Las comunidades ponen «pegas» al Plan presentado

¿Por qué las comunidades critican el Plan de Vivienda presentado por Trujillo?

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Las comunidades ponen «pegas» al Plan presentado por Trujillo LA CALIFICACIÓN DE LA VPO DURANTE TODA LA VIDA, ENTRE LO MÁS CRITICADO S. H.


Las críticas de comunidades autónomas (CCAA) y agentes del sector al escaso margen ofrecido por el Ministerio de Vivienda para presentar las oportunas alegaciones al borrador del próximo Plan Estatal tuvieron su efecto: la cartera de María Antonia Trujillo dio marcha atrás, ampliando el plazo una semana más para estudiar el documento.
Y puede que no sea ésa la única rectificación de la ministra: concluido el ´nuevo´ plazo -finalizó ayer- Trujillo se enfrenta ahora a duras críticas por parte de muchas de las regiones, que incluso amenazan con recurrir al Tribunal Constitucional algunos de los contenidos del borrador.
La queja más repetida por parte de los responsables regionales hace referencia a las injerencias del Ministerio en las competencias autonómicas: «El plan invade las competencias de las CCAA en aspectos como la calificación de las viviendas protegidas durante toda su vida útil o la obligatoriedad que se nos impone de implantar registros de demandantes para el control del fraude», afirma Antonino Burgos, consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte de La Rioja.
«Las disposiciones sobre el régimen jurídico de las viviendas con protección pública son competencia exclusiva de las comunidades autónomas», coincide en apuntar el director general de vivienda de la Comunidad Valenciana, Bernabé Bueno Miralles.
El director de Vivienda de Murcia, Manuel Alfonso Guerrero, es de la misma opinión: «La prohibición de descalificar las viviendas durante toda su vida útil quiebra la tradición legislativa que hasta ahora había estado en vigor en todos los planes de vivienda autonómicos», afirma Guerrero.
De idéntico parecer son los directores de vivienda de la Comunidad de Madrid (CAM), Galicia y Castilla y León. «La teoría del Ministerio es que, como son viviendas financiadas con fondos públicos, no pueden descalificarse nunca, pero ese planteamiento tiene un error ya que los fondos públicos sólo financian una parte de esas casas», afirma Gerardo Arias, director de Castilla y León.
«Nosotros no hemos propuesto un plazo concreto, sino que sea cada comunidad la que regule cuál es el tiempo que considera más oportuno teniendo en cuenta las características de su población. No es lógico que nieguen la posibilidad de obtener beneficios precisamente a las familias que más lo necesitan», añaden en Galicia.
Menos ayudas
No es éste el único punto en el que las CCAA reprochan al Ministerio estar invadiendo sus competencias: «No estamos en contra del registro de demandantes que propone ; sino de que se nos obligue a implantarlo porque existen otros mecanismos para evitar el fraude, como son las inspecciones. Cada comunidad debería decidir el sistema que considera más apropiado», continúa Arias.
«Nuestro Plan prevé mecanismos como el derecho de tanteo y retracto y creemos que es igual de válido para combatir el fraude que el registro de demandantes. Cada región tiene sus propios mecanismos y lo que solicitamos al Ministerio es que financie esos sistemas para luchar contra el fraude», dice Juan Blasco, director de Vivienda de Madrid.
«Tanto en la calificación de las viviendas como en la obligación de crear registros, lo que pedimos es que se respeten las competencias autonómicas y que éstas decidan el plazo y el mecanismo adecuado para cada cuestión», subraya Jerónimo Fregel, director de Canarias.
Otro de los aspectos que ha levantado ampollas entre las autonomías es el recorte que han sufrido muchas de las ayudas reflejadas en el Plan. «Las ayudas en las viviendas se rebajan sustancialmente, tanto en lo que se refiere a la entrada como en la subsidiación de intereses y se han eliminado figuras que hasta ahora tenían un marcado carácter social, como las referidas a alojamientos temporales», dice Guerrero desde Murcia.
«Si pretenden hacer un plan más social no pueden rebajar las ayudas. En Castilla y León, han pasado de 13.858,27 a 7.000 euros, de 10.078 a 7.000 euros y de 6.299 a 4.000 euros en los tramos de hasta 1,5 veces el IPREM, entre 1,5 y 2,5 y entre 2,5 y 3,5 veces, respectivamente», señala Arias.
Otra de las alegaciones en las que hay coincidencia entre las CCAA es en el tema del alquiler: «Queremos que se alargue el plazo de las ayudas a los inquilinos y que, en lugar de dos años, sea mientras dure la necesidad de la persona», señalan en la comunidad gallega.
Blasco coincide en que «las ayudas deberían aumentarse y mantenerse durante el tiempo que dure el contrato de arrendamiento, que son cinco años».
Además, los responsables autonómicos se quejan de que el borrador «no recoge la figura del alquiler con opción a compra», indican tanto desde Castilla y León, como desde Madrid, Valencia y La Rioja entre otras regiones. Asimismo, hay unanimidad en lo referente a la creación de la Sociedad Pública del Alquiler: «Esa figura ya existe en muchas CCAA y municipios y con muchas más ventajas, así que no tiene sentido crear otra», afirma Blasco.
Descontento
Aunque las comunidades gobernadas por el Partido Socialista no han querido pronunciarse sobre el tema, los directores ´populares´ afirman que el descontento no tiene nada que ver con el color político, ya que «las regiones socialistas han expresado en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio su disconformidad ante la injerencia de competencias de Trujillo».
En Asturias afirman, en cambio, que la falta de críticas se debe a que el borrador de la ministra «está muy en sintonía con el Plan regional», señala Manuel González Orviz, director de vivienda del Principado. No obstante, la región asturiana también ha presentado alegaciones «sobre algunas cuestiones poblacionales que no se han recogido en el borrador», aseguran fuentes de la consejería.
Determinados aspectos de la rehabilitación, el protagonismo que el borrador otorga a SEPES o la presencia de ayuntamientos en las comisiones bilaterales son otros de los aspectos por los que el Plan de Vivienda presentado por Trujillo no termina de convencer.