Buenas noches:
Mi caso es que en una segunda vivienda de más de 40 años, en marzo de 2010 la calefacción comunitaria dejó de funcionar tras varias reparaciones puntuales realizadas en años previos para seguir “tirando”. 3 de los 14 vecinos de la comunidad decidimos instalar calefacción individual porque la Junta de Extremadura precintó la instalación ante el deterioro de la misma y comunicó a las compañías de gasoil para que no se suministrara el combustible hasta sustituir el sistema antiguo y averiado. Sin presentar presupuesto alguno para instalar una nueva instalación comunitaria, además, varios vecinos emprendieron una campaña de acoso y derribo contra los 3 que, sin noticias de lo que se iba a hacer, tomamos el camino de la individual. Nuestras instalaciones individuales, con los permisos oficiales de empresas y la propia Junta de Extremadura, se certificaron entre agosto y septiembre de 2010. Para esa fecha, transcurridos 5 meses desde la gran avería, no se había convocado reunión alguna para ver qué se hacía. Por eso, nos atrevimos a la individualización y, así, se hizo saber, sin respuesta u oposición, a la Gestoría de la finca y, por ende, a la junta de gobierno que, sin contar con el resto de vecinos, presentaría en junta una factura a finales de noviembre de 2010 y nos daba a conocer la nueva instalación que, sin presupuestos ni debates (no había habido junta alguna desde marzo de 2010), incluso, había hecho uso de un espacio común, lo que fue residencia del portero, para instalar los depósitos para el gasoil.
Llevamos más de 3 años intentando arreglar el tema pero se nos ha demandado por no contribuir al excesivo gasto que supuso la nueva, insisto, nueva instalación comunitaria y, obviamente, al impago de las derramas de gasoil bimestrales que, aprovechando nuestra supuesta morosidad, incluyeron en los tradicionales recibos de comunidad.
Quiero insistir en que la instalación comunitaria fue nueva, no una reparación (de hecho estuvo precintada desde marzo 2010 hasta diciembre 2010), en que no se barajaron ni, lógicamente, votaron presupuestos ni se trasladó el tema a los vecinos y, finalmente, que tras comunicación previa, nuestras instalaciones individuales se hicieron cuando no existía ni había noticias de lo que iba a pasar con la calefacción comunitaria que, durante un lustro, llevaba dando problemas y gastos habituales hasta, finalmente, claudicar en marzo de 2010.
¿Hay jurisprudencia que apoye nuestra decisión viendo las irregularidades que, a nuestro parecer, realizaron esos 3 vecinos que gestionan la comunidad y cuentan con el apoyo (y votos) de personas mayores que, por tradición, les dan el voto?
Reciba un cordial saludo.