Otro ejemplito de la profesionalidad y buen hacer de esta gente
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http://foros.lainmobiliaria.org/viewtopic.php?t=952 Hace siete años que J. J. E. se apuntó en una cooperativa para vivienda protegida que se iba a edificar en la calle de Teruel (Madrid). Al negarse a pagar dinero negro a la gestora de su cooperativa se quedó fuera de la lista de adjudicatarios. Y lo denunció ante la entonces Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMV). Va para cinco años y no ha encontrado amparo. Eso sí, ha tenido tiempo para comprobar que si ella se había quedado sin piso, buena parte de los adjudicatarios nunca debieron haber optado a él.
La cooperativa se llama Nortesierra y la gestora de cooperativas Nurín. J. J. E. se dio de alta a finales de 1999 y en 2001 Nurín le comunicó que no iba a avalar las cantidades entregadas a cuenta y le pidió 2,5 millones de pesetas (15.025 euros) en metálico o en talones inferiores a 300.000 pesetas (1.803 euros) para comprar los terrenos que habían sido cedidos en derecho de superficie por 75 años. Ante esto, comunicó a la EMV las irregularidades en la actuación de la cooperativa y su deseo de no renunciar al piso.
La cooperativa le dio de baja en la lista de adjudicatarios sin darle audiencia, como es preceptivo en la legislación sobre cooperativas. “Hice saber mi firme voluntad a la directora de Servicios Sociales de la EMV de seguir siendo adjudicataria y denuncié las irregularidades”. Según la cooperativa se le borró de la lista porque no compareció a la firma del contrato. J.J.E. sostiene que nunca fue citada formalmente.
La EMV dio por buena la respuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Trabajo) que, a su vez, dio por buena la versión de la gestora de cooperativas sin revisar el procedimiento. Y J. J. E. se quedó sin piso y sin ser oída previamente. Aunque las competencias de control de vivienda protegida son autonómicas, en este caso la antigua Empresa Municipal de la Vivienda tenía que supervisar el proceso de adjudicación porque se trataba del último solar del Plan 18.000 y debía ajustarse al pliego de condiciones.
J. J. E. descubrió en la lista de adjudicatarios definitivos que algunos tenían vivienda en propiedad (ellos o sus cónyuges) en Madrid, contraviniendo los estatutos de la cooperativa y el citado pliego. En otros casos, las rentas estaban por encima de las solicitadas o no acreditaban su situación familiar ni los ingresos, entre otras irregularidades. Entre los que incumplían, uno de los arquitectos de la promoción, según comprobó J. J. E. Y una de las notas registrales en poder de la EMV no coincidía con la información del Registro de la Propiedad.
Adjudicatario
En cuanto al suelo —la parcela 9 del Peri 6-7 Tiziano-Dulcinea—, no se le facilitó el documento de cambió de la modalidad de derecho de superficie al de venta, tras solicitarlo reiteradas veces a los servicios jurídicos de la EMV. En el Departamento de Patrimonio de Suelo del Consistorio le ondicaron que “no consta la valoración ni solicitud previa de la misma” antes de enajenarla, ni se publicó en el Boletín del Ayuntamiento la venta. En el camino, las escrituras de venta del suelo se extraviaron y también estuvieron perdidos los expedientes de los adjudicatarios, tras la mudanza de sede de la EMV.
Al desamparo por parte de la Administración se suma el de la abogacía privada en este caso. La complejidad de la ley de cooperativas, la de la regulación de viviendas protegidas y, según J. J. E., la “incomodidad” por enfrentarse a una empresa pública ha supuesto que hayan consultado con varios bufetes sin éxito. Finalmente, un despacho se ha hecho cargo y ha interpuesto una denuncia ante un juzgado de instrucción que no apreció “violencia física ni moral”.
El bufete ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Considera “que el chantaje por parte de Nurín es claro y supone un delito de coacciones: si J. J. E. no pagaba 2,5 millones de pesetas (15.025 euros) en dinero negro se quedaba sin vivienda, como así ha sido”. Hasta el momento, los jueces no han entrado a considerar la responsabilidad que pudiera tener el antiguo equipo de la EMV por los hechos que denuncia J. J. E.