Noticias de vivienda

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El gobierno de la Generalitat acelerará el trámite para aprobar, o no, la modificación de planeamiento en Barcelona para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de sus proyectos a vivienda asequible. La modificación tiene que recibir el aval jurídico en la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, cuya próxima reunión estaba prevista para el día 5 de diciembre. Pero ayer, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio de la Generalitat, Agustí Serra, reveló que la reunión se adelantará y que “posiblemente” se podrá aprobar.

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El Tribunal Supremo revisará si continúa aplicando su criterio, conocido el jueves, de avalar el pago por parte de la banca del impuesto de actos jurídicos documentados vinculados a una hipoteca, por lo que ha acordado paralizar con carácter urgente todos los recursos planteados al respecto. En una nota informativa del presidente de la sala tercera del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, dicha decisión se ha adoptado teniendo en cuenta el "giro radical" en la jurisprudencia y en la "enorme repercusión económica y social" de un fallo que achacaba este gravamen a las entidades por ser las interesadas en la operación.

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Cambio de paso. El Tribunal Supremo ha dictaminado que las entidades bancarias son la que deben hacer frente al pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no el prestatario de ese dinero, como venía marcando en la jurisprudencia anterior. Concretamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal señala que "el sujeto pasivo en el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentos cuando el documento sujeto es una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario".

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La decisión de cargar a los bancos el impuesto de las hipotecas no es definitiva. El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo, ha decidido este viernes que el Pleno de la Sala, compuesto por una treintena de magistrados, revise la decisión de una de sus secciones de cambiar la jurisprudencia sobre el impuesto.El presidente de la Sala justifica su decisión en que la sentencia que atribuye el tributo a los bancos ha supuesto "un giro radical" de la jurisprudencia, así como por la "enorme repercusión económica y social" de lo acordado.

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La banca ya se mueve ante la decisión del Supremo de este jueves, pese a que podría revisarla. Los dos grandes bancos, Santander y BBVA, han retirado sus ofertas promocionales de la página web, que incluían agresivas ofertas a tipo variable y fijo para captar clientes. La banca lleva tiempo embarcada en una guerra de precios para ganar cuota de mercado en hipotecas, tal y como ha venido señalando el Banco de España, aunque desde el sector asegura que si finalmente los bancos tienen que devolver el impuesto que han pagado los clientes en la formalización de hipotecas, se encarecerán las condiciones y endurecerán los criterios de concesión.

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El banco, y no el hipotecado, es quien debe asumir el pago de los impuestos asociados a la constitución de una hipoteca. Así lo dictaminó ayer el Tribunal Supremo en una sentencia que sorprendió al sector financiero y a las asociaciones de consumidores, ya que, hace apenas seis meses, el mismo tribunal dictaminó que el cliente era el sujeto pasivo del impuesto y por ello era él quien debía asumir el pago del mismo.

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El Supremo ha decidido que sean los bancos quienes paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas y no los clientes, como hasta ahora. Contradice así su anterior sentencia del pasado febrero. A partir de ahora, tal y como dicta la sentencia, los bancos se encargarán de pagar ese impuesto cuando se firme una hipoteca. ¿Qué ocurre con las hipotecas concedidas antes? ¿El cliente que pagó el impuesto puede reclamarlo? ¿A los bancos o a Hacienda?

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«Junio de 2017 fue el mes clave. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no nos dio la razón al recurso y teníamos ya una provisión de 2,5 millones de euros que pensábamos que tendríamos que pagar, pero pensamos que había que llegar hasta el final... y, fíjate, ahora estamos contentísimos». Quien habla es una de las cinco personas que componen el equipo técnico y jurídico de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, que ha provocado, a base de insistencia y siete años después de su primera reclamación, un terremoto en el sector bancario tras la sentencia del Tribunal Supremo que respalda que el banco sea el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que graba las escrituras que tienen un préstamo hipotecario con entre un 0,5 y el 1,5% de la totalidad, que hasta ahora pagaba el cliente.

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Las asociaciones de consumidores han valorado la sentencia del Tribunal Supremo que establece que sea el banco el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados en vez del cliente, y animan a los afectados a reclamar ante los tribunales. El alto tribunal ha corregido este jueves su propia doctrina y ha establecido que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, al considerar que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.

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La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) calcula que alrededor de ocho millones de personas han pagado indebidamente el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria. En un comunicado, la asociación ha celebrado el "golpe a la banca" que ha supuesto la rectificación del Tribunal Supremo, que ha determinado este jueves que son los bancos y no los usuarios quienes deben abonar este impuesto, al considerar que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción puede ejercitar la acción "ejecutiva y privilegiada" que deriva la hipoteca.

