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Cospedal suspende empleo público y obras y elimina empresas y fundaciones

¿Cómo ahorrará Cospedal 1.800 millones de euros?

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Ahorrará 1.800 millones de euros


Cospedal suspende empleo público y obras y elimina empresas y fundaciones


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Resalta que el plan tiene un coste cero para los ciudadanos de la región, porque el Gobierno no subirá "ni un sólo" euro los impuestos

TOLEDO, 31 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha presentado este miércoles el Plan de Garantía de los Servicios Sociales de Básicos de Castilla-La Mancha que supone un ahorro de 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012.

En rueda de prensa, Cospedal ha explicado que el Gobierno regional va a obtener 97,7 millones de euros en ingresos en 2012, a través de venta de inmuebles, venta de participación de empresas privadas, como Gas Natural o Telecom CLM, la venta de vehículos oficiales --hay 2.500--, y la mejora en la obtención de fondos comunitarios.

Las arcas regionales registrarán un ahorro de 1.718 millones de euros como consecuencia de la aplicación de medidas de austeridad en los próximos dos años.

Así, el Gobierno prevé en el capítulo de gastos un ahorro de 391 millones en costes de personal, entre los que se encuentra la reducción del número de liberados sindicales, de 785 a 284 en la Junta de Comunidades, así como la supresión de subvenciones a sindicatos y patronal.

Asimismo, Cospedal ha anunciado un aumento de dos horas lectivas semanales para los docentes de Infantil, Primaria y Secundaria, y la reducción de 33 de los 34 actuales centros de formación de profesorado que existen en la región.

El plan presentado contempla también la congelación temporal de la oferta pública de empleo en todos los sectores de cara al 2012 y la prohibición de contratar personal funcionario interino.

Otra de las medidas anunciadas por la presidenta regional es la reducción de un 20 por ciento del presupuesto del Ente público de la Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, así como la eliminación de 19 empresas y fundaciones públicas.

Se suspende asimismo temporalmente la ejecución de obra nueva en infraestructura, con excepción de las ya comprometidas en gastos plurianuales.

SIN OFICINA EN BRUSELAS

La presidenta regional, en el caso del ahorro en los costes de personal, ha precisado que a la reducción de altos cargos y de personal eventual ya acometida, y a la supresión de la Comisión Regional de la Competencia, del Consejo Económico y Social, del Defensor del Pueblo, se añade la supresión de la Oficina de la Junta de Comunidades en Bruselas, y la reducción de conductores.

Para reducir el déficit el Ejecutivo regional va a desarrollar medidas dirigidas a mejorar la productividad y contra el absentismo laboral, que permitirá ahorrar 46 millones de euros, va a reducir al 50 por ciento las campañas y los actos institucionales; va a eliminar la revista 'Castilla-La Mancha'; a limitar las publicaciones y la impresión de documentos; y a potenciar el uso de medios telemáticos.

Asimismo, va a acometer las reparaciones "estrictamente necesarias" en los inmuebles de su propiedad. También ahorrará 1.300.000 euros en la reducción del 20 por ciento de los alquileres, y va a eliminar todos en dos años.

El Gobierno regional no adquirirá nuevos vehículos oficiales, revisará la cuantía de los seguro que paga por ellos, y creará un registro de consumo de carburantes para controlar las cantidades repostadas y de consumo realizado.

También va a restringir la contratación de asistencias técnicas, impulsando para ello la productividad de los servicios internos, una medida con la que prevé un ahorro aproximado de 11,7 millones de euros, de tal modo, que por ejemplo, el asesoramiento jurídico de las empresas públicas se realizará desde el gabinete jurídico de la Junta.

En materia de vivienda, Cospedal ha adelantado que va a reducir durante el 2012 la partida destina a la Oficina Técnica de Vivienda, ahorrando con ello 2,5 millones de euros. Esta oficina desaparecerá definitivamente en 2013.

