Gallardón afronta el mayor rechazo ciudadano a su gestión por la tasa de basuras
Alberto Ruiz-Gallardón afronta el mayor rechazo ciudadano a su gestión por la recuperación de la tasa de basuras. Este martes, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) inicia una nueva campaña contra el impuesto, que se une a las que ya impulsan el PSOE de Madrid y diversas asociaciones vecinales, empresariales, de consumidores y ecologistas. Por ahora, hay convocadas dos manifestaciones para exigir la retirada de la tasa, que tendrán lugar el 28 de octubre y el 15 de noviembre en el centro de Madrid.
La imagen de Gallardón está sufriendo su primer deterioro importante de cara a los votantes madrileños de todo el espectro ideológico, ya que la tasa impacta tanto en el bolsillo de los grandes propietarios de inmuebles o negocios, como en el de los pequeños. Ni la controversia sobre los parquímetros, las extendidas obras o la fallida candidatura olímpica habían despertado una movilización de rechazo tan amplia.
Se trata de una oportunidad política que los socialistas madrileños buscan capitalizar liderando una campaña que ya ha reunido 20.000 firmas en contra del gravamen, la mitad de ellas a través de la web No a la Tasa de Basura, y el resto, en los diferentes puntos de información que han situado en los calles de la capital. La FRAVM también ha lanzado una recogida de firmas contra lo que tachan de “tarifazo”, mientras continúa celebrando asambleas informativas en los barrios.
Además, la federación vecinal anima a reclamar, una vez pagada la tasa, ante el Tribunal Económico-Administrativo de Madrid alegando que no es conforme a Derecho. El PSOE, la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, el Foro Social de Madrid y Ecologistas en Acción respaldan la campaña de la FRAVM y la manifestación prevista para el 15 de noviembre.
La tercera iniciativa partió ayer de varias asociaciones y colectivos vecinales, como las que representan a los ciudadanos de los distritos de Aluche y Vicálvaro. Entres sus propuestas destaca su llamamiento a retrasar el abono del tributo seis meses como medida de protesta, así como para asfixiar, un poco más, las cuentas de Gallardón. Este aplazamiento es legal y se puede solicitar al Ayuntamiento aduciendo problemas económicos. El límite del aplazamiento es de un año, pero las asociaciones recomiendan que se haga sólo por seis meses para que los intereses sean mínimos. Estas plataformas también han convocado una marcha contra “el despilfarro municipal” para el 28 de octubre.
La oposición denuncia más impuestos y menos servicios
El Ayuntamiento prevé recaudar unos 170 millones para cubrir los gastos del servicio de recogida de basuras. Y es que, del nuevo impuesto no se salvan ni las plazas de aparcamiento, ni los trasteros, pese a que el camión de la basura no tenga que detenerse ante ellos para retirar residuos. La cuota está dividida por tramos, según el valor catastral del inmueble, y no según el volumen de residuos generados. El consistorio calcula que de media se pagarán 59 euros por familia, cantidad que corresponde a viviendas valoradas entre 50.000 y 60.000 euros. A partir de ahí, se puede llegar a pagar hasta 190 euros.
Para un comercio medio, la tasa se puede situar entre los 23 y los 500 euros, aunque el tipo máximo alcanza los 25.000 euros. Por ello, la patronal de la pequeña y mediana empresa COPYME anunció que recurriría el tributo por la vía económica-administrativa. Por su parte, la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios incluyó este gravamen entre los "problemas que ahogan a las PYMES madrileñas", junto con el aumento de otros impuestos municipales como el IBI, los vados o el de las terrazas para establecimientos de restauración.
Gallardón justificó esta medida por responder al criterio de la Unión Europea de “quien contamina paga”, y porque el IBI no cubre la retirada de residuos urbanos. Sin embargo, la oposición social y política sostiene que el servicio de basuras, deficiente en algunos barrios, no mejorará con la nueva tasa, y que ésta no fomenta ni el reciclaje, ni otras medidas ecológicas. Asimismo, los vecinos acusan a Gallardón de recuperar el tributo con un único fin recaudatorio para paliar su mala gestión al frente del consistorio. La deuda del ayuntamiento madrileño superará los 8.000 millones al término de 2009, lo que supone el 154% de sus ingresos corrientes, muy por encima del 110% que permite la Ley de Haciendas Locales.
El propio departamento municipal de Hacienda elaboró un documento en el que alertaba de que el alto endeudamiento del consistorio ponía en peligro el proyecto olímpico para Madrid. Según averiguó El Confidencial, el Ministerio de Economía negó a Gallardón una nueva autorización de endeudamiento, después de que Madrid incumpliera el Plan Económico Financiero 2005-2008, pactado con Pedro Solbes.