El Gobierno ultima un plan contra el fraude en VPO

¿Cuál es el plan del Gobierno contra el fraude en VPO?

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CINDO DIAS - EDICIÓN 24 DE ENERO


El Gobierno ultima un plan contra el fraude en VPO

El Gobierno quiere reformar el régimen jurídico de la vivienda protegida, la antigua VPO. Una de las medidas estrella que baraja es la prohibición por ley de vender estas casas como si de pisos de renta libre se tratara, práctica fraudulenta, pero muy extendida en la actualidad.


Raquel Díaz Guijarro / MADRID (24-01-2005)


Los cambios que el Ejecutivo quiere introducir en el régimen jurídico de las casas protegidas serán incluidos en el nuevo Plan de Vivienda que prepara el equipo de María Antonia Trujillo, cuya intención es poder presentarlo en sociedad durante este primer trimestre del año.

Según fuentes cercanas a los trabajos que se están realizando, el objetivo es acabar con las bolsas de fraude que existen en torno a la vivienda protegida, aunque estas fuentes matizan que la reforma (incluida en el programa electoral del PSOE) no tendrá carácter retroactivo y sólo afectará a los pisos protegidos de nueva creación.

¿Cómo se puede vender una VPO en la actualidad?

Según al plan de vivienda al que pertenezca, la condición de protegida de una vivienda hasta ahora nunca ha sido vitalicia y ha estado limitada por ley (hasta 50 años, según los casos). También en las normas que regulan este tipo de inmuebles se especifican que deben ser ocupadas en un tiempo breve a partir de su entrega y si se han vendido en régimen de propiedad, se prohíbe su alquiler.

Sobre su venta posterior, las leyes también son claras. Primero se limitó su transmisión en los cinco años siguientes a la compra, aunque algunas autonomías han ampliado ese plazo a 10 años.


No obstante, si un propietario de una VPO quería venderla antes de haber transcurrido dicho plazo, podía hacerlo siguiendo dos caminos diferentes.

El primero y más sencillo era pedir el correspondiente permiso de venta anticipada a la comunidad autónoma donde se ubicaba la casa y devolver todas las ayudas o subvenciones directas que hubiese recibido al adquirirla.

Además de cumplir con este trámite, si la vivienda se había comprado mediante cooperativa, debía adjuntarse un documento que acreditara que ningún cooperativista se encontraba a la espera de un piso de similares características. Las regiones hasta ahora han venido concediendo siempre dichos permisos y no han hecho valer su derecho de tanteo sobre el inmueble en venta. Eso sí, a cambio indicaban en unas tablas el precio máximo al que podían venderse los pisos, que seguían manteniendo su condición de VPO. El otro camino es solicitar la descalificación del piso como VPO, lo que conlleva la devolución de todas las ayudas, incluidas las fiscales y la subsidiación del tipo de interés hipotecario (si la Administración decretó tipos hipotecarios más bajos para esos pisos, deben devolver esas cantidades pagadas de menos). La ventaja de este segundo sistema es que la casa queda libre de toda protección y puede ser vendida libremente. Pero, ¿Qué suele hacer el propietario?

Como este segundo sistema se suele resolver al cabo de meses, e incluso años, y supone un desembolso importante de dinero a priori, los propietarios optan por solicitar la venta anticipada, devolver las ayudas a las que están obligados, y después vender a precio libre, aunque en la escritura pública figure el precio que establece la Administración. Ahí radica el fraude, ya que la diferencia entre el valor real de compraventa y el escriturado escapa a todo control.

Con la reforma que prepara el Ejecutivo, la calificación de protegida permanecerá siempre y la casa sólo podrá ser vendida a uno de los integrantes del registro de demandantes de VPO que quiere crear el Ministerio que dirige Trujillo. Además, algunas regiones, como Madrid, ya han anunciado partidas presupuestarias específicas para ejercer su derecho de tanteo, algo que en la actualidad sólo realiza en todos los casos el País Vasco.

Nuevas estadísticas para conocer mejor el mercado


Pese a ser un mercado, el de la vivienda de protección oficial (VPO), extremadamente regulado, el Gobierno reconoce que existen muchas lagunas estadísticas en el mismo.

Empezando por el parque de viviendas protegidas que existe en España, que hoy en día es prácticamente imposible conocer con certeza, pasando por el precio que tienen estas casas en cada comunidad autónoma ; y terminando por el peso que representan estos inmuebles en el mercado de vivienda usada. Según una encuesta realizada por este periódico entre numerosos agentes de la propiedad inmobiliaria (API) de Madrid, en algunas ciudades del cinturón metropolitano en la actualidad y al calor del fuerte incremento que han registrado los precios inmobiliarios desde 1998, ´hasta el 50% de las operaciones que estamos realizando son de viviendas protegidas y muchas de ellas de lo que nosotros consideramos pisos seminuevos´.

Para acabar con esta falta de información, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha anunciado que el departamento de Estadística del Ministerio está elaborando nuevos estudios para conocer, entre otros datos, los precios de las casas protegidas por comunidades autónomas, los precios de los alquileres y las segundas residencias.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) también ha formado un grupo de trabajo que, en permanente contacto con la Oficina de Estadísticas Europea, (Eurostat), está elaborando un índice de precios de la vivienda capaz de ser luego comparado con las estadísticas relativas a este mercado de todos los países de la Unión.

A todos estos nuevos estudios se une quizás el más ambicioso: el futuro sistema de información urbana. Un indicador que pretende dar a conocer a los ciudadanos cuánto suelo poseen las tres administraciones (local, autonómica y estatal) y en qué situación del proceso urbanizador se encuentra.


Las cifras


2,6 de cada cien operaciones de compraventa de inmuebles se corresponden con VPO de nueva construcción, según los registradores.

1.671 millones de compraventas de inmuebles se realizan al año y 1,5 millones de constituciones de hipotecas, según la Estadística Registral Inmobiliaria.

2,5 euros por metro cuadrado es el último precio oficial de la vivienda libre. El Gobierno quiere publicar el de la VPO.