Os remitimos este comunicado debido a la información que están facilitando los liquidadores de las cooperativas en relación al GiC y a las actuaciones judiciales que tiene abiertas en defensa de sus asociados y de los cooperativistas en general.
Hace varios meses varios socios y simpatizantes interpusieron sendas querellas contra los miembros de los Consejos Rectores de las cooperativas por los presuntos delitos de administración desleal, falsificación de cuentas y falsificación de documento mercantil. Tales delitos los habrían cometido, presuntamente, los miembros de los Consejos Rectores en perjuicio de las cooperativas y los cooperativistas. Es decir, al igual que en su día hiciera el exgestor (David Moreno Pingarrón y PSG), los administradores de la cooperativa ahora estaban perjudicando gravemente los intereses de los cooperativistas y excooperativistas.
Aunque tales querellas fueron presentadas por varios socios y simpatizantes del GIC,de prosperar beneficiarían los intereses de TODOS los socios y exsocios pendientes de liquidar de las cooperativas.
Así pues, ES ROTUNDAMENTE FALSO que dichas querellas se hayan presentado contra las cooperativas pues en ellas se están denunciando hechos cometidos por personas concretas, por posibles delitos cometidos contra los intereses generales de las cooperativas y de los cooperativistas. Por ello es totalmente ilegal, ademas de tener de una cara dura increíble, pretender que estas personas paguen a sus abogados con cargo a los fondos de las cooperativas, que en definitiva sería dinero de menos que entregarían a la hora de liquidar.
Por otro lado, como muchos sabéis, los liquidadores anunciaron una liquidación parcial del patrimonio de las cooperativas, informando de que iban a entregar una pequeña cuantía a los socios. Pues bien, es absolutamente ilegal liquidar los haberes de la la cooperativa (ya sea total o parcialmente) cuando aún quedan acreedores a los que pagar. Así se recoge en los estatutos y en la Ley de Cooperativas (artículo 101 Ley Cooperativas Comunidad de Madrid). Debido a qué aún existen muchos acreedores que no han sido satisfechos de sus deudas, como por ejemplo cooperativistas de baja, se ha solicitado que de forma transitoria y hasta que se aclare si las cuentas están falseadas, que se prohíba cualquier liquidación que en un futuro pudiese perjudicar a los propios cooperativistas. Esto no quiere decir que no se vaya a liquidar a los cooperativistas, ni que se haya decidido por los querellantes, sino que es una decisión que tomará el Juez a la vista del estado de las cuentas de la cooperativa y si aprecia que se pueden lesionar los derecho es intereses de los cooperativistas, así como si la liquidación se está llevando a cabo contraviniendo la Ley.
Se da la circunstancia de que la liquidación anunciada se realizaría sobre la base de unas cuentas presuntamente falseadas, que no se corresponden con la realidad, por lo que, como es lógico, para proteger los intereses de los afectados se ha solicitado que, de momento, se suspendan las facultades de los liquidadores, mientras se dilucida si las cuentas están falseadas o no, para evitar que puedan hacer una liquidación fraudulenta y que comportaría perjuicios a todos los cooperativistas.
Entendemos que todos estamos deseando recuperar al menos parte de lo que en su día aportamos a las cooperativas, pero creemos que es mejor esperar y cuando lo recuperemos que sea TODO lo que legalmente nos corresponde y no lo que los liquidadores han calculado tomando como base un patrimonio incorrecto. A la larga, percibir la cantidad con la que nos pretenden finiquitar es peor solución que esperar a que se realice la liquidación sobre la base de unas cuentas correctas y que reflejen la verdadera situación patrimonial de la cooperativa.
Así pues, no es el GiC quien ha decidido imputar a tales personas (hace ya casi un año) y no es el GiC quien va a decidir si se amplia la querella en la persona de los liquidadores ni si deben intervenir judicialmente las cuentas de las cooperativas sino que será un Juez quien lo decida (o no) y después de estudiar en profundidad el caso.
Como represalia a estos hechos, y en un claro intento de conseguir lo que pretenden (liquidar la cooperativa mediante una simbólica entrega de dinero ahora, que nos acallaría a los socios que tanto deseamos recuperar nuestro dinero) han colgado una serie de informaciones falsas, interesadas e incluso difamatorias para posicionar a los cooperativistas contra el GiC.
Por otro lado, están pidiendo a los cooperativistas su voto para que CON FONDOS DE LA COOPERATIVA, SE ATIENDAN LOS GASTOS JUDICIALES DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS RECTORES Y LIQUIDADORES. Esto, sin duda, es una aberración. Es como si solicitasen a los socios que diesen su consentimiento para sufragar los abogados de David Moreno y los presidentes y secretarios de la era PSG, quienes también, presuntamente, cometieron diversos delitos contra las cooperativas.
