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La intención del Arzobispado es construir un bloque de oficinas para obtener rentabilidades más altas.
El Arzobispado de Madrid vendió 14 inmuebles por 74 millones de euros a 14 sociedades opacas en 2019. La mitad de ellos los cobró el día 30 de julio de 2019 por transferencia de un banco luxemburgués a una cuenta del BBVA. En noviembre de 2018, la Iglesia también enajenó la parroquia de San Jorge y la residencia de ancianos Santísima Virgen y San Celedonio, en los alrededores del Bernabéu, por 37 millones de euros a la Universidad Nebrija. EL PAÍS ha tenido acceso a las actas de ambas operaciones. Con el monto de ambas, la Iglesia comprará un solar por 48 millones en Valdebebas, una de las zonas punteras de la capital para el negocio inmobiliario, para construir un bloque de oficinas.
Según expertos consultados por este periódico, ambas operaciones se realizaron por debajo del precio de mercado. Con estas dos enajenaciones, casi 400 familias han sido perjudicadas. La primera venta corresponde a la fundación Fusara, una de las 71 que controla el Arzobispado madrileño. Esta operación está siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de la plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, por si los administradores han podido cometer los delitos de estafa, corrupción y administración desleal. La venta de siete de los 14 inmuebles no ha sido inscrita por los responsables del Registro de la Propiedad.
La Iglesia argumentó que con las ventas crearía una “gran ciudad de la misericordia” en El Cañaveral, al sur de la capital. Pero este plan, de momento, no está en marcha. Según las fuentes consultadas, las actas y los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, destinarán casi 50 millones para comprar una parcela de 9.844 metros cuadrados que la inmobiliaria Metrovacesa posee en Valdebebas. La intención del Arzobispado es construir un bloque de oficinas para obtener rentabilidades más altas.
24 de abril de 2019. Estas dos enajenaciones eclesiásticas tienen un punto en común: el bufete Chávarri Abogados. Este despacho intermedió entre ambas operaciones con unas comisiones del 5%, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. “Solemos trabajar mucho con ellos”, dicen fuentes del Arzobispado. Este gabinete creó una fundación bajo el nombre de Chávarri por el Bien Común en 2018 que tiene como director ejecutivo a David López Royo y como vocal a Julio Lage, que dimitió hace un año, según su versión. López Royo pilotó las dos ventas en representación de la Iglesia, como delegado episcopal de fundaciones desde 2016. Ese año también delegó en Lage la gestión de las cuentas del Arzobispado. Tanto Lage como López Royo no ven conflicto de intereses, pese a estar en ambos lados de la operación.