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¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para evitar el fraude en las transacciones de viviendas protegidas?
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El Gobierno facilitará hasta 33.000 millones de euros en préstamos a las CCAA para la recompra de VPO
El Ministerio de Vivienda firmó el martes un convenio de financiación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas protegidas para evitar el fraude en las transacciones de las mismas. Así lo anuncióla ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en el acto de firma de los convenios con las entidades de crédito para financiar la ejecución del Plan de Vivienda 2005-2008, en virtud del cual podrán conceder préstamos hipotecarios por un importe total de 33.000 millones de euros.
En su intervención, Trujillo explicó que la línea de crédito del ICO no tiene un máximo establecido y su firma forma parte de las medidas de apoyo a la lucha contra el fraude en materia de viviendas protegidas, ya anunciadas en el Plan de Choque.
Con este convenio, las Comunidades Autónomas tendrán recursos para que puedan adquirir con carácter preferente cualquier vivienda que se ponga en venta en segundas o sucesivas transmisiones y que se mantenga dentro del régimen de protección pública. Hasta el momento, la Comunidad de Madrid era la única autonomía que ejercía este derecho y disponía de presupuesto para ello (ver El Confidencial del 11 de noviembre)
A partir de ahora, señaló la titular de Vivienda, "ninguna Administración Pública podrá justificarse en la falta de disponibilidades económicas para ejercer ese derecho, que aparece en la práctica totalidad de las normativas autonómicas".
El objetivo de esta medida es lograr mayores garantías para que la vivienda protegida, que se ha adquirido a un precio más asequible gracias a las ayudas públicas, se venda al precio fijado oficialmente y se evite el fraude.
Los propietarios de viviendas de protección pública que quieran venderlas tendrán que solicitar autorización a la Comunidad para poder enajenar estos bienes.
En esta solicitud se deberán indicar las características de la vivienda y, una vez recibida la solicitud, la Comunidad podrá ejercer el derecho de tanteo, siempre con preferencia frente a cualquier otro comprador.
Si el vendedor acepta, la Administración regional le abonará de inmediato el valor del piso, y a su vez lo adjudicará a un solicitante de vivienda pública por el precio oficial vigente.
En cuanto a los convenios alcanzados con las entidades de crédito, la ministra de Vivienda explicó que fueron 118 las que se presentaron a la convocatoria, por lo que se trata de la "práctica totalidad del sistema financiero español".
En el acto de la firma estaban presentes 28 entidades, y el resto de los convenios se firmarán al mismo tiempo que se rubriquen con las Comunidades Autónomas.
Durante la vigencia del plan, el volumen máximo de préstamos que pueden conceder las entidades ascenderá a 33.000 millones de euros, lo que supone casi el 8% de la deuda hipotecaria existente en España (447.953 millones de euros).
Trujillo explicó que se han acometido modificaciones en los mecanismos de financiación en el nuevo plan, de modo que, aseguró, "hemos ganado flexibilidad".
A diferencia del plan anterior, subrayó Tujillo, las entidades de crédito no tienen asignados cupos iniciales máximos de préstamos en cada Comunidad Autónoma.
Trujillo explicó que los periodos de amortización se han ampliado hasta 25 años a fin de facilitar a las familias de ingresos medios y bajos el pago de las cuotas, y destacó que el tipo de interés se ha fijado en el 2,95%.
La titular de Vivienda señaló que su departamento ha incorporado al plan mecanismos de control que reforzarán la planificación y el seguimiento de la ejecución del plan y de las ayudas concedidas, con el fin de controlar el gasto público.
De hecho, próximamente se creará el Registro de Viviendas Protegidas que incluirá información precisa de todos los promotores de viviendas protegidas y beneficiarios de las ayudas.
Trujillo también se refirió al Consejo Estatal del Plan de Vivienda, que se aprobará en los próximos días por Orden del Ministerio, y que servirá como instrumento de participación de todos los agentes sociales y económicos.