Un promotor duplica el precio legal de 31 vivienda

¿Por qué una promotora inmobiliaria cobra entre 112.000 y 125.000 euros de sobreprecio por 31 viviendas protegidas en Valdemoro?

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Un promotor duplica el precio legal de 31 viviendas protegidas en Valdemoro
La diferencia de coste que se pide a los compradores oscila entre 112.000 y 125.000 euros
Entre 112.000 y 125.000 euros de sobreprecio por una vivienda protegida. Esto es lo que está cobrando la promotora inmobiliaria Estudio5 por 31 pisos en Valdemoro. Según el precio por metro cuadrado establecido por la Comunidad de Madrid, tendrían que costar entre 103.000 y 117.000 euros, en función del tamaño. Sin embargo, la promotora pide algo más del doble (entre 225.000 y 242.000 euros) y asegura que no hace nada ilegal. Pero la Consejería de Ordenación del Territorio es tajante: "No puede cobrarse sobreprecio". De momento, al no existir denuncias, afirma que no pueden actuar.


Un viejo conocido
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Javier, de 28 años, es uno de esos jóvenes que ansía comprarse un piso. Cumple los requisitos exigidos por la Comunidad de Madrid para acceder a una vivienda protegida. Entre otros, el sueldo de Javier es inferior a 5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), el antiguo salario mínimo, y, además, no posee vivienda alguna. Ni protegida en toda España ni libre en Valdemoro, la ciudad donde Javier aspira a comprársela.

Superados esos escollos legales, Javier pensó que podría pagar uno de los 31 pisos de Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) de 81 y 93 metros cuadrados que construyó Urbinco y que vende Estudio5 en Valdemoro. Esta localidad pertenece a la zona B del sistema de vivienda de protección de la Comunidad. El precio máximo legal por metro cuadrado (lo que se conoce como precio del módulo) para esos pisos es de 1.263,49 euros. Es decir, las viviendas protegidas de la urbanización Las Terrazas del Sur (31 de 108) no debieran superar, en ningún caso, un precio aproximado de entre 103.000 o 117.000 euros, según el tamaño.

Sin embargo, el castillo de naipes de Javier se derrumbó cuando Rocío, la chica de la caseta de ventas, le explicó que los pisos costaban entre 225.000 y 242.000 euros. "Se paga más que el precio del módulo porque hay unos gastos de gestión, de proyecto y de compra del terreno", aseguró la vendedora.

Entonces, ¿nunca se termina pagando lo que pide la Comunidad? La encargada, tajante, asegura que no. "Es lo normal en los pisos de protección, siempre ocurre", asevera. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lo desmiente rotundamente: "No se puede cobrar sobreprecio. El que lo haga incumple la ley".

Por teléfono, la vendedora dice que la diferencia de precio se debe a "los gastos de la comunidad de propietarios". Carlos Fernández, de Estudio5, lo explica y asegura que todo es legal. "Vendimos todas las viviendas a una comunidad de propietarios por el precio del módulo", sostiene. Y, según dice, es esa comunidad la que ahora vende los pisos por el doble del precio. La caseta de ventas, sin embargo, es de Estudio5, así como todos los folletos explicativos. Pero, según Fernández, los compradores de los pisos son a la vez promotores de sus propias viviendas. Compran y venden al mismo tiempo. "Es falso. Si fuera así pondríamos los cheques a nuestro nombre a la hora de pagarles", se queja uno de los vecinos.

Fernández no cuenta que hay un tercer actor entre Estudio5 y la comunidad de propietarios, una sociedad mercantil llamada The Cofrada, que hace de intermediaria. Casualmente, esa sociedad tiene el mismo domicilio que Estudio5, en el parque empresarial La Finca de Pozuelo de Alarcón. El dueño, Manuel Hermo Patiño, también es el mismo. Los afectados firmaron un contrato con esa sociedad cediéndole todo el poder sobre la comunidad de propietarios. De esto se arrepiente otro vecino: "Sé que tengo la culpa, pero desconocía lo que firmaba".

Pago sí o sí
En uno de los anexos del contrato, se especifica el coste total del piso: 225.000 o 242.000 euros. En el mismo documento se dice: "Si el coste fuese menor, la diferencia será abonada por la comunidad de propietarios a la gestora (The Cofrada), en concepto de honorarios de gestión". Es decir, que un comprador como Javier termina pagando 225.000 o 242.000 euros sí o sí a The Cofrada. Sí o sí a Estudio5. Sí o sí pagan el doble de lo que cuesta la vivienda protegida. "Siempre es lo mismo", reconoce una fuente de Medio Ambiente. "Es una estrategia de ventas, porque mejor tener pájaro en mano...", se defiende Fernández respecto a la creación de una comunidad de propietarios. ¿Qué ganan ellos? "No lo sé", dice escuetamente. Desde Ordenación del Territorio afirman que "los gastos de gestión para su creación nunca son tan elevados".

Hay vecinos que reconocen saber dónde se metían. "Somos conscientes de que hemos pagado más de la cuenta", asegura Elena, que prefiere que no se diga su apellido. "Cuando nos enteramos de que era un piso de protección... te resignas y piensas que los libres son mucho más caros", comenta Manuel, otro de los propietarios.

Hay miedo a perder el piso entre los vecinos. En caso de renunciar a él, el contrato especifica que pierden el 20% de lo ya pagado (unos 25.000 euros por el momento). Pero en mayo tendrán que abonar primero algo más de 20.000 euros y más tarde el resto, hasta 200.000 euros. "No sé qué hacer, ¿tú qué harías?", pregunta desesperado uno de los compradores.


Un viejo conocido
El cobro de sobreprecio en vivienda pública por parte de Estudio5 no es nuevo. En el año 2005, la cadena SER informó de que unos propietarios de Ciempozuelos denunciaron ante el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a Manuel Camilo Hermo Patiño, administrador único de la inmobiliaria, por venderles casas a precio libre cuando eran de protección.

Además, en 2003, Hermo Patiño fue acusado por la Fiscalía de Madrid, junto a cargos del PP en Alcorcón, de presuntos delitos de prevaricación, manejo de información privilegiada y cohecho. Hermo Patiño fue socio de los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, relacionados con la presunta compra de voto a los tránsfugas del PSOE en Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

En Valdemoro tampoco es la primera vez que se cobra de más en viviendas protegidas. A finales de 2006 se supo que la inmobiliaria Bitango, vinculada al Grupo San Román (investigado por la relación con presuntos pagos ilegales en el Ayuntamiento de Marbella), cobró sobreprecio en Valdemoro, Arroyomolinos, Fuenlabrada y Móstoles.

El pasado 23 de febrero, el Partido Popular, que gobierna el Ayuntamiento de Valdemoro, rechazó una propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida que pedía tomar medidas para evitar el cobro ilegal de sobreprecios. Según Javier Gómez, portavoz de IU, lo sucedido con Estudio5 se veía venir. "No podemos entender el rechazo del PP a aplicar unas medidas que supondrían una garantía para todos los ciudadanos a la hora de comprar una vivienda de protección", asegura.

Según Gómez, "parte de la impunidad con la que actúan estas empresas es por la falta de información de los ciudadanos". Entre las medidas propuestas por IU se encontraba la creación de una lista pública con las promociones de viviendas protegidas en la localidad y el precio de las mismas.