Igualmente, Cospedal ha asegurado que se va a revisar los gastos de mantenimiento de centros educativos y sanitarios, y que de forma temporal se va a suspender el programa de Termalismo y Turismo Social.

A fin de racionalizar el gasto en contratación administrativa, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a priorizar el factor precio en la adjudicación de los contratos como criterio único de valoración, y va a centralizar los sistemas de contratación.

EMPRESAS PÚBLICAS Y FUNDACIONES

El Ejecutivo regional reducirá con carácter general las subvenciones en un 10 por ciento; las transferencias a las empresas públicas del sector agrícola (en 51,6 millones de euros), y las subvenciones a empresas públicas y privadas del sector agrícola, por valor de 9,4 millones de euros.

Asimismo, va a desaparecer la Fundación Ínsula Barataria, el Instituto Don Quijote de Promoción Turística, así como el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM), unas medidas, ha dicho, que supondrán a las arcas regionales un ahorro de 11,8 millones de euros.

ESTADO DE BIENESTAR

Cospedal ha insistido en que el principal objetivo de este plan, en el que los consejeros del Gobierno regional y de forma especial el de Economía y Hacienda, Diego Valle, han trabajado todo el verano, es garantizar y mejorar el acceso a una sanidad y una educación pública, a unos servicios de calidad, y crear empleo.

Y es que según Cospedal, el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha ante todo pretende "defender el Estado de bienestar ante la ruina económica heredada de anterior Ejecutivo socialista", que ha dejado un déficit del 4,9 por ciento, una deuda de 7.455 millones de euros, unas obligaciones reconocidas y no pagadas de 2.6000, y 36 millones de liquidez.

Es por ello que la titular del Gobierno regional ha reiterado en varias ocasiones, y a lo largo de su larga intervención, que el presentado este miércoles es un plan "responsable, bueno, equitativo, justo, y equilibrado. El único plan posible", ha apostillado.

Pero sobre todo, Cospedal ha remarcado que este plan tiene un coste cero para los ciudadanos de la región, "porque este gran esfuerzo que hace el Gobierno lo hace sin subir un solo euro los impuestos", y que con él, el Gobierno de la región cumple con el mandato constitucional que este martes venía la luz en el Congreso de los Diputados, después de que el PP y el PSOE, partidos que representan al 90 por ciento de los ciudadanos aprobaran no gastar más de lo que se tiene.

Y es que la presidenta castellano-manchega, que ha indicado que su Gobierno ha tenido contactos "discretos" con el Ministerio de Economía, al que en breve presentará este plan, se ha mostrado convencida de que con la aplicación de todas estas medidas su Gobierno va a ser capaz de reducir sustancialmente el déficit.

DOS AÑOS "COMPLICADOS"

Para ello, María Dolores Cospedal ha pedido ayuda a los castellano-manchegos, aunque ha advertido de que los dos años que suceden serán "complicados", y de que en la parte final de la legislatura Castilla-La Mancha tendrá unas cuentas saneadas y se generará empleo.

La presidenta también ha admitido que el plan va a generar la crítica "precisamente de los que nos han obligado a hacerlo porque nos han arruinado", en referencia al PSOE, y ha indicado que era más "conveniente" explicar primero a los castellano-manchegos que al Parlamento regional las medidas que contienen este plan.

Por último, ha anunciado que lo llevará a las Cortes cuando presente los presupuesto para el próximo ejercicio, y se ha mostrado confiada en que el PSOE apoye la filosofía de esta 'hoja de ruta' contra el déficit, pues al fin y al cabo este partido ha aprobado en el Congreso de los Diputados la reforma constitucional.

 

No son dos horas
Es admirable lo bien que funcionara la maquinaria propagandística de quienes ostentan el poder. Una maquinaria que ha convencido, en apenas unas horas, a gran parte de la opinión pública de dos hechos que son completamente falsos:

1. Se afirma que el horario actual de un profesor de Secundaria son 18 horas semanales, cuando es -en realidad- de 37,50 h. Contamos aquí -por supuesto- solo las horas legales, pero no las horas extra no remuneradas que muchos de nosotros dedicamos voluntariamente a otras tareas educativas, tales como actividades extraescolares, salidas, viajes, grupos de teatro, jornadas culturales, revistas escolares..., iniciativas que la Consejería no reconoce en modo alguno.