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La sentencia del Tribunal Supremo que determina que son las entidades las que deberán abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no los clientes podría endurecer a corto plazo, de forma "inmediata", la concesión de nuevos préstamos recuperando las comisiones de apertura, eliminadas ya por muchos bancos, e incrementar los diferenciales de las nuevas hipotecas. Así se ha pronunciado el jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, tras conocer la decisión del Alto Tribunal en la que ha modificado su jurisprudencia anterior con una nueva sentencia.

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Las organizaciones de consumidores OCU y Facua han valorado positivamente la nueva sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la banca a pagar los gastos en la constitución de hipotecas, y no al cliente como establecía en una sentencia anterior, por lo que han solicitado a las administraciones públicas que emprendan medidas para que la banca devuelva los gastos hipotecarios.

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Los bancos españoles desayunaron ayer un nuevo gran revés judicial y un nuevo litigio potencial con millones de sus clientes. La sentencia del Tribunal Supremo que hace desaparecer la ley que desde 1995 desviaba a los clientes la carga fiscal de los Actos Jurídicos Documentados (AJD) era todo menos esperada.Las entidades que han sobrevivido a la crisis y que buscan ahora sus márgenes de negocio entre tipos de interés en mínimos históricos y una exigente regulación, ven cómo 10 años después del inicio de la crisis los procesos judiciales con sus clientes se prolongan. Tras las preferentes en 2009; la salida a Bolsa de Bankia en 2012; las cláusulas suelo en 2013 y ahora los AJD, la litigiosidad es ya un riesgo de relevancia mayor para la banca en España.

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"Vivienda: blindar su función social y evitar la especulación". Así reza el tercer apartado del acuerdo firmado la semana pasada entre el Gobierno y Unidos Podemos para que la formación morada apoyara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. A las propuestas iniciales del Ejecutivo socialista para promover el alquiler de una casa a precios asequibles (ampliar de tres a cinco años la prórroga de los contratos de alquiler; limitar las fianzas y garantías adicionales que el casero puede imponer al inquilino; poner coto al alquiler turístico, y promover la construcción en un plazo de cuatro años de 20.000 para alquiler social, entre otras), el texto del acuerdo incluye también las aportadas por el partido que lidera Pablo Iglesias. Entre ellas, destaca la posibilidad de que los ayuntamientos o administraciones locales intervengan en el mercado del alquiler estableciendo unos precios límite en aquellas zonas catalogadas como "tensionadas".

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Que España es un país tradicionalmente de propietarios es un hecho. Como también lo es que muchos jóvenes no pueden comprar una vivienda por su inestabilidad laboral, por los sueldos precarios que tienen, o simplemente, porque ven en el alquiler la opción más flexible si todavía no disfrutan de una estabilidad familiar, o no quieren atarse a una hipoteca a 30 años por si tienen que mudarse de casa o cambiar de ciudad.

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El Tribunal Supremo ha cambiado de criterio. El banco, y no el cliente, es quien debe asumir el pago de los impuestos derivados de la constitución de una hipoteca. Su decisión supone un duro revés económico para la banca -Moody's cifra el impacto en 4.000 millones de euros- y puede provocar un nuevo aluvión de demandas judiciales contra ella.

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El Tribunal Supremo cambia de criterio respecto a quién debe abonar los impuestos derivados de la constitución de la hipoteca. El Alto Tribunal, que a principios de año eximía al banco del pago del mismo y dictaminaba que debía ser el cliente quien lo asumiera, acaba de señalar que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.

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La rentabilidad de inversión en viviendas para alquiler se ha reducido hasta el 7,4% en el tercer trimestre de año, después de haberse situado antes de verano en el 7,8%, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista.Asimismo, la rentabilidad se ha incrementado si se compara interanualmente, ya que en el mismo periodo del año anterior se situaba en el 7,1%.

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La tecnología no solo se ha convertido en un sector propiamente dicho, sino que ha llegado a alcanzar el estatus de herramienta transversal. Una prueba de ello es el sector inmobiliario, que en los últimos años utiliza la tecnología para sus modelos de negocio y sus procesos internos.

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Entre abril y junio de 2018 se produjeron 10.491 desahucios por impago del alquiler, una cifra que en términos porcentuales supone ya más del 60% del total de lanzamientos registrados en España y que, además, registraron un incremento del 6,1%. Es decir, el segundo trimestre arrojaría una cifra de 116 desahucios diarios, el doble que lo derivados por no pagar la hipoteca (63 diarios), que ascendieron a 5.672 (el 33,1% del total), con una disminución del 8,5%.

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La próxima edición del SIMA Otoño -que abrirá sus puertas del 16 al 18 de noviembre próximo en el pabellón 1 de Feria de Madrid- será un fiel reflejo de la recuperación que vive el mercado inmobiliario en los últimos años y que comienza a tener un efecto arrastre sobre otros sectores.

