publicado hoy en el Norte
La falta de fondos provoca el primer recorte en años de las ayudas a la vivienda
El ministerio suprime el pago a la entrada (de 5.000 a 12.000 euros) para compradores de vivienda protegida
Se avecinan vacas flacas en los programas de vivienda. Tras años en los que no se ha reparado en medios ni se ha mirado la caja de caudales para poner en marcha subvenciones y créditos subsidiados a la compra, al alquiler, a la rehabilitación, a la emancipación, a los promotores o a las propias administraciones (ayuntamientos), el agujero en los ingresos públicos, en este caso los estatales, ha provocado el primer recorte serio de estas líneas de ayudas desde que comenzó la recesión.
El Ministerio de Fomento «modificó» el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 a finales de diciembre y el efecto de esa decisión se ha empezado a notar. Se ha cargado de un plumazo las ayudas directas a la entrada para los compradores que acceden a una vivienda protegida. Se trata de un pago que oscila entre los 5.000 y los 12.000 euros y que reciben prácticamente el 90% de los propietarios de VPO. El cálculo en euros de lo que puede suponer la supresión de ese pago directo a la entrada en Castilla y León, a lo largo de este año, superaría los 16,3 millones de euros a razón de una previsión de 2.722 familias perceptoras con una media de 6.000 euros de ayuda por vivienda.
Los cambios también afectan al tipo de interés de los créditos preferenciales para estas adquisiciones. Las entidades financieras podían aplicar hasta finales de año un diferencial máximo de 1,25 al euríbor. Ahora sube un punto y pueden plantear hasta el 2,5. Este incremento hace que los posibles beneficiarios de un crédito amparado por el plan estatal tengan que hacer muy bien las cuentas para ver si en realidad les resulta beneficioso o no respecto a un préstamo del mercado libre, a pesar de que la crisis financiera ha endurecido también las condiciones de estos últimos. Les podrá compensar en el caso de que cumplan los requisitos para que la Administración pague una parte de los intereses (155 euros por cada 10.000 de préstamo).
Subsidiación de intereses
Esta subsidiación se mejora ligeramente, al ampliarse el plazo de aplicación de 10 a 15 años, medida que, a pesar de la supresión de la ayuda directa, puede beneficiar a las familias que encajen en ese perfil y continúen, durante ese periodo de tiempo, cumpliendo los requisitos para que el erario público abone parte de los réditos de su hipoteca.
El recorte de ayudas en el caso de vivienda protegida afecta también a las de nueva construcción con destino a alquiler. En este caso se reduce en torno al 40%, lo que puede suponer en ayudas para una estimación de 1.274 viviendas que la previsión de casi 17 millones de euros para pagar estas subvenciones de 2011 se reduzcan en cerca de 6,8 millones de euros.
La reforma del Plan Estatal afecta también a apoyos para la compra de vivienda usada y suelo, que llegarían este año a 302 y 1.080 actuaciones respectivamente en cada caso, lo que supone un agujero en euros de casi cuatro millones. A todo esto se añade la eliminación de la subvención que el ministerio aporta para mantener las oficinas de información de vivienda, cuantificada para 2011 en 1,54 millones de euros que tendrá que apoquinar ahora directamente la Junta.
La resaca del recorte se lleva por delante el incentivo por buena gestión que supone la conocida como reserva de eficacia. Un fondo que premiaba con financiación extra a las comunidades que cumplían los objetivos previstos y al que Castilla y León ha accedido los últimos años. Y toda esta retahíla de tijeretazos se ciñe solo a las ayudas que financia el Ministerio de Fomento, que ha asumido las competencias del extinto Ministerio de Vivienda. Habrá que esperar a ver cómo queda la convocatoria de líneas de apoyo al acceso a la vivienda de la propia Junta, que este año va con retraso y aún no ha salido, y en la que se prevé si no la desaparición de algunas ayudas, sí una contundente reestructuración para potenciar las que apoyan las reformas de viviendas y las obras necesarias para pasar la 'ITV' de los edificios.