No nos podemos dejar engañar: si los miembros de los Consejos Rectores están denunciados por la presunta comisión de determinados delitos contra las cooperativas y los cooperativistas, DEBEN SER ELLOS QUIENES DE SU BOLSILLO SE PAGUEN SUS ABOGADOS Y DEMÁS GASTOS.
¡¡No debemos pagar sus gastos con nuestro dinero!! Qué pretenden, ¿darnos 100 euros menos a cada uno para que quienes, al parecer, nos han perjudicado no tengan que gastarse ni un duro en sus pleitos?. ¿Acaso se ha pedido consentimiento a los socios para que a costa del patrimonio cooperativo se paguen las distintas demandas que cada uno de nosotros hemos iniciado para recuperar nuestro dinero? La respuesta es NO. Cada socio que ha querido iniciar un procedimiento para recuperar su dinero ha tenido que pagar sus gastos. ¿Alguno de vosotros quiere destinar parte del dinero que os corresponde percibir como liquidación a pagar los abogados de los miembros de los Consejos Rectores? La cara de panoli que se nos iba a quedar si finalmente se condenase a los Consejos Rectores y a los Liquidadores después de haber pagado sus abogados sería de espanto.
Y para colmo, no solo nos piden autorización para que con nuestro dinero paguemos los abogados de quienes nos perjudican, sino que además nos piden que también les autoricemos a que con nuestro dinero paguen los gastos del abogado contratado (ya sabemos todos qué abogado) para demandar al GiC: una especie de cheque en blanco que les permita todo tipo de procedimientos judiciales que se prolonguen en el tiempo y beneficien a los de siempre, con la excusa de que esos gastos son culpa del GiC. Aquí os recordamos que el único gasto que le ha supuesto el GiC a las cooperativas fueron las demandas de concurso de acreedores que se instaron en el año 2009 y las cooperativas solo tuvieron que pagar a su abogado y procurador. El resto son muchas otras demandas de otros abogados que no tienen nada que ver con el GiC y que, por lo que sabemos, han ganado siempre e imponiendo las costas a las cooperativas.
Primero quisieron que no se auditasen las cuentas y conseguimos pararlo un año: al año siguiente propusieron la liquidación y se auto-nombraron ellos mismos liquidadores y ya no se auditaron más las cuentas. Ahora pretenden no tener que convocar más asambleas dónde dar alguna explicación si no es necesario y además piden una patente de corso que les permita todo tipo de actos sin tener que dar explicaciones,poder poner cualquier demanda civil o penal, sin justificar su gasto, no auditar las cuentas ni tan siquiera convocar asambleas. Aprobar esto es el final de los cooperativistas. Muerte súbita.
Nuestra recomendación en la asamblea es que aquellos que realmente queráis seguir defendiendo lo vuestro votéis en contra de tales medidas. Para los que alberguéis dudas os sugerimos que os abstengáis. Y, por último, aquellos que, a pesar de todo, queráis votar a favor os hacemos dos recomendaciones:
1) Solicitad que conste expresamente en el acta de la asamblea las explicaciones detalladas y la persona que las dá sobre la cuestión a votar. Ello permitirá determinar la responsabilidad de quien os ha inducido a tomar tal decisión.
2) Expresad que conste en acta que vuestro voto favorable está condicionado a las concretas y exactas explicaciones que os han dado, de tal forma que, si dichas explicaciones se demuestran inveraces vuestro voto favorable quedará automáticamente revocado exonerándoos de cualquier responsabilidad y pudiendo reclamar los daños y perjuicios que tales actuaciones os hayan ocasionado.
Recordad que las asambleas constituyen la única ocasión de tener enfrente a quienes dirigen el destino de las cooperativas y poder pedirles las explicaciones que el resto del año no dan, por lo que es importantísimo que se sigan celebrando y asistir a las mismas.
Por último, los gastos de las cooperativas no los provoca el GiC. Los gastos de las cooperativas, actualmente son en su mayor parte:
- Los honorarios del abogado y procurador de las cooperativas que va perdiendo sucesivamente las demandas de los exsocios que se van poniendo.
- Honorarios de otros letrados y procuradores como consecuencia de la pérdida de juicios por las cooperativas con condena en costas.
- Honorarios asesor y del contable.
- Alquiler y suministros de oficina.
- Salarios de las dos empleadas que des-atienden la oficina.
Y os recordamos que todos esos gastos podrían haberse evitado habiendo declarado el concurso de acreedores en el año 2009. Cuatro años de gastos que no son imputables al GiC si no al desleal comportamiento de los Consejos Rectores antes y de los Liquidadores ahora.