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El parque de viviendas del País Vasco cuenta con 20.840 viviendas que han permanecido vacías y que el Gobierno vasco pretende activar para que cumplan su "función social" aunque sus dueños sean particulares. El consejero de Vivienda Iñaki Arriola ha determinado que estas casi 21.000 viviendas estarían en condiciones de sumarse a la oferta del mercado inmobiliario de alquiler o de venta y que sobre ellas podrían actuar los ayuntamientos vascos a partir de la aprobación del reglamento que se pretende aprobar a lo largo del segundo semestre de 2019.

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La batalla por los pisos turísticos también se libra dentro de las comunidades de propietarios. Una reciente sentencia de un juzgado de Granada (accede aquí al texto de la sentencia) da la razón a unos vecinos que solicitaron que cesara el uso turístico de dos viviendas de la urbanización en la que vivían. El juez consideró que la actividad que se desarrollaba en estas viviendas era "altamente molesta, al acreditarse que hasta 800 personas diferentes en dos años habían hecho un uso anormal de las instalaciones comunitarias.

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La cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español a 28 de septiembre se situaba en los de 60 euros por MWh, un 1,9% más caro que hace un mes, y un 11,1% superior a la cotización del mercado alemán, que era de 54 euros por MWh. Así, considerando la evolución del mercado diario hasta la fecha y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del mercado eléctrico español en 2018 a cierre de año era de 59,5 euros por MWh, un precio 14,1% mayor que el de 2017.

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El Tribunal Constitucional ha avalado, según el Gobierno vasco, la ley vasca de Vivienda que incluye medidas de presión para cualquier propietario de una vivienda cerrada durante más de dos años para que la ponga a la venta o la alquile. Si no lo hace, el Alto Tribunal da por buenas medidas como el establecimiento de un canon específico contra estas viviendas, la posibilidad de imponer un alquiler forzoso e incluso proceder a su expropiación tras un procedimiento en el que los propietarios podrán alegar sus razones sobre por qué esa vivienda se encuentra desocupada. El consejero de Vivienda del Gobierno vasco Iñaki Arriola no ha querido concretar cuántas viviendas desocupadas existen actualmente en Euskadi aunque datos del propio departamento referidos a 2015 cuantificaban en 86.325 el número de viviendas vacías.

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El mercado se mueve a dos velocidades. Es la frase más repetida por los expertos cuando alguien les pregunta sobre una nbueva burbuja inmobiliaria en España. Y no les falta razón ya que mientras que en ciudades como Madrid o Barcelona los precios suben por encima del 10%, otras como Segovia o Teruel, la vivienda aún sigue a la baja. Sin embargo, lo cierto es que en los mercados 'más calientes' del territorio español la tendencia alcista de los precios cada vez es más extendida con porcentajes que han comenzado a hacer saltar las alarmas.

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Si encontrar un piso decente a buen precio en Madrid o Barcelona nunca ha sido fácil, en los últimos tiempos se ha convertido en una tarea imposible. Los alquileres en las grandes ciudades han disparado su precio en los últimos dos años. Hay poca oferta, mucha demanda y mucho aprovechado. Elzulista es una cuenta de Twitter que visibiliza y denuncia todos esos zulos que se anuncian en las grandes urbes y que hacen que el artículo 47 de la Constitución ("todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada") quede en papel mojado.

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Son la joya del mercado inmobiliario, lo que más rápido se vende y a precios más caros. Vivir en un ático es un sueño para muchos, pero la escasa disponibilidad y los precios lo sitúan al alcance de unos pocos. Un estudio del portal inmobiliario Pisos.com señala que una última planta cuesta en España, como media, 275.735 euros. El dato supone un incremento del 6,5% respecto a 2017, aunque también las superficies medias de estos inmuebles han crecido al pasar de 102 a 118 metros cuadrados.

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En el bloque de viviendas de Luis, un vecino de Madrid, casi el 40% de los apartamentos pertenecen a una empresa que los destina a uso turístico. Por eso, la medida anunciada por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, de eliminar el requisito de unanimidad en la toma de decisiones de las comunidades de propietarios y establecer el quorum en tres quintos (un 60%) para que sean estas las que decidan si permiten o no esta actividad, no le soluciona los problemas a los que hace frente cada día. “El portal lleno de maletas, gente bebiendo, cambiándose o desnuda en los rellanos, suciedad, ruido, amenazas… vivir en un hotel”, enumera antes de reconocer que “peor no nos puede ir”.

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado una sentencia que avala que las comunidades de propietarios pueden cambiar los estatutos para prohibir los pisos turísticos, pero que determina que esta decisión no puede tener efecto en el propietario que adquirió su piso sin ninguna restricción de uso si ya tiene la licencia aprobada. Según ha informado este jueves el Tribunal Superior en un comunicado, ha estimado la demanda de la propietaria de un piso contra la comunidad, declarando que el acuerdo comunitario prohibiendo el destino turístico de los pisos "es válido para el futuro pero no es oponible a la demandante que compró su piso antes y votó en contra de la modificación de los estatutos".