A pesar de que el Plan Rabassa, el más polémico proyecto urbanístico de Alicante, está aprobado por el Consell desde 2009 no se ha puesto ni un ladrillo y sigue sometido a todo tipo de cambios. El coste de urbanización se ha encarecido en más de cinco millones desde su aprobación inicial en 2006 por la inclusión del canon de saneamiento que exige la Generalitat para las infraestructuras necesarias para trasladar las aguas residuales. Y hasta el número de viviendas protegidas ha cambiado en el anteproyecto de urbanización que aprobó este jueves la comisión de urbanismo por la vía de urgencia gracias al apoyo del PP. El promotor del Plan Rabassa, Enrique Ortiz, ha elevado de 8.047 a 9.442 los pisos protegidos (VPO) previstos, lo que supone el 70% de las 13.503 casas previstas.
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