La bandera no se toca y Ortega Cano no tuvo resaca
- En la última década, España no ha hecho más que recortar en libertad de expresión, ya sea con sentencias contra revistas satíricas, con la 'ley mordaza' o condenas obsoletas en defensa de la Corona o la bandera
Neus Tomàs
22 de diciembre de 2020 21:57h
El Tribunal Supremo ha confirmado este martes que la revista Mongolia tendrá que indemnizar con 40.000 euros al extorero José Ortega Cano por vulnerar su derecho al honor. Considera que un fotomontaje con la cara del exmatador de toros y el cuerpo de un extraterrestre sosteniendo entre sus manos un cartel con el texto "antes riojanos que murcianos" y diciendo "estamos tan a gustito…" es un escarnio. En el cartel en cuestión, que tenía como objetivo publicitar un espectáculo musical que se iba a celebrar en la ciudad de Cartagena, aparecía como fondo un platillo volante y la leyenda "Viernes de dolores… sábados de resaca". La revista reivindica el derecho a la libertad de expresión y recuerda que imponer una penalización económica tan desproporcionada por una simple viñeta satírica es un mecanismo habitual en las democracias poco consolidadas para sacar de circulación a elementos incómodos sin tener que recurrir formalmente a la censura explícita.
Desde que nació Mongolia, en el 2012, España no ha hecho más que recortar en libertad de expresión. La debilidad económica de los medios ha permitido que el miedo ganase terreno en muchas redacciones y ante el riesgo a enfrentarse a querellas que dirimirán tribunales con una visión más que reduccionista se opta por evitar los conflictos. Lo mismo ha pasado en la calle. Ya antes de la pandemia se pudo constatar que si antes protestar era un derecho ahora se ha convertido en un riesgo.
Hace una semana el Tribunal Constitucional sentenció que instar a quemar la bandera española es un delito. Elisa Beni lo resumió muy bien en un artículo en que subrayaba que con esta decisión el tribunal no sólo se sitúa fuera de la normativa europea ya establecida sino que se coloca mayoritariamente a la santa derecha del Opus. En este caso las víctimas fueron unos sindicalistas gallegos, entre ellos Pablo Fragoso, dirigente de la Confederación Intersindical Galega (CIG), que instó a quemar la "puta bandera" de España, durante una manifestación ante el Arsenal Militar de Ferrol (A Coruña) en 2014. Los jueces consideran que las referencias a la bandera fueron innecesarias para las reivindicaciones salariales que este representante sindical estaba llevando a cabo.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Amnistía Internacional ha alertado de que en España, el uso excesivo de la fuerza y una legislación represiva repercute en este derecho y el que tiene toda sociedad a protestar pacíficamente. La 'ley mordaza', que se utilizó para aplicar más de un millón de multas durante el confinamiento, sigue vigente. Aprobada por el Gobierno del PP en el 2015, ha servido para sancionar a manifestantes que defendían el derecho a la vivienda o que reivindicaban causas medioambientales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a derogar la norma, pero ahí sigue, más viva que nunca. El Defensor del Pueblo ha reclamado en más de una ocasión que sea reformada para que garantice “el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad". De momento, se impone una mala defensa de la seguridad en detrimento de la libertad.
Una interpretación sui generis de los delitos de odio lleva también a nuevos recortes del derecho de expresión. ¿Insultar a un policía es un delito de odio? No, porque las fuerzas de seguridad no son un grupo minoritario al que se deba proteger. Aun así, a los juzgados han llegado denuncias en las que se reclamaba que las fuerzas de seguridad fuesen consideradas como un colectivo vulnerable. Una de las últimas la protagoniza Valtònyc. El rapero tiene una nueva causa abierta, esta vez en Sevilla, por un supuesto delito de odio contra la Guardia Civil por una denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Este sindicato defiende que el cantante mallorquín demostró, en un concierto celebrado en Marinaleda el 31 de marzo del 2018, que tiene “una actitud de odio irracional contra los guardias civiles”. Ese día en el escenario atacó duramente a este cuerpo de seguridad.
A Valtònyc ya le condenaron a tres años y medio de cárcel por delitos de calumnias e injurias graves a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas por el contenido de una serie de canciones. El Supremo señaló que sus letras injuriaban al Rey o a miembros de la Familia Real con frases como “el rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello que le caiga el peso de la ley” o “hagamos que Urdangarin curre en un Burger King y la infanta Elena pida disculpas por ser analfabeta y no estudiar en Cuba”. Al final tendrán razón los que dicen que con todas las presuntas irregularidades que se están conociendo sobre las finanzas de Juan Carlos I el delito que realmente cometió Valtònyc fue el de cantar mal.
Ahora le ha tocado a Mongolia pero hace un par de años fue El Jueves. El 5 de octubre del 2017, la revista publicó en su web un artículo satírico sobre la intervención de la Policía Nacional durante el 1-O con este titular: “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña”. El director y subdirector de la revista fueron denunciados por un sindicato policial. Una jueza de Barcelona los envió a juicio por un delito de injurias porque consideró que tanto el texto como las ilustraciones suponían “una ofensa y una falta de respeto” para los miembros de este cuerpo de seguridad. La Audiencia de Barcelona, en una resolución que repasó toda la jurisprudencia europea en materia de libertad de expresión, archivó la causa en mayo del año pasado, con un tirón de orejas incluido a la jueza.
El director del programa 'Està Passant', Toni Soler, y dos de sus colaboradores, Magí Garcia 'Modgi', y Jair Domínguez, declararon hace dos semanas como imputados ante una jueza de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) por un chiste que comparó a los Mossos d'Esquadra con perros tras las cargas de la policía catalana en las protestas contra la sentencia del procés. Los humoristas apelaron a la libertad de expresión, pero la Fiscalía considera que incurrieron en un delito contra las instituciones del Estado.
¡Ay, las instituciones! Cuanto más parecen defenderlas, más las desgastan. Sirve para la Corona pero también para los uniformados, sean del color que sean