El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, mantuvo ayer una reunión en Madrid con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, para explicarle las políticas mantenidas en Aragón e intentar que preserve en la comunidad autónoma las ayudas a los ciudadanos, especialmente en vivienda protegida. En el encuentro de ayer no hubo conclusiones ni promesas, ya que estas quedan pendientes para una conferencia sectorial del ramo que podría celebrarse en noviembre. En cualquier caso, la ministra abogó por escuchar las peticiones e intentar tener en cuenta la reivindicación de Aragón, que ya mostró su oposición a los drásticos recortes que planteó la ministra a las comunidades autónomas el pasado mes de julio.
El Gobierno ha decidido suprimir la ayuda directa al pago de la entrada en compras de vivienda de protección oficial (VPO). Como contrapartida, se permitirá la ampliación de la hipoteca hasta el 90% del valor del piso. Además, está en peligro un fondo que se pretende eliminar y que se repartía entre aquellas comunidades que cumplían sus compromisos con vivienda protegida. Este es el caso de Aragón.
El consejero de Obras Públicas ya mostró en julio su rechazo a esta propuesta, y consideró que los recortes debían hacerse proporcionalmente, según los objetivos cumplidos por cada comunidad autónoma. Fue por este motivo que la ministra le emplazó a un encuentro bilateral que se celebró ayer y que fue el motivo por el que el consejero no asistió al debate de política general sobre el estado de la comunidad autónoma.
La reunión se celebró solo un día después de que la ministra Corredor expusiera en el Congreso sus planes y el modo de efectuar estas rebajas en ayuda, que afectan en Aragón a miles de personas, especialmente jóvenes, que están a punto de afrontar la compra de una vivienda de estas características. La situación es especialmente dolosa en la ciudad de Zaragoza, donde están proyectadas centenares de viviendas en nuevas zonas como Arcosur o Parque Venecia. Sus futuros habitantes organizaron una protesta el pasado fin de semana en la capital aragonesa.
El consejero está estudiando la posibilidad --como también hará Asturias-- de mantener las subvenciones autonómicas y ampliarlas para cubrir el hueco que deje el ministerio. Sin embargo, la dificultad económica y los recortes en los presupuestos de Aragón el próximo año obligarán a buscar fórmulas menos gravosas para las arcas públicas o estudiar bien los complementos.