y mas follones aun del pocero (II)

Cita:
«El Pocero» sólo da 100.000 euros por el terreno de Seseña

Sus abogados reducen a «calderilla» los 114 millones de euros que reclaman los herederos

Ismael del Prado




illescas (toledo)- Poco más de 18 millones de las antiguas pesetas. Exactamente, 109.040 euros. Esa es la cantidad máxima que están dispuestos a abonar los abogados de la empresa «Parque Tecnológico Toledo Norte» -o lo que es lo mismo, la familia Hernando- como indemnización a los herederos -González Mejía- de los terrenos sobre los que, a golpe de grúa y ladrillo, se edifica «Villa Pocero» en la localidad toledana de Seseña. ¿Su argumento? «Los herederos, en ningún momento han perdido la propiedad, sino el acceso a la misma previo pago de su valor. Tan sólo estamos dispuestos a aceptar una compensación por el porcentaje (5%) correspondiente a la plusvalía de la “finca rústica” y los costes del proceso judicial», afirmó el abogado de «El Pocero». Por tanto, en ningún caso sobre las futuras inversiones en la misma.
Y es que, con un proceso ya en manos del Tribunal Supremo para dirimir a quién pertenece la finca sobre la que se construyen las 13.500 viviendas, ayer mismo quedó visto para sentencia y sin acuerdo, por supuesto, otro frente que trasladó a los mismos protagonistas a los juzgados de Illescas. Así, la mañana desayunó rumores y chascarrillos: «¿Vendrá “El Pocero”?», se preguntó la mayoría ; «Cuando hubo que escriturar nunca apareció...», afirmaron otros ; «Pero, entonces, ¿es verdad que no sabe leer ni escribir?”, cuestionaron los más despistados. Lluvia de interrogantes que se despejó en la media hora larga que tardaron en avisar a las dos partes para que accedieran a la sala. Francisco Hernando, «El Pocero», volvió a olvidar anotar en su agenda la cita con el juez. Como era previsible, no acudió a Illescas. Pero sí su hija, Mónica Hernando. «La primera licenciada de la familia», cuchichearon de nuevo ya en los bancos de la sala.
El informe perital, ampliado
Ya metidos en faena, el juicio sirvió para que los herederos insistieran en su reclamación de 114 millones de euros de indemnización. Su defensa -constituida por Paula Mejía y Fernando Aparicio- se sostiene principalmente en la sentencia del Supremo, un certificado catastral y el informe perital que determina el valor potencial de la finca. Un documento que precisamente ayer fue ampliado. Pues a pesar de la oposición del abogado de «El Pocero», la jueza del caso admitió la ampliación propuesta por los González Mejía.
A partir del análisis de la misma, que examina el valor de venta de los pisos de «Villa Pocero», así como los de urbanizaciones similares en la zona, los abogados de los herederos explicaron que «la cantidad demandada, aunque puede parecer desorbitada, no lo es tanto al conocer el margen de beneficio que va a reportar al promotor». En este sentido, los letrados de los hermanos González Mejía cifraron, a septiembre de 2006, el valor de mercado de la operación en «más de 1.200 millones de euros. De ellos, un 19,5% representan los beneficios para el promotor». Un total que asciende a 241.233.265 de euros.
Asimismo, al término de la vista, Paula Mejía ofreció réplica a las críticas vertidas desde la defensa de «El Pocero» sobre un supuesto abandono en el interés por los terrenos desde 1997 -año en que se refrendó la sentencia inicial del Supremo- hasta 2003: «Desde 1998, cuando se corroboró la resolución, hemos estado en constante actividad. No lo hemos abandonado, hay trabajo que así lo demuestra. Si no se ha pagado precio es porque no nos ha dejado ni pagar ni escriturar. Siempre han tratado de dilatar todo en el tiempo. Han urdido un fraude procesal», zanjó la abogada.
Sin embargo, la versión del letrado de «El Pocero» es radicalmente opuesta. Su abogado quiso dejar claro que su rival «ha tenido 6 años para determinar un precio justo, pero nunca han aceptado cuántas ofertas se les han planteado. Después de 2003 no han ofrecido ninguna alternativa y ahora... ¿pretenden reclamarlo?». Asimismo, matizó que sus representados son quienes «han arriesgado al invertir en la finca». Una apuesta que obliga a «El Pocero», y no a los herederos, a soportar «costes de 7.500 millones de pesetas».