En la misma web, hay otra noticia sobre el mismo tema, esta vez el Alcalde de Parla, por lo que tendremos que estar atentos, tal vez no nos afecte la subida:
El ayuntamiento recurrirá ante el
TSJM contra el decreto de la subida
del precio de la vivienda protegida
El alcalde de Parla, Tomás Gómez (PSOE), ha anunciado que el Ejecutivo local interpondrá un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el decreto firmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre la subida del 25 por ciento en el módulo de las viviendas de protección oficial. "Es una medida desafortunada que perjudica los intereses de los ciudadanos", denunció Gómez, quien precisó que afecta a 7.200 viviendas de protección oficial del consorcio urbanístico Parla-Este, que va a desarrollar un total de 11.300 viviendas en este nuevo barrio. Para el regidor, se trata de una "decisión injusta porque los vecinos de este consorcio adquirieron su vivienda con anterioridad al decreto, en unos terrenos vendidos por el Gobierno regional al precio del módulo antiguo", por lo que "este incremento del 25 por ciento revierte de forma exclusiva en las promotoras que desarrollen la vivienda de protección oficial". Según Gómez, antes de este decreto el coste de una vivienda de protección oficial con 90 metros cuadrados útiles en Parla-Este era de 106.887 euros, pero a partir del 15 de noviembre el precio ascendió a 138.833 euros. Esto también supone que, en caso de que el vecino suscribiese una hipoteca, la letra mensual sufriría un aumento del 30 por ciento. Además, según señaló el alcalde, "el decreto dice que el nuevo precio del módulo afectará a aquellas viviendas que obtengan la calificación provisional de VPO con posterioridad a la fecha del 15 de noviembre". Sin embargo, la mayor parte de las familias afectadas de Parla-Este habían solicitado esta calificación antes de la firma del decreto, "pero por negligencia de la propia Comunidad de Madrid no se han concedido con anterioridad a esta fecha".
Reunión urgente. Por ello, y a la espera de la resolución judicial final, Gómez ha solicitado "con carácter urgente" una reunión con la presidenta regional en la que le exigirá "una disposición transitoria en ese decreto, que tiene que contemplar que en todas aquellas viviendas de protección oficial adquiridas en una fecha anterior al 15 de noviembre, tienen que respetarse las condiciones económicas del antiguo módulo". Asimismo, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos afectados un gabinete de abogados dedicado a asesorarles que, por el momento, recibe una media de entre 40 y 50 consultas diarias. "Hemos aconsejado a la mayoría de clientes de las promotoras que aquellos que tengan sus propios recursos jurídicos también los utilicen", indicó Gómez.