Buenos días,
Queremos parecernos a Alemania...
Cierto es que en Alemania no atan los perros con longaniza tampoco, pero, por ejemplo, existen en ese país alquileres de viviendas dignas por 400 euros (TOTALES: renta -alquiler en sí-, IVA, IBI y gastos de comunidad incluídos), siendo el salario mínimo de 1.200...
Aquí, un ejemplo: promoción de la parcela 105 del PAU-4 de Móstoles (incluída dentro del "Plan Joven" de la Comunidad de Madrid, viviendas "VPPAOCJ" -viviendas en arrendamiento con opción a compra a los siete años-, y promovida y construída por Egicam Plan Joven, empresa del Grupo Egido), la vivienda más barata: alrededor de 440 euros, a los que hay que añadir el IVA, el IBI, los gastos de comunidad y "de mantenimiento" -obligación de contratar la empresa que imponen los propietarios... Total, más de ¡¡¡700 eurazos!!!, con un salario mínimo que no llega a esa cantidad...
Los "agraciados" adjudicatarios de esta promoción están renunciando en masa ante la perspectiva en la mayoría de los casos de NO PODER COMER para pagar el piso... Por no hablar de que, en el ejemplo de vivienda que he puesto, los metros cuadrados útiles son... 54...
Y el caso es que poco pueden hacer los "agraciados" ante esta situación de imposibilidad de acceso a estas viviendas que, se supone, están pensadas para facilitar el que los JÓVENES tengan una vivienda digna en la que cobijarse. Y tienen poco que hacer porque contribuyen a ello las promotoras, por supuesto, que van a ganar dinero siempre (con la vivienda protegida, también, claro) y ¡las administraciones públicas!, en este caso, la COMUNIDAD DE MADRID, que fija precios máximos elevadísimos para los sueldos de los que disponen los adjudicatarios, jóvenes y, con suerte, ganando un salario misérrimo...
O sea, que hemos llegado a la tristísima situación de que ser "agraciado" con una vivienda protegida es peor que recorrerse las viviendas libres buscando una que te guste, pues incluso los precios son inferiores en éstas.
Los promotores han visto la salvación en las viviendas protegidas, ante la caída de precios de sus viviendas libres, amparados aquellos además por, como digo, unas administraciones públicas más preocupadas de salvarlos que de cumplir con el precepto constitucional del artículo 47:
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."
Pues bien, ni los poderes públicos promueven el derecho a la vivienda para hacer efectivo el derecho (no digo que el derecho sea gratuito, sino con un precio adecuado y moderado), ni se ha impedido la especulación, ni la comunidad participa de esas plusvalías, sino que de ellas participan sólo los promotores (a veces incluso promotores públicos...).
¿Qué hacen los Ayuntamientos ante esta situación, qué hacen las Comunidades Autónomas, que hace el Ministerio de la Vivienda? Si la respuesta es nada, habrá que exigírselo, ¿no?
Un saludo,