Reforma del suelo

¿Cómo piensa el Gobierno abaratar el suelo y reducir los altos precios de la vivienda?

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Rato se compromete a negociar una reforma del suelo que abarate los pisos
Expansión, 15/1/2004

El acuerdo suscrito en enero de 2003 con diez autonomías ha sido insuficiente. El Gobierno considera básica la participación de los ayuntamientos. La oferta de los populares se completará con más VPO y viviendas de alquiler.

El Gobierno suscribió a comienzos del año pasado un acuerdo con las autonomías gobernadas por el PP, CiU y Coalición Canaria para conseguir abaratar el suelo, uno de los principales responsables del alto precio de la vivienda, que en 2003 aumentó un 15,8%. Doce meses después, los resultados de aquel pacto están aún por ver. Por esta razón, los responsables del Gobierno subrayan que en la próxima legislatura es necesario celebrar otro acuerdo que involucre a todas las administraciones territoriales.

Así lo puso de manifiesto ayer el vicepresidente primero, Rodrigo Rato, durante la presentación del balance económico de la legislatura. En su opinión, las grandes prioridades en política de vivienda son agilizar y hacer más transparente el proceso de creación de suelo urbano, incentivar el alquiler y suavizar las consecuencias de posibles subidas de los tipos de interés para reducir los altos precios de la vivienda.

Rato cree que el sistema actual de creación de suelo urbano no responde a una demanda de vivienda “muy poderosa”, que está superando las 700.000 unidades anuales. “Es obvio que en esta materia tenemos que introducir cambios”, recalcó.

Lo cierto es que el Gobierno ha tratado de tomar cartas en el asunto con escaso éxito durante la segunda mitad de 2003. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, anunció en esas fechas el inicio de unos contactos con la Federación Española de Municipios (Femp) para que se sumase a los acuerdos con las autonomías –no contó con el apoyo de las gobernadas por el PSOE–. El proceso de recomposición de la institución municipal, tras la celebración de las elecciones del 25 de mayo, impidió concretar los aspectos más relevantes de esa negociación.

No obstante, el Partido Popular tiene algunas propuestas sobre la mesa si ganan las elecciones del 14 de marzo. Una de ellas pasa por que se produzca una verdadera delegación de competencias urbanísticas de las comunidades autónomas a los ayuntamientos o, por lo menos, a las poblaciones de más de 250.000 habitantes. En el PP están convencidos de que la única manera de que el suelo se abarate es la colaboración entre la Administración autonómica y local, y llegar a pactos como el logrado por la Junta de Castilla y León con los ayuntamientos más representativos de la región. El propio rato manifestó que las autonomías deben regular, mediante leyes, la oferta de suelo urbano.

Los expertos calculan que los solares, el principal coste de construcción, puede llegar a representar más del 50% del precio final de un inmueble. Aunque se trata de un mercado poco transparente, los informes sobre tasación de terrenos elaborados por el Banco de España calculan que el encarecimiento desde 1998 podría ascender a cerca del 200%.

Los empresarios dudan que este pacto se pueda celebrar cuando las propuestas de los populares y del partido socialista son tan opuestas. Frente a las tesis liberalizadoras defendidas desde Génova, el PSOE propone una reforma total de la ley del suelo que elimine todos los elementos especulativos y que se destine, sin excepciones, los solares públicos a la construcción de viviendas de protección oficial.

Fomento del alquiler
El alquiler va a ser otra de las bazas electorales. Mientras que el PSOE propone la creación de un importante parque de viviendas públicas y una agencia que ponga orden entre la oferta y la demanda, el PP jugará con las propuestas puestas en marcha en el pasado –reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades– para fomentar la salida a mercado de las viviendas desocupadas y de nuevas promociones.

Sobre la mesa también se encuentra el reforzamiento de las garantías jurídicas de los arrendadores y el diseño de un plan de vivienda pequeña en alquiler. Este mercado ha estado marcado por la polémica en los últimos meses debido a que la propuesta del PP de penalizar las viviendas desocupadas con una subida en el IBI, tuvo que descartarse cuando el ayuntamiento de Madrid quiso aplicarla.

Más vivienda protegida
Otra de la claves de la campaña electoral del PSOE y del PP. Los populares creen posible la construcción de 100.000 viviendas al año de estas características. La cifra responde a que, aunque el actual Plan de Vivienda funciona, muchas autonomías están muy por encima de los objetivos previstos y demandan un aumento del número de actuaciones financiadas.

Además, los populares quieren recuperar la vieja figura de la Vivienda de Precio Tasado que desapareció en 1995. De lo que se trata es de que los promotores puedan construir un tipo de vivienda a un precio algo superior al de la VPO pero que sus clientes puedan acogerse a la financiación cualificada. La oferta del PSOE es garantizar el acceso a 180.000 familias en cuatro años a través de un nuevo Plan de Vivienda.

A vueltas con la fiscalidad
A la vista del número de españoles endeudados por la compra de una vivienda, es poco probable que haya cambios sensibles en la fiscalidad. No obstante, hay algunas propuestas novedosas. El PSOE ha planteado insistentemente recuperar las deducciones de los inquilinos de viviendas en alquiler.

Desde las filas populares está pendiente la propuesta llevada el año pasado al Parlamento para rebajar el IVA que soportan los inmuebles desde el 7% al 4%. Esta iniciativa, presentada por el Grupo catalán en el Parlamento no contó finalmente con el apoyo del PP aunque podría recuperarse. Otra de las propuestas planteadas es ampliar los plazos de las cuentas ahorro-vivienda, de los cuatros años actuales hasta siete.