2. Se insiste en que nuestra protesta y la futura (posible) huelga se debe al aumento de 2 horas lectivas y se omite su verdadero móvil: el desmantelamiento de la educación pública.

Sobre esta segunda falacia, y dejando a un lado que una hora lectiva se multiplica por otras tantas horas de trabajo fuera del aula, solo haré algunas puntualizaciones (a las que seguro que mis compañeros pueden aportar muchas más...):

1. No nos quejamos por 2 horas más, pues muchos de nosotros ya dábamos 19, 20 o incluso 21 horas lectivas en cursos anteriores. Somos conscientes de la crisis (es triste tener que volver a recordar que asumimos un notable recorte salarial hace solo unos meses) y por ello mismo, muchos -por no decir todos- estamos dispuestos a asumir ese aumento de horas siempre que se respeten las plantillas y los cupos de profesores actuales. Así, por ejemplo, si en mi centro todos aumentamos 2 horas lectivas pero no se recortan los 10 profesores que han sido suprimidos, podremos hacer desdobles, grupos flexibles, clases con menos alumnos y atender, en definitiva, a nuestros chicos con la dignidad y la dedicación que merecen.

2. El motor de la protesta no es, por tanto, el aumento de horas, sino el recorte de profesores. Recorte que supone dejar en la calle a más de 3000 docentes y hacinar a los alumnos en aulas que superarán, con creces, los 30 alumnos por grupo.

3. Nuestro objetivo no son esas dos horas, nuestro objetivo es defender la enseñanza pública , que se está viendo atacada de modo salvaje y tenaz, con medidas como las siguientes (solo son un tímido extracto de lo que está ocurriendo):

- recorte de casi 100 millones de euros en la pública (la Consejería admite, al menos, 80 mill €);

- "regalo" fiscal de 90 millones de euros a la privada (a través de desgravaciones a quienes puedan pagarse allí la matrícula de sus hijos);

- supresión de las tutorías que dejan de ser hora computable para profesores y alumnos y quedan al libre albedrío del centro, con el consiguiente perjuicio de las familias más desfavorecidas;

- supresión de plazas para nuevos alumnos en FP, EOI, Artes musicales y escénicas..., convirtiendo la enseñanza profesional, de idiomas y artística en un reducto que acabará siendo exclusivo de aquellos que puedan pagarse esa formación;

- supresión de refuerzos, desdobles, orientadores y profesores de Compensatoria (en mi instituto no habrá ni uno solo este año, por ejemplo), lo que más allá de exigir que cada profesor atienda a más 30 alumnos por clase, perjudicará tanto a quienes destaquen por sus altas capacidades como a quienes tengan problemas por lo contrario: todos deberán estar en el mismo grupo al no haber profesores suficientes en el centro para dividirlos por niveles; etc.

Por supuesto, se puede estar o no de acuerdo con estos motivos. Se puede estar o no de acuerdo con nuestra huelga. Se puede estar o no de acuerdo con nuestra lucha por la educación pública. Pero, más allá de la necesaria -y sana- diversidad de opiniones en que se basa toda democracia, no se puede mentir y afirmar que nuestra protesta se hace por un motivo que no es -ni mucho menos- el que nos ha hecho unirnos a padres, alumnos y profesores -de todo tipo de ideologías- por un fin común. Un fin que, desde luego, no son esas 2 horas (¿alguien cree, de veras, que toda la comunidad educativa se levantaría en armas solo por algo así?), sino el desmantelamiento progresivo -y alarmante- de un pilar de toda sociedad: la educación pública.


Profesor de Lengua y Literatura de un IES de la Comunidad de Madrid


 

 

Fin del hilo
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