a Esperanza Aguirre, a la que acusa de «haber hecho lo que hace el PP en todas las comunidades donde gobierna, que es fijar el precio del módulo a partir del tipo máximo y no del mínimo».

«Es una decisión injusta», sostiene el alcalde, «porque los vecinos del consorcio de Parla Este, como los de otras actuaciones en otros municipios de la comunidad, adquirieron su vivienda con anterioridad a este decreto, en unos terrenos que fueron vendidos por el Gobierno regional al precio del módulo antiguo, lo que supone que ese incremento del 25% revierte exclusivamente en las promotoras que desarrollen las VPO».

Apoyo de Simancas

La iniciativa de Parla recibía ayer mismo el apoyo del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas. Reunido en Móstoles con la Plataforma por la Vivienda Pública en el Sur de la Comunidad, aseguró que acudirá «a los tribunales apoyando a los ayuntamientos madrileños en el caso de que Esperanza Aguirre no retire el decreto, que supone un aumento de entre el 30 y el 55% de la vivienda protegida, y que afecta a 40.000 familias madrileñas que ven cómo tienen que pagar entre 30.000 y 45.000 euros extra, es decir entre 5 y 7 millones de pesetas más».

Simancas, que calificó la orden del Gobierno regional como un «atentado contra las familias madrileñas», presentará previamente una interpelación, seguida de una moción en el Parlamento regional, para que Aguirre retire la orden «de forma inmediata y garantice además que este nuevo decreto de subida del módulo de la vivienda no va a afectar a los madrileños que ya tienen una vivienda protegida o están en vías de adquirirla».

El portavoz socialista manifestó que «la vivienda es actualmente el primer problema de Madrid, pues se ha aumentado su precio en un 19% en el último trimestre. Los jóvenes madrileños se ven hipotecados de por vida, son los últimos en independizarse de Europa, y se ven obligados a pagar 13 anualidades íntegras para adquirir su piso». Además, denunció que el 37% del presupuesto del IVIMA no se ha gastado, «pudiéndose construir 9.000 viviendas», según informa la agencia Europa Press.

Simancas indicó que presentará 15 medidas en la moción, en la que además de la retirada del decreto, «que establece un aumento de la vivienda pública que el Gobierno regional no justificó ante el Ministerio de Fomento», pedirá una modificación de la Ley del Suelo, un Plan Regional de estrategia territorial para la construcción de vivienda protegida.