http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3271_4_201826__GALICIA-Vivenda-impone-multas-3000-euros-fraude-chales-proteccion-oficial Vivenda impone multas de 3.000 euros por fraude a los dueños de 33 chalés de protección oficial
La Xunta considera probado que estos propietarios destinaron a segunda residencia las viviendas asignadas en Pereiro de Aguiar
La Consellería de Vivenda ha resuelto definitivamente los expedientes de sanción abiertos por el uso fraudulento de chalés adosados de protección pública en el ayuntamiento ourensano de Pereiro de Aguiar y ha impuesto a 33 familias una multa por un importe de 3.010 euros a cada una. Contra esta decisión se ha cerrado la vía administrativa y a los afectados sólo les queda acudir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para intentar eludir la sanción, la primera de este tipo que se produce en la comunidad autónoma por afectar a un número tan elevado de una misma urbanización.
El expediente se inició en el mes de mayo del pasado año, al constatar la Consellería de Vivenda que en una promoción de 121 inmuebles, en 47 se registraban indicios de que no habían sido ocupadas como residencia habitual, tal como exige la ley a los beneficiarios, y que sus propietarios las usaban como segunda residencia. Iniciado los trámites administrativos para actuar contra los propietarios y tras escuchar sus alegaciones, el departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas resolvió desestimar las sanciones contra catorce propietarios y confirmar las multas a otros 33 dueños de los chalés adosados.
Las resoluciones con la notificación de la sanción se comenzaron a enviar a los afectados hace un mes, con lo que es de suponer que todos ellos ya la han recibido.
Fuentes de la Consellería explicaron que el no ocupar como residencia principal una vivienda protegida es un fraude considerado como infracción muy grave para la que se prevén multas de entre 3.005 y 60.000 euros, y en que en el caso de Pereiro de Aguiar se apostó por castigar a los infractores con la cantidad más baja.
En todo caso también dejaron claro que las inspecciones, aleatorias en unos casos o previa denuncia de un particular en otros, continuarán por toda Galicia, y que si en esta promoción de Pereiro de Aguiar se constata de nuevo que uno de los propietarios vuelve a infringir la obligación de ocupar la vivienda, se actuará contra él y se redoblará el importe de la sanción.
No obstante, la Xunta quiere potenciar los efectos disuasorios de las multas para evitar usos fraudulentos de las viviendas protegidas, cuya irregularidad más extendida es utilizarla como segunda residencia o alquilarla. Por eso, en la reforma de la ley de vivienda, que ya está en fase de anteproyecto, el Gobierno gallego prevé endurecer las sanciones para las faltas consideradas muy graves, con una sanción mínima de 60.000 euros y la máxima de un millón.
En el caso de que esta reforma ya estuviera aprobada, actitudes similares a la que protagonizaron los propietarios de las viviendas de Pereiro de Aguiar serían penalizadas con sanciones de 60.000 euros cada uno.
La promoción investigada de este ayuntamiento ourensano está formada por 121 viviendas unifamiliares adosadas de 90 metros cuadrados de superficie y una parcela de 125 metros cada una. Su precio de venta fue de 75.126 euros y se entregaron en junio de 2006 a los beneficiarios en un proceso de selección realizado por la Xunta del PP.
Pasado el tiempo, ya con el bipartito en San Caetano, los servicios de inspección realizaron una revisión de los chalés adosados y comprobaron que una gran parte de ellos estaban vacíos y con consumos energéticos mínimos o inexistentes. La sospecha se reforzaba además por otros indicadores que evidenciaban la desocupación de las viviendas, como entradas de los chalés llena de hierbas y cascotes de piedra, persianas completamente cerradas en toda la vivienda, jardines con aspecto de abandono, timbres fuera de funcionamiento, restos de las obras esparcidos en su entorno o suciedad generalizada.
"Todos estos datos llevaron al Servicio de Inspección de la Consellería a dictaminar el altísimo grado de desocupación de la urbanización, siendo las viviendas, en muchos casos, utilizadas de forma esporádica sólo para descanso familiar y el ocio", aseguraba Vivienda en